El día de ayer la Mesa de organizaciones, comunidades indígenas y asambleas socioambientales de Córdoba convocó a las 8:00 horas a una “Concentración de Causas y Broncas” frente al Tribunal Superior de Justicia (Caseros 550) para buscar respuestas frente a más de 150 causas judiciales por problemáticas socioambientales judicializadas en la Provincia de Córdoba.

Las demandas puntuales que exige la Mesa son:

• Habeas corpus para defensores ambientales, comunidades indígenas, habitantes de los territorios y abogades de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas.

• Solicitud de una Acordada para acelerar las medidas cautelares ambientales y el efectivo cumplimiento de las ya resueltas.
• Sobreseimiento de imputados/as por causas ambientales de Paravachasca y Punilla.

En principio el TSJ mantuvo sus puertas cerradas, por lo que decidieron insistir a grito de "vamos a sacar las causas del cajón" y realizando una intervención bajo la consigna "Somos el monte que marcha", hasta que algún representante del Poder Judicial abriera su despacho. Esto sucede 6 horas después a las 14:00, logrando una reunión con la secretaria de la Sala Penal del TSJ María Pueyrredón, donde pudieron exponer las demandas.

Eugenia, vecina de Punilla e integrante de la Mesa, contó a Enfant Terrible que Pueyrredón “se comprometió a firmar por escrito un habeas corpus para que se proteja nuestra integridad, hasta que en la brevedad resuelvan en Punilla el tema de la medida cautelar” que busca frenar la Autovía Variante Costa Azul, “porque la Cámara Contencioso Administrativo no lo hace”. También solicitaron una Acordada, medida por la cual el TSJ exige a las Cámaras que resuelvan a la brevedad las causas, “eso con 48 horas, osea hoy, pero finalmente la jueza retrocede en darnos esto firmado y se va, nos deja con la Policía”, contó la vecina.

“Nos amenazaban con ser imputados si nos quedábamos en el edificio, no nos dejaron comer y tampoco ir al baño. Constantemente la amenaza de una Justicia que no resuelve, o resuelve a favor de los intereses económicos privados”.

En reemplazo de Pueyrredón llegó la jueza de Control, Celeste Ferreyra, a quien le caen las mismas demandas y comienza una negociación, “le insistimos sobre la necesidad de proteger nuestras vidas, porque ya tenemos que ser nosotros quienes estamos poniendo el cuerpo en el lugar” siguió recordando Eugenia. Finalmente la jueza se comprometió de palabra a firmar el habeas corpus, citando para hoy a las 8:00 horas en Tribunales II (Fructuoso Rivera 720), sin embargo “después insistieron en que nos fuéramos pero les dijimos que no, porque no teníamos garantía con lo que está pasando en los territorios. Nos vamos y seguimos en riesgo”.

Finalmente llegó el presidente del TSJ Sebastián López Peña, quien también se comprometió de palabra a encargarse de acelerar las causas. Además, “como tenemos también tenemos el tema del desprocesamiento a compañeros que están imputados, lo que él promete es integrar todas las causas relacionadas al procesamiento y las denuncias contra la Policía”, añadió la vecina de Punilla, “por ejemplo el desalojo a Molinari que está en la Fiscalía de Cosquín, a la Fiscalía General. Es decir, unificar todas las causas”.

Extractivismo y punitivismo van de la mano

Los tiempos de la burocracia del Estado y en particular del Poder Judicial contrastan cada vez más con la emergencia territorial que atraviesa Córdoba. El modelo jurídico neo-colonial* continúa favoreciendo la apropiación del capital sobre los bienes comunes como la tierra, el agua e incluso el aire, tal como se ha visto con la contaminación de la empresa ilegal Porta Hnos., cuya causa está cajoneada en la Corte Suprema de Justicia, ya paseada en los Tribunales Provinciales y Federales de Córdoba.

Fragmentos de la conversación con Eugenia sobre la situación en Punilla van puntualizando:

“Les hemos dicho hace más de dos meses que está en estudio la medida en la Cámara de lo Contencioso y eso no corresponde, cuando ya fuimos en diciembre a hacer una vigilia ahí, entregamos una nota. Entonces vamos aumentando la presión, porque sino vamos ser nosotros poniendo el cuerpo en el territorio y es lo que está pasando”.

La centralidad que el Gobierno Provincial le otorga a los agrocombustibles va de la mano con la impunidad que gozan lobistas como Porta, estableciendo vínculo directo con las causas por las autovías ilegales en las regiones de Punilla y Paravachasca y la consecuente militarización de la Policía de Córdoba, donde a fuerza de desalojo se expulsan a una mayoría de familias rurales, aplicando prácticas represivas mafiosas en caso de existir algún tipo de resistencia como pasó con Franco Méndez. Esto sin garantías de pago o retribución alguna por las propiedades.

“Con respecto a Punilla, le planteamos al TSJ que ni siquiera tienen que decir que no, solo tienen que hacer lugar a la cautelar porque es lo que corresponde, que se dicte ante la alerta de un desastre irreversible”.

La misma militarización sirve a las empresas constructoras Paolini Hnos., Roggio, SACDE y SAICA, que avanzan custodiados con sus topadoras sobre el monte nativo, destruyendo patrimonio ambiental y ancestral del pueblo cordobés y los pueblos indígenas. La Infantería de la Policía de Córdoba apostada en los trayectos hacia los obradores y en medio de los barrios, embosca ambientalistas mientras duermen, de noche, como en la dictadura.

“Nos reprimen, nos imputan, utilizan el terrorismo de estado para el desalojo en Molinari y seguimos sin respuestas, entonces lo de ayer fue redoblar la apuesta”.

Ninguna de estos sucesos podría ser posible sin la anuencia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, que mira para otro lado ante las irregularidades de los estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental de las autovías, realizadas por la Secretaría de Ambiente provincial, o penaliza y criminaliza activistas, a la vez vecinxs que comprenden el daño irreparable que sufrirá el Río Yuspe que atraviesa la Reserva Natural La Juntura, o el gran Sitio de Memoria Ancestral que es el cordón montañoso oeste de Punilla.

Esta coexistencia de poderes que toman rumbo hacia fines ecocidas, obliga a revisar qué implica eso que se llama "Derecho" y se expresa en lo que en 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido como “la criminalización de las defensoras y defensores a través del uso indebido del derecho penal” consistente en la “manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos” [1] y ambientales debería agregar.

*Término utilizado por Eugenio Raúl Zaffaroni para referirse al aprovechamiento que hace el aparato financiero transnacional de las debilidades institucionales para comandar el Estado, ya no a través de sangrientas dictaduras, sino a través de la concentración de capital y apoyados en los conglomerados mediáticos (Televisa en México, O Globo en Brasil, El Mercurio en Chile y Clarín en Argentina).
[1] Un continente en resistencia. Extractivismo y criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en América Latina (p. 26).