La organización que nuclea distintas comunidades indígenas de Córdoba, territorio comechingón, Kami Henen, presentó una denuncia penal en Tribunales Federales de Córdoba por el avance extractivista de la autovía de montaña en la región de Punilla, que está afectando los sitios sagrados y patrimonio histórico nacional en territorio indígena.

La denuncia fue presentada por la Abogada Marcela Fernández y con Fernando Guzmán, representantes de la organización, cuestionando las irregularidades en los estudios de impacto ambiental de la obra, y el impacto sociocultural, donde la destrucción del monte nativo que resguarda los sitios antiguos es parte de esta cadena. El descuido y desmanejo de las autoridades provinciales viene permitiendo que las máquinas y los operarios de las empresas avancen sin precaución y sin acompañamiento de personal capacitado, para que no se destruyan zonas de valor patrimonial incalculable.

“Fue una denuncia federal de destrucción de patrimonio arqueológico” contó Fernando Manguz, integrante de Kami Henen a Enfant Terrible, quien precisó que se suma a otra denuncia radicada en Cosquín por parte de familias que viven en las inmediaciones del cerro Ancón, a cargo de la abogada Eugenia Carina Escarpinello.

Las irregularidades con respecto a la obra también son un tema por la consulta previa, libre e informada para las comunidades, atendiendo el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, pero el Gobierno de la Provincia de Córdoba viene salteando o esquivando estos argumentos: “Supuestamente la Provincia modifica la ley de Restitución de Restos Óseos y pone como organismo de aplicación el Área de Patrimonio de Cultura y de consulta el Consejo Provincial de Comunidades Indígenas (CPCI), el cual de hecho no participa y saca un documento exigiendo la consulta previa, libre e informada. La Provincia no está interviniendo y que paren todas las máquinas hasta que se complete un relevamiento de los sitios sagrados” explica Manguz. A su vez, la Provincia busca despegar a Nación de cualquier asunto que involucre a las comunidades, apartando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Tal como había compartido a este medio Gabriela, vecina de Santa María e integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, explicando que “todo lo que es el cordón montañoso oeste de Punilla, es un gran Sitio de Memoria Ancestral”, Fernando también asegura que en la zona de San Roque, el Río Yuspe y en Santa María, “vimos muchísimos sitios sagrados ancestrales, de rezos, de ceremonias, de lectura de los cielos, de sanaciones de úteros en nacimientos de vertientes. Todo eso aparentemente estaba anotado y se impacta lo mismo, y otras directamente no estaban anotadas”.

“Entonces, la denuncia federal fue acompañada por otras comunidades y los mismos abogados que están llevando otras causas ambientales en la Provincia, que se van sumando a las causas de comunidades indígenas, para que intervenga la Justicia Federal, porque no se está cuidando el patrimonio arqueológico nacional”.