Comenzó un juicio sin precedentes en la historia de Córdoba. Por primera vez, un funcionario público es sometido a un Juicio Oral y Público por un delito de índole ambiental. El proceso llega luego de 10 años de una intencional demora por parte del Poder Judicial, tras la denuncia penal realizada por la ONG A.D.A.R.S.A. (Asociación Amigos Río San Antonio) en el 2012.
El ex secretario de Ambiente Raúl Costa es juzgado por “abuso de autoridad reiterada” tras haber sido acusado de violar distintas leyes al autorizar emprendimientos inmobiliarios de manera irregular dentro de la Reserva Natural Recreativa “Valle del Cóndor”, en la localidad de San Antonio de Arredondo, Departamento de Punilla.
La causa penal también incluía a Luis Federico Bocco, secretario de Ambiente en la gobernación del difunto José Manuel de la Sota, pero el ex-funcionario también falleció. Por ende, Costa es el único acusado en el juicio.
El abogado y ex Secretario de Ambiente es señalado como un "ecocida" por diversas asambleas y organizaciones socio-ambientales. En un comunicado colectivo, más de quince agrupaciones también señalaron que “Costa autorizó, a través de la Resolución 1200/10 a la empresa Ticupil S.A. para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en Candonga, cuenca media alta del Río Chavascate, ZONA ROJA”. Por este delito fue denunciado penalmente por la Asamblea Vecinos del Chavascate y la causa se encuentra en manos del Fiscal Matías Bornancini, quien todavía no la eleva a juicio.
Además, el ex agente estatal ha sido partícipe necesario en la redacción e intento frustrado de modificación de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, más conocida como “Ley del Desmonte y Agronegocios” por la libertad que le concedía al sector agropecuario para el avance sin frenos sobre el ya escaso monte nativo. Pero debido a la movilización popular, la ley fue rechazada.
Desde la mañana de ayer se llevó a cabo la primera audiencia en la Cámara 10 del Crimen de los Tribunales Provinciales II. A través de un jurado popular (integrado por 12 ciudadanxs) y tres jueces técnicos, se avanzó con la lectura de las acusaciones que pesan sobre el ex funcionario, tanto las dictadas por parte del Ministerio Público como de la querella.
En una primera instancia, Costa se negó a declarar y prometió hacerlo el lunes que viene en la segunda audiencia, donde se leerán los alegatos y se dará sentencia. Los jurados populares tendrán hasta ese día para leer toda la documentación probatoria, tanto la informativa y documental como la testimonial.
Por parte del Ministerio Público, el Fiscal Gustavo Dalma pidió penas ejemplares ya que -a su entender- Costa tomó decisiones en contra del ambiente y por ende en contra de todos los ciudadanos.
Asimismo, Marcela Fernández, abogada querellante de Juan Carlos Ferrero, fundador de la ONG ADARSA y denunciante, argumentó en su primera alocución: “Habilitar determinados emprendimientos en zonas donde no se debe porque la legislación así lo dispone, tiene consecuencias. Como por ejemplo la tragedia anunciada de Sierras Chicas en el 2015 tras las grandes inundaciones. Todo esto se vincula a una función ecosistémica que tienen los bosques que componen las complejas redes de equilibrio entre la vida y flora, lo que se conoce como biodiversidad. Si no preservamos la biodiversidad la vida en la tierra corre peligro de extinción”.
Por su parte, la defensa de Costa sostuvo que el debate del juicio deberá centrarse en si era obligatorio o no la realización de audiencias públicas, ya que a su entender los proyectos autorizados no se realizaron en zonas rojas ni amarillas.
Al finalizar esta primera etapa, el histórico geólogo cordobés y militante ambiental Juan Carlos Ferrero, compartió su primer impresión sobre lo acontecido:
También, en conversación con Enfant Terrible, Diego Aranda, docente, militante e integrante de la Asamblea de Paravachasca expresó que si bien es para celebrar que por primera vez un ex secretario de Ambiente sea juzgado, “esto no nos tiene que hacer ignorar como sociedad que todo el Poder Judicial responde a la misma lógica extractivista histórica y actual de la Provincia de Córdoba”. En este sentido, recordó que desde el año pasado las organizaciones han sistematizado más de 100 causas vigentes de problemáticas socio-ambientales en la Provincia sin resolución alguna.
Sobre el perjuicio cometido contra el bosque nativo, Aranda sostuvo: “El daño que generan los proyectos extractivistas son irreversibles e irreparables como lo venimos denunciando con las obras de Autovía, tanto en Paravachasca como en Punilla, en las cuales no hay ni medida judicial ni restauración medioambiental y ecológica que pueda reparar el daño. Es irrisorio pensar en procesos de reforestación cuando lo que se arrasa es la biodiversidad compleja de cada uno de los territorios”.
Para el profesor, los procesos de articulación entre las diversas asambleas territoriales y organizaciones por un ambiente digno es “fundamental”. En este transcurrir destaca las distintas movilizaciones que se hicieron el año pasado frente al Supremo Tribunal de Justicia donde “todas las organizaciones nos hermanamos y pudimos emanar un proceso de unidad con la claridad política necesaria para denunciar a los distintos gobiernos (municipal, provincial, nacional e internacionales) que responden a la profundización del extractivismo, a través de planes como el I.R.S.A.A. y sus rutas de saqueo”.
En este sentido, Aranda también remarcó que el enraizamiento de organizaciones se está dando, además, con diferentes actores en cada uno de los territorios: “venimos articulando con sectores autoconvocados y gremios de la salud y la educación, porque la lectura común sobre el extractivismo es que genera cada vez mayor empobrecimiento y desigualdad en los territorios, y más allá de lo que suceda con el caso Costa en estos días, es fundamental la movilización y la articulación en cada uno de nuestras territorialidades. Es a través de la organización del poder popular y asambleario que se logrará la transformación de esta dura realidad”.
Al paro de Aceiteros y ATE-SENASA se sumó la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FE.SI.MA.F). Además, desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron paro total para el próximo lunes.
En rechazo a la Ley Bases y el Impuesto a las Ganacias, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y ATE-SENASA paralizan el 80% de las exportaciones argentinas.
La semana promete un importante ajetreo por el tratamiento de la Ley Bases que, si no pasa, será una herida grave para el Gobierno, mientras la oposición quiere hacer caer DNU en Diputados. El 1° de Mayo, para tomar aire.
