El pasado lunes 16, falleció a sus 30 años Néstor Moyano, joven cordobés atropellado junto a su amigo Francisco Miranda de 27 años, el pasado 1 de agosto en la intersección de las calles Coquena y Charúas (Barrio Villa 9 de Julio). El oficial de la Policía de Córdoba José María Guevara, quien conducía el móvil los embistió a alta velocidad, y luego huyó del lugar, abandonando a las víctimas que sufrieron múltiples y graves lesiones. Todo el suceso quedó filmado por una cámara ubicada en la esquina contraria al hecho.
Moyano estuvo internado durante dos meses y medio en el Hospital de Urgencias, pero sus lesiones (traumatismo de cráneo grave con contusión bifrontal, trauma facial con algunas fracturas, traumatismo de tórax, traumatismo cerrado de abdomen y fracturas de miembros inferiores) se agravaron por una infección que derivó en una meningitis, provocándole la muerte hace ocho días atrás. Miranda, por su parte, estuvo grave durante un mes pero pudo recuperarse y le dieron el alta médica hace un mes.
La causa que investiga el hecho quedó radicada en la Fiscalía Distrito IV° Turno 6, a cargo de la Fiscal Jorgelina Gutiez, quien imputó al oficial que conducía la Nissan Frontier, bajo la carátula de presunto autor de los delitos de lesiones graves, culposas, agravadas por la conducción de un vehículo.
El oficial y su acompañante se encuentran en libertad y fueron puestos en situación pasiva por seis meses.
Enfant dialogó con Néstor Moyano, padre del joven, quien nos relató el desarrollo de los hechos de aquella jornada, las idas y vueltas con la Policía y algunos detalles de la vida de su hijo. Además dialogamos con Gregorio Martínez, abogado de la familia, quien nos informó sobre el estado de la causa y los posibles avances de la misma.
Alrededor de las 17 horas del primer día de agosto, los amigos Francisco y Néstor volvían en motocicleta a la casa materna de uno de ellos luego de realizar una compra en un kiosco de la zona. Dirigiéndose bajo la velocidad permitida por la ley (40km/hora) por el Barrio Villa 9 de Julio sobre la calle Coquena, embisten -antes de cruzar el pasaje Charrúas- a una Nissan Frontier de la Policía de Córdoba, conducida por el oficial Guevara, quien pasó a toda velocidad, sin las sirenas y balizas puestas, logrando impactar de manera violenta contra la motocicleta, obteniendo como resultado que los dos jóvenes salieran despedidos varios metros por delante de su vehículo, quedando a la deriva y con graves lesiones. Posteriormente, el uniformado y su acompañante huyeron del lugar, abandonando a las víctimas.
Aquél día, el padre de Néstor se enteró del siniestro a los pocos minutos. Llegó al lugar del hecho y vió a su hijo y al otro jóven tendidos en el piso, con tímidos signos vitales, asistidos por los vecinos. Según relató Néstor a Enfant, en el lugar de los hechos no había ni policías ni médicos, a pesar de que los testigos del crimen vial llamaron inmediatamente al 107 y al 101.
A los cuarenta minutos del siniestro, Néstor y uno de sus 9 hijos fueron al dispensario más próximo a buscar a la ambulancia que no llegaba. Abriéndose paso entre el tráfico y la multitud, pudieron lograr que Francisco y Néstor fueran trasladados al Hospital de Urgencias, donde pasarían uno y dos meses y medio en terapia intensiva, respectivamente.
Para Moyano, la responsabilidad es toda de los oficiales implicados:
“Ellos (los oficiales) vienen a toda velocidad por una parte de la calle Charrúas que prácticamente es un pasaje de tierra, donde para cruzar a la Coquena (calle pavimentada) tenés que frenar sí o sí porque la visión es muy compleja en esa intersección. Y aparte mi hijo y su amigo venían por la derecha, tenían el paso. ¿Cómo van a ir a semejante velocidad? ¿Cómo los pueden dejar tirados como si nada, como si fueran perros?”.
Por su parte, Gregorio Martínez, abogado defensor, también le atriubuye la responsabilidad al oficial Guevara:
“La responsabilidad de la mecánica del accidente es total por parte del oficial. Yo estuve en el lugar de los hechos y si venís por Coquena como venían los jóvenes, no podes prever que te va a salir por Charrúas semejante vehículo a toda velocidad. Es imposible siquiera hacer alguna maniobra elusiva o frenar. La camioneta iba a una velocidad no permitida. El sitio es un lugar vial complejo donde una conducción razonable debería indicarnos que tenés que frenar, cosa que no hicieron ni cuando ya los habían atropellado”.
Cotidianamente la Policía de la Provincia de Córdoba comparte en sus redes intensas persecusiones policiales promocionadas al mejor estilo Hollywood, que muchas veces terminan con graves accidentes. En la mayoría de los casos se felicita el accionar policial pasando por alto que en el común de los casos se trata de personas que escapan de los controles policiales, debido al miedo de quedar detenidos o sufrir violencia policial por el hecho de pertenecer a barrios populares. Casos como el de Franco Amaya o Damián Pérez, echan luz sobre esta problemática.
El accionar de la Policía de Córdoba en la zona de la Villa 9 de Julio es caracterizado como “agresivo” por Néstor. En sus palabras: “La policía acá en el barrio trata mal a la gente. Esto ya se ve. En vez de cuidarnos como dicen, están siempre buscando a la muerte, como consiguieron con mi hijo”.
En este sentido, desde la organización Frente Antirepresivo en Lucha (FAL) señalaron en un reciente comunicado que la utilización de móviles como armas para asesinar por parte de la Policía de Córdoba “no es algo nuevo”.
“Otros hechos donde se utilizó el móvil policial como arma y terminaron con la vida de alguien, ocurrieron en noviembre de 2018 en Rio Tercero (caso Yamil Malizia), en junio de 2020 en Colonia Caroya (caso Agustín Barrientos y Lautaro Guzman), y en marzo de 2022 en Las Tapias, entre tantos hechos. Por lo que la modalidad del patrullero-arma no es nueva, ni está aislada de las demás acciones represivas de la policía de Córdoba”, señalaron desde FAL.
Debido al reciente fallecimiento de Néstor, el abogado defensor ahora tiene certeza sobre quiénes son sus defendidos, es decir, la familia de la víctima, ya que, en el mejor de los casos, iba a ser la víctima. Por lo tanto, en el día de ayer, Martínez informó a Enfant que pudo ir al lugar de los hechos para tomar fotografías del sitio del crimen, hablar con testigos, tomar el testimonios y demás acciones para aportar a la investigación oficial.
El letrado advierte que el proceso judicial será largo porque la Justicia no suele priorizar hechos como este. Por el momento, Gregorio desconoce si la Fiscal Gutiez le ha tomado declaración al acusado, de lo cual se desprende un efecto muy importante, que es si la información está, o no, bajo secreto de sumario. En los próximos días se presentará en la Fiscalía para realizar el pedido de solicitud con el cuál la familia se constituiría como querellante particular.
Como dijimos anteriormente, el oficial Guevara se encuentra imputado como presunto autor de los delitos de lesiones graves, culposas, agravadas por la conducción de un vehículo. Pero ahora que la víctima falleció, Gregorio advierte que “por naturaleza”, debería estar imputado por homicidio culposo agravado.
Consultado por Enfant sobre si exigirá un agravamiento de la imputación debido a que el acusado es un agente del Estado, Martínez responde lo siguiente:
“Habría que determinar si por la naturaleza del hecho, el oficial que manejaba la camioneta podría haberse representado del peligro y la posibilidad de que existiese el resultado que terminó siendo, lo que podría llevar a justificar un homicidio simple por dolo eventual, pero eso lo tiene que acompañar el criterio de la fiscal”.
Por otra parte, el letrado anticipa que llevara adelante una acción de naturaleza civil en contra del uniformado y de la Provincia de Córdoba buscando una reparacion económica e integral para todos los damnificados.
La fiscal Jorgelina Gutiez es caracterizada por la Coordinadora de Familires Víctimas de Gatillo Fácil como una funcionaria “mano dura” del Poder Judicial. Gutiez es la responsable de garantizar la impunidad del oficial Lucas Carranza, autor del asesinato policial estatal sobre Rodrigo Sánchez en 2015. Desde entonces, el uniformado goza de libertad, y recién el año pasado fue citado por la Justicia y anoticiado de que será llevado a juicio en mayo de 2024, luego de que la madre de Rodrigo se encadenara afuera de Tribunales, logrando el cambio de fiscal y lo antes nombrado.
Por su parte, Néstor quiere y espera “justicia” por su hijo: “Quiero que Guevara vaya a prisión y cumpla lo que tenga que cumplir por el asesinato hacia Néstor. Tiene que pagar lo que hizo. No puede ser así, sino cualquier policía va a atropellar a cualquier vecino y no pasa nada. No debería ser así”.
Sin embargo, la esperanza de obtener justicia trae magros recuerdos en la familia Moyano. Néstor es sobrino de Laura Moyano, víctima de travesticidio en el año 2015. La causa por su asesinato lleva paralizada más de 8 años en los cajones de la funcionaria judicial Liliana Copello, otra fiscal con expuestas relaciones con policías acusados de gatillo fácil. En los últimos años libró de culpas a los oficiales asesinos de jóvenes como Braian Guaiman y Gustavo Calderon, víctimas de los policías homicidas Julio Roberto Pereyra y Franco Paglino.
Néstor Moyano tenía dos hijas (de 7 y 5 años de edad) con su ex pareja y una beba recién nacida con quien era su actual vínculo. No pudo conocer a su beba, pues nació en septiembre cuando él se encontraba en terapia intensiva.
Obrero de la construcción, Moyano trabajaba hasta hace poco junto a su padre, con quien compartía oficio. Hasta el momento de su fallecimiento estaba de empleado en una obra en el Barrio 16 de noviembre.
Según relató su padre, el joven no tenía problemas con la Policía ni había sufrido detenciones arbitrarias. Néstor tenía 9 hermanos y hermanas.
Foto de portada: Juan Cristian Castro/Enfant Terrible
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