El fiscal Raúl Ramírez elevó a juicio la causa por el asesinato de Jonatan Romo, joven de 35 años que murió en la Comisaría de La Falda el 10 de julio de 2022, tras ser detenido por agentes de la policía de Córdoba mientras sufría una crisis psicótica asociada a su consumo problemático de sustancias.

La autopsia realizada para determinar su muerte arrojó que Romo falleció por "asfixia mecánica" y que participó un tercero.

En su momento, el caso tomó mucha visibilidad ya que hay un video que retrata cómo llegan los policías en el momento en que Romo está teniendo la crisis. Pero en lugar de atenderlo, le propinan una golpiza, le colocan las esposas y lo cargan en el patrullero para llevarlo al establecimiento donde luego muere.

Tanto el entonces ministro de Seguridad y hoy legislador provincial, Alfonso Mosquera, así como la actual jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, salieron en aquel entonces a reconocer que "no se aplicaron los protocolos correspondientes" con el que deben actuar las fuerzas en casos que involucran la salud mental.

En total son seis los policías imputados por el hecho, cuatro de ellos acusados por homicidio calificado por abuso de sus funciones, los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri; los cabos Juan Pablo Zunino y Hernán Suárez. Mientras que, el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez, están acusados por encubrimiento agravado.

Quien también fue señalada por encubrir a los policías fue la fiscal Paula Kelm, ya que existió un antecedente en diciembre 2021 que denunció la familia de Jonatan, donde el joven sufrió una golpiza y debió ser internado. La misma fiscal ha sido denunciada en otros casos también por encubrimiento, como sucedió con el femicidio Cecilia Gisela Basaldúa.

El día de ayer, el abogado de la familia, Gustavo Pérez dijo al medio La Estafeta que ya fueron notificados por la Fiscalía del requerimento a juicio y que, en adelante, las partes tienen seis días para apelar: “Hemos trabajado mancomunadamente con el fiscal de Instrucción ante el requerimiento del juez de Control, que decía que faltaban algunos elementos para sostener la acusación. Todos esos elementos se cumplimentaron, incluso la querella aportó nuevos que fueron considerados en parte por la fiscalía. Todo se cumplió y se mantiene la imputación”.

Esta es la segunda elevación a juicio del caso, ya que en mayo de 2023, las apelaciones de las defensas hacían hecho recaer el expediente en el Juzgado de Control de Cosquín, cuyo juez a cargo, Ramiro Núñez, devolvió la causa a la Fiscalía de Instrucción para que se profundice en la investigación, al advertir que con las pruebas presentadas no había “mérito para acusar ni tampoco para sobreseer”.

Ver nota relacionada: El caso de Jonathan Romo y la cadena de violencia de la Policía de Córdoba