El fusilamiento judicial contra Milagro Sala
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala en la causa conocida como “Pibes Villeros”, convalidando una pena de prisión de 13 años impuesta por el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy dictada en 2019 contra la dirigente social.
Por Redacción Enfant Terrible | 16 de diciembre 2022
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Ayer se conoció que los jueces de la Corte Suprema de Justicia rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala en la causa con múltiples irregularidades conocida como “Pibes Villeros”, donde Sala y la organización Tupac Amaru son acusadas de asociación ilítica.
De esta manera, queda acentada la condena de 13 años de prisión para Milagro que el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy le dictó en 2019.
Organismos de derechos humanos rechazaron la condena ratificada por la Corte, debido a la persecución política, mediática, policial y judicial, que el gobierno de Gerardo Morales y el grupo empresarial de la familia Blaquier viene realizando contra Milagro y las organizaciones territoriales jujeñas.
Por su parte, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) criticó que la Corte “rechazó el recurso sin abrirlo” y de esta manera “decidió no analizar la violación de garantías constitucionales alegadas por sus abogades”.
Además, distintos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de DDHH y el Comité Contra la Tortura de la ONU, ya se han referido a criminalización que se realiza en Jujuy a través del mismo aparato que condena a Sala.
Cabe recordar que Milagro Sala se encuentra cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio, debido a su delicado estado de salud y este año debió ser internada de urgencia.
Al contrario de la veloz y firme condena contra una dirigente social, indígena y mujer, hasta ahora el empresario Carlos Pedro Blaquier (95), dueño de la firma agroindustrial Ledesma y acusado de ser cómplice de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, continúa impune gracias a los beneficios otorgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy.
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