Luego de que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, hiciera pública su decisión de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en la Ley Bases, tras una reunión con el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) y con representantes del sector agropecuario, se despertaron controversias y críticas que dieron lugar a la primera movilizacion en la Capital, en rechazo de esta medida.

En la reunión con Llaryora participaron figuras del gabinete provincial, como el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa y el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso. También estuvo presente Pablo De Chiara, presidente de la Agencia ProCórdoba, organismo de promoción de inversiones en la provincia.

Sin embargo, la ausencia del Ministerio de Ambiente y Economía Circular -encabezado por Victoria Flores- fue notable, un indicador preocupante respecto de las prioridades del Gobierno Provincial, ya que uno de los principales puntos que preocupa el RIGI es sus consecuencias ambientales.

El RIGI, que propone un marco de flexibilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años, busca atraer inversiones superiores a los US$ 200 millones mediante incentivos como la reducción del Impuesto a las Ganancias y la eliminación de retenciones para exportaciones.

A simple vista, es vendido como un fomento al desarrollo económico y el empleo por atraer grandes capitales, pero el impacto real de estas políticas está generando dudas, ya que, en la práctica, el régimen se traduce en una mayor explotación de recursos y una transferencia de riqueza hacia las grandes corporaciones, mientras se carga el peso de la flexibilización impositiva sobre las arcas del Estado.

A su vez, es rechazada por los colectivos socioambientalistas que temen que el régimen impulse aún más la explotación de los bienes naturales sin garantías claras para la protección del ambiente y los derechos de las comunidades locales. En este sentido, Córdoba posee antecedentes importantes contra las políticas de saqueo, como la expulsión de la empresa multinacional Monsanto y el rechazo a la modificación de la Ley de Bosques, ambas en el año 2016.

Ahora, la Legislatura Unicameral de Córdoba podría avanzar en aprobar el RIGI, a sabiendas de que es una herramienta de profundización de las desigualdades y explotación de bienes básicos, en detrimento del bienestar general. El proyecto de adhesión presentado hoy en la Legislatura con la firma de los legisladores Gregorio Hernández Maqueda (Juntos por el Cambio), Ariela Yanina Szpanin y Alejandra Ferrero (UCR) y Juan Pablo Peirone (Frente Cívico), aún no tiene fecha de tratamiento. Desde el oficialismo se especula si acompañar este proyecto o impulsar uno propio.

En medio de este panorama, Luciana Echevarría, legisladora provincial del MST en el Frente de Izquierda Unidad (FITU), nos dio su visión al respecto de los impactos locales del RIGI.

-¿Qué ves sobre la decisión de adherir al RIGI en Córdoba?

-Es preocupante por varias razones. En primer lugar, porque implica que las provincias, especialmente Córdoba, pongan a disposición sus recursos con tantos beneficios para las empresas y tantos costos para nuestros recursos naturales. En segundo lugar, es evidente el apoyo del oficialismo y de la que se denomina oposición, ya que ambos terminan siendo aliados de Milei. Esto refleja una intención clara de estos espacios políticos que siempre defienden los intereses de los sectores más concentrados, utilizando nuestros recursos para su beneficio propio.

-¿Cuáles son las preocupaciones en torno a la adhesión?

-La preocupación radica en que, aunque Córdoba no tiene petróleo o litio como otras provincias, hay un riesgo para nuestros recursos naturales. Acá los objetivos del RIGI están enfocados en proyectos mineros, como los de cal para la industria del cobre y en la instalación de plantas como la de biojet. Si bien se ilusionan con la promesa de un 20% de compras locales, esto solo aplica a los pagos a proveedores, no a la inversión total, y siempre que los precios sean acordes al mercado. Además, el artículo 165 del RIGI establece que cualquier norma o acto que limite lo dispuesto en este régimen, tanto por la Nación como por las provincias adheridas, será nulo de nulidad absoluta.

“Esto implica que, una vez adherida la provincia, cualquier intento de proteger nuestros bosques –que en Córdoba ya han sido reducidos en un 98%– podría ser fácilmente anulado”, agregó.

-¿Cómo ves la repercusión del RIGI en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)? ¿Tendrá algún impacto?

-No veo que las PyMEs se beneficien en absoluto. En general son las más perjudicadas en este tipo de escenarios. Las políticas siempre han estado diseñadas para favorecer a los sectores más concentrados, como el agro, que tienen la capacidad de decidir cómo se utilizan sus impuestos, como con el Fondo Sojero. Los grandes sectores, como el inmobiliario y la economía del conocimiento, son los que disfrutan de todos los beneficios, mientras que las PyMEs quedan completamente marginadas.

-¿Hay políticas locales que apoyen a las pymes o a otros sectores en Córdoba? Por ejemplo, ¿cómo ves el impacto del Ministerio de Cooperativas?

-Lo que veo es mucho circo y pocas políticas concretas. Aunque se han hecho reuniones y se ha hablado mucho sobre apoyar a las PyMEs y al sector cooperativo, la realidad es que no hemos visto avances reales. Hay mucho discurso, pero las políticas efectivas parecen ir en otra dirección, favoreciendo siempre a los grandes sectores y dejando a las PyMEs y a las cooperativas al margen de las decisiones importantes.

Foto de portada: Julio Pereyra (ET)