En 2007 comenzaba a organizarse la primera Marcha de la Gorra (MDLG) en Córdoba para denunciar cómo el Código de Faltas perseguía y criminalizaba a miles de jóvenes por portación de rostro, por usar gorra, por la pinta y el color de piel, por venir de un barrio popular. Han pasado 14 años desde aquella primera movilización preguntándose “¿Por qué tu gorra si y la mía no?”, exigiendo un viraje sobre una situación represiva que todavía no ha cambiado, al menos para bien.

Continuando las sucesivas MDLG, llegamos a las vísperas de la 15° para decir: “A la represión ni cabida. 15 años de bronca y lucha colectiva”. Sobre esta nueva consigna, Leandro, integrante del Colectivo de la MDLG en diálogo con Enfant Terrible, comentó que: “La cuestión de la bronca es porque hay enojo, un cúmulo de no alegría, porque contemplamos un cúmulo de represión, de asesinatos, que sería lo más sensible. Contemplamos reformas y cambios en las políticas para que no se repita, pero aún así vemos como cada año suceden más casos, en formas de asesinatos distintas. Pero a la vez, no pretende ser una bronca de éxtasis individual, sino de trabajo colectivo”.

Aunque se modificó el Código (actual Código de Convivencia), e incluso movido la cúpula policial de Córdoba en agosto de 2020, los casos continúan acumulándose sin avances judiciales significativos para sancionar a los uniformados. En este sentido, Sergio, también integrante del Colectivo compartió su visión sobre el escenario represivo cordobés: “Hubo dos cambios de cúpula, uno luego del asesinato de Blas Correa y otro después del asesinato de Joaquín Paredes. Cuando asesinan a Joaquín, efectivamente Zárate Belletti pasa de ser la cabeza principal de la policía de Córdoba, lo que fue una lavada de cara. Además, Belletti ha dicho que a los policías les falta formación cuando en realidad ella participó en la formación de los policías que hoy asesinan”.

Luego del asesinato de Walter Bulacio en el 91', Argentina firmó convenios internacionales en contra de las detenciones arbitrarias. En aquel entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos penó al Estado argentino e instó a que cumpla los protocolos contra las detenciones arbitrarias, sobre todo a menores de edad. En función del contexto actual, Sergio cuestiona que: “Argentina nunca ha cumplido entonces nunca paró, sigue en vigencia y en Córdoba por ejemplo, eso ha empeorado. Si bien bajó la cantidad de detenciones con la modificación del Código de Faltas, las detenciones de hoy en día son más graves porque se busca la excusa para meter una fachada de delitos, que van de daños o resistencia a la autoridad, ingresando a las personas en una situación de judicialización”. En este sentido, la función social de la policía no es otro que el control.

“La función social de la policía sigue siendo mantener el esquema de una sociedad de clase, patriarcal y ecocida”.

Por otro lado, “tampoco hubo un favor hacia las políticas de género, teniendo en cuenta que cuatro de los doce femicidios que ocurrieron en Córdoba fueron cometidos por uniformados. No hay un matiz en favor de no matar a las propias compañeras o ex compañeras de los uniformados. Tampoco hay una política concreta para tratar de disminuir ese número. Ni siquiera se catea lo que sucede cuando un policía termina sus funciones, entonces muchos de los 'femicidios de uniforme' son cometidos por armas reglamentarias”. En este sentido, según el Observatorio MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), sólo entre enero y julio de este año el 13% de los femicidios en Argentina habían sido cometidos por las fuerzas represivas. Se suman también los casos de travesticidios y transfemicidios, así como las detenciones arbitrarias hacia les trabajadoras sexuales.

El escenario es aún más complejo mirando por ejemplo los contextos de encierro, donde ocurren casos como el de Maxi Miranda, fallecido en la UCA (Unidad de Contención de Aprehendidos) en septiembre de este año tras infectarse su pierna por una herida de bala policial y no recibir atención sanitaria adecuada y sin que sus medicamentos llegaran al ser retenidos por lo guardias. Sumado a las condiciones de hacinamiento por la sobrepoblación carcelaria, así como la insalubridad, cuestiones que se evidenciaron mucho más con la pandemia del Covid-19, las cárceles se constituye como una expresión más extrema de la sistemática represión estatal.