Debido al crimen vial que protagonizó en octubre del año pasado, donde una mujer de 56 años perdió la vida y dos adolescentes sufrieron graves consecuencias, físicas, psicológicas y por ende sociales, actualmente, aunque Oscar González está suspendido y apartado de su función en la Unicameral, aún se encuentra en libertad estando imputado por “homicidio culposo agravado” y “lesiones culposas agravadas”.

Para recordar brevemente el hecho, según lo constató la pericia mecánica, González iba a 170 k/h sobre el Camino de las Altas Cumbres, cuando cruzó de carril en una zona de la ruta no permitida, y chocó de frente contra el vehículo donde iba manejando Alejandra Bengoa, trasladando a Marina y Alexa. Quien lleva adelante esta investigación es la fiscalía de Cura Brochero, a cargo de Analía Gallarato. La causa, según informó la querella, estaría en condiciones de elevarse a juicio este año, donde esta última pide que se juzgue a González por “dolo eventual”.

Aquel 29 de octubre, González iba manejando un camioneta BMW X1 que había sido entregada en octubre de 2019 a la Legislatura de Córdoba por el Poder Judicial de la Provincia, luego de ser secuestrada en Villa Dolores en una causa de robo investigada a nivel federal. Por esto, el ex legislador se encuentra imputado por ser “depositario infiel” del vehículo, a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedián, concedido por el juez Alejandro Sánchez Freytes en una causa aparte.

Finalmente, familiares de las víctimas del crimen vial junto a la legisladora Luciana Echeverría del MST en el Frente de Izquierda Unidad (FITU) presentaron el pasado viernes una denuncia también a nivel federal, previamente iniciada a nivel provincial, aunque sin lograr avances, para que se investigue a González por “evasión agravada y lavado de activos”.

Además de González, también se encuentra imputada su sobrina, María Belén Badra, por el ocultamiento de su celular, una prueba requerida para en la investigación federal.

Los caminos de la impunidad

El pasado viernes 27/10, a pocos días de cumplirse un año del crimen vial, familiares de las víctimas y sus abogados defensores llevaron a cabo una conferencia de prensa en el Museo de Antropología de la FFyH, donde donde insistieron en el pedido de justicia y denunciaron el círculo impunidad que busca proteger a Oscar González, sobre todo dentro de la provincia de Córdoba.

En principio, Gabriel Szulewicz, tío de Marina, empezó refiriéndose a que “a esta altura no hay ninguna duda de cómo fue el hecho: González se pasó de carril y chocó de frente contra el auto de Alejandra Bengoa, eso ya nadie lo pone en duda”. Además, recordó que ese día hubo “complicidad de la caminera -a favor de González, mientras éste- coordinaba llamadas telefónicas”, en lugar de atender a las víctimas, lo cua sería coherente por su función de médico.

Asimismo, el abogado querellante e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Traslasierra, Germán Romero Marcón dijo que “hace un año estamos litigando en algo que es David contra Goliat” y planteó que “la contraparte cuenta con medios y muchos artilugios legales para que no avance. El tiempo a veces es la peor herramienta de la justicia, porque la desidia hace que las cosas queden en el olvido y el olvido quede en la impunidad”.

En cuanto a la estrategia legal, Romero Marcón explicó que “nos propusimos llevar este caso a juicio, que sea oral y público”. “Por suerte tenemos de nuestro lado a la oponión pública, gran parte de la prensa y lo más importante que es la verdad. Entendemos que con la verdad y el apoyo de la comunidad vamos a lograr que este caso llegue a buen puerto”, agregó el abogado.

Al igual que el resto de los y las presentes, Marcón coincidió en que González y su abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, tuvieron una actitud cínica desde el primero momento, ya que lo primero que hicieron fue “responsabilizar al muerto, a quien falleció... fue lo primero que ocurrió”. Sin embargo, quien se negó a declarar luego fue el propio González, argumentando que no recordaba lo sucedido, luego negándose a realizar pericias y sin disposición en lo concreto a cooperar con el avance de la causa.

Quien insistió respecto al rol de Pellegrini fue Nazzia, madre de Alexa, la adolescente que quedó con graves secuelas tras el choque: “Pellegrini está entorpeciendo la causa, claramente, es una persona que falta mucho el respeto. Estamos viviendo en Córdoba por el tratamiento de mi hija, que lo tiene que hacer todos los días entre 3 y 4 horas, para poder mantener su peso, poder mantener su circulación, su sistema respiratorio, para poder tener un poco más en resistencia sus músculos. Ha bajado 15 kilos de peso. Realmente para ella y para nosotros es muy duro el día a día. En algunas de las entrevistas que brindó Pellegrini, dijo que encima tenían que escuchar nuestros lamentos, que nos habían dado un departamento y mi hija tenía toda la atención del mundo. Nosotros no estamos en Córdoba de vacaciones...”.

Además, la madre de la adolescente cuestionó que Pellegrini “hizo lo que sea para que yo no sea querellante de la causa, por ende para que mi abogado no sea querellante. Yo que soy la madre, la progenitora, la que la tiene que defender”.

Por su parte, Gustavo Álvarez, también familiar de Alexa, se refirió a la responsabilidad política del Gobierno Provincial en el crimen: “hay una negligencia del gobierno de permitirle a un funcionario hacer lo que se da la gana. Es tiempo de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba se haga responsable de la situación que le ha permitido a Gonzalez de hacer uso y abuso de los bienes de toda la sociedad cordobesa”.

Consultados acerca del pedido de expulsión como legislador, lo cual difiere de su situación actual de apartamiento y suspensión, Gustavo planteó que eso vieno luego, “por todo lo que apareció a través de nuestro caso”. En este sentido, habló sobre la denuncia presentada por la legisladora Luciana Echeverría, quien se encontraba presente en la conferencia y profundizó sobre el tema.

“Creemos que hay indicios fuertes y suficientes para que la justicia investigue de dónde proviene todo su patrimonio” dijo en principio Echeverría, quien recordó que “hace casi un año atrás yo también lo había denunciado en la Justicia Provincial por el falseamiento de documentos públicos, a raíz de que había presentado una declaración jurada donde figuraba que sus propiedades tenían valores completamente irrisorios, al punto tal que un lote figuraba con 5 centavos, una cochera en Nueva Córdoba a 20mil pesos, el palecete que tiene en San Javier, con varias hectáreas a 398mil pesos”.

“Entre las once propiedades que presentaba en esa declaración jurada apenas llegaban a los 4millones de pesos”.

También Echeverría hizo hincapié en cómo juegan los tiempos del poder judicial local, en favor de unos y en detrimento de otros: “A pesar de que son documentos públicos y no hay mucho más que investigar, el fiscal Franco Mondino, del Fuero Anticorrupción, dice que sigue investigando. Luego, otro juez, que está cargo de la causa civil ratifica lo que ya habíamos dicho, respecto a la declaración con valores irrisorios, y no sólo eso, sino que había varias propiedades que directamente no las había incluido”.

“La pregunta que hay que hacerse es por qué González no puede explicar su patrimonio” sugirió Echeverría, quien detalló que González, “hace 30 años que está en la función pública, no declara ninguna actividad privada, incluso hay actividades que ya de por sí son incompatibles con la función pública, es decir que es muy difícil poder explicar ese enorme patrimonio”.

A su vez, no descartan que existan otras propiedades, ya que incluso algunas fueron adquiridas durante el matrimonio con su ex pareja, es decir que también fueron parte de su patrimonio: “Hacemos esta denuncia solicitando que se libren oficios al registro de la propiedad de todo el país, del automotor, del Banco Central, y también que se investiguen viajes al exterior, y que se crucen los datos”, precisó Echeverría.

Por último, la legisladora del FITU adelantó que están solicitando que se aparte al fiscal Carlos Casas Nóblega, “porque es quien debía investigar la causa del auto judicializado con el que González protagonizó el crimen vial y tuvo la causa dormida durante 18 meses, y que a su vez tuvo un cargo en Villa Dolores, osea que tienen relaciones. Entonces, para tratar de garantizar la parcialidad estamos pidiendo eso”, finalizó.

Foto de portada: J. Imaz para La Nueva Mañana de Córdoba