Por Daniel Díaz Romero*
La crisis socioambiental argentina, evidenciada en la pérdida de biodiversidad, sequías sin precedentes, mega-incendios, inundaciones y desertificación, constituye el principal desafío estructural del país. No obstante, los Estados -nacional y provinciales- muestran una ineficacia crónica para enfrentarla. Esta parálisis política tiene sus raíces en la Dictadura Militar de 1976 y es el resultado directo de medio siglo de desmantelamiento institucional y la constante subordinación de la política ambiental a las lógicas de la explotación irracional de los bienes naturales.
El momento de mayor avance en la institucionalidad ambiental fue 1973, con la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNyAH), bajo la dirección de Yolanda Ortiz, pionera en América Latina. Este progreso fue truncado por la dictadura cívico-militar (1976-1983), que inició el retroceso: dispersó funciones ambientales, eliminó controles y facilitó la transferencia masiva de tierras públicas a manos privadas. Este período sembró la impunidad ambiental, matriz del modelo depredador que explica crímenes ambientales contemporáneos como la deforestación y la contaminación a gran escala.
Medio siglo después, persiste una asimetría crítica: los organismos ambientales carecen de capacidad operativa, presupuesto y el peso político necesario para implementar políticas sistémicas efectivas, una herencia directa del régimen militar.
A pesar de la jerarquía constitucional del derecho a un ambiente sano (Art. 41) tras la Reforma de 1994, la tensión entre los "presupuestos mínimos" nacionales y el dominio provincial de los recursos ha generado un "rompecabezas federal". Esto conduce al fenómeno del "Dumping Ambiental": grandes corporaciones eligen operar en provincias con regulaciones laxas y escaso control, eludiendo la protección ecosistémica. Los cuerpos técnicos y científicos están limitados por un "corsé administrativo", sin un digesto ambiental común obligatorio ni una autoridad de aplicación con poder real de sanción.
Ante la inacción o complicidad de los gobiernos, los conflictos ambientales se han judicializado masivamente, impulsando el protagonismo de organizaciones socioambientales y quebrando la impunidad de los funcionarios. Instrumentos clave como la Ley Yolanda (capacitación obligatoria para funcionarios) y el Acuerdo de Escazú (garantía de participación, información y justicia ambiental) son herramientas esenciales para contrarrestar la herencia dictatorial enquistada en los Estados y el greenwashing corporativo cada vez más presente en las áreas de gobierno.
De esta manera, la última dictadura militar sentó las bases para la creación de auténticas "zonas de sacrificio" y corrupción, ejemplificadas en explotaciones mineras como la ex mina de uranio Los Gigantes, en el valle de Punilla, la planta procesadora de dióxido de uranio Dioxitek, ubicada en la capital cordobesa, y el polo químico de Río Tercero, centrado en la producción de agrotóxicos y pesticidas.
La fase política actual se caracteriza por una profundización ideológica extrema, donde la administración de Milei y los gobernadores colaboracionistas, no dudan en descalificar el activismo socioambiental. Detrás de esta retórica se camufla la explotación irracional de recursos y bienes naturales que compromete la soberanía nacional y se traduce en: recortes presupuestarios drásticos (afectando áreas como Manejo del Fuego y el Fondo de Bosques Nativos), negacionismo climático explícito e intentos de reformas normativas desreguladoras. Al desfinanciar la institucionalidad y flexibilizar los controles, se acelera el "Dumping Ambiental" y se incrementa la vulnerabilidad ante desastres, fundamentalmente, de los sectores más empobrecidos de la sociedad.
La conclusión es imperativa: Argentina debe abandonar la "Ecología de los Ricos" (enfocada en preocupaciones estéticas) y transitar hacia una "Ecología de los Pobres", que reconozca la degradación ambiental como un factor que afecta desproporcionadamente a los sectores vulnerables. La justicia social y la ambiental son intrínsecamente inseparables. Para enfrentar este nuevo "terrorismo de Estado" contra los bienes comunes, el compromiso ciudadano debe garantizar que la soberanía nacional sea sinónimo de la protección integral de dichos bienes.
La provincia de Córdoba se encuentra sumida en una profunda y dolorosa controversia que agudiza las tensiones entre la memoria histórica, la protección ambiental y los intereses políticos y económicos. El reciente hallazgo de restos humanos que pertenecen a personas desaparecidas durante la última Dictadura Militar Argentina, dentro de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, reabre una herida y agrega una dimensión macabra a los planes de desarrollo urbano en la zona.
Esta reserva, un invaluable pulmón verde se revela ahora no solo como un ecosistema vital en constante amenaza, sino también como un potencial "sitio de espanto y memoria" de ineludible significado para la justicia y los derechos humanos.
En este contexto, el proyecto del gobernador Llaryora adquiere una inquietante relevancia: la amenaza de asfaltar y desafectar una porción significativa de la reserva. Este intento, caracterizado por el silencio o la aquiescencia tácita de los funcionarios provinciales de ambiente, es visto por organizaciones sociales, de derechos humanos y ambientales como una doble afrenta. La controversia trasciende lo meramente urbanístico, pues se teme que bajo el cemento de una ruta se intente ocultar no solo un ecosistema irremplazable, hogar de una biodiversidad única, sino también pruebas cruciales de crímenes de lesa humanidad.
La Reserva Natural de la Defensa La Calera se convierte así en el epicentro de una batalla que fusiona la lucha ambiental con la búsqueda de verdad y justicia. Proteger este territorio ya no es solo una cuestión de ecología; es una imperiosa necesidad ética y legal. La urgencia de detener cualquier avance sobre este espacio se basa en la doble misión de proteger su inmenso valor ecológico como área natural protegida y preservar su ineludible significado como sitio de memoria, donde la tierra misma podría ser testigo de las atrocidades del pasado.
El destino de esta reserva, y por ende, el de la verdad histórica provincial, se encuentra en peligro inminente. Solo mediante una movilización ciudadana activa, vigilante y firmemente comprometida será posible revertir esta situación. Es imperativo exigir la paralización inmediata de cualquier obra potencial y la realización de una investigación exhaustiva en el predio, para asegurar que el legado de la dictadura no se consolide a través del olvido forzado, silenciado por una capa de asfalto y complicidad institucional.
Leopoldo Galtieri y Jorge Rafael Videla. Fotografía de portada: Eduardo Longoni
*Comunicador y periodista. Editor del medio Sala de Prensa Ambiental. Le gusta el locro y el asado
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