En la madrugada del lunes pasado, Guillermo Bustamante, de 39 años, se dirigió a la estación de servicio ubicada en la intersección de Mariano Castex y Octavio Pinto, en el barrio Villa Páez, donde cargó combustible. A la espera de que su esposa llegue a pagar -ya que no contaba con datos móviles para realizar la transferencia-, un empleado llama a la policía y es ingresado a la fuerza al patrullero, tras ser golpeado y fallece allí mismo.
El resultado parcial de la autopsia arrojó un paro cardiorrespiratorio. Según el medio La Tinta, testigos del hecho aseguran que a Bustamante le habrían realizado “una llave" al cuello.
“Tres, cuatro policías forcejeándolo, metiéndolo, lo golpearon por todos lados. Yo les decía que pararan, que pararan, que me lo iban a matar y al final lo terminaron matando”, denunció su esposa ante la prensa.
Detenciones y una investigación por delante
La Justicia de Córdoba determinó, en un primer momento, la detención de al menos cinco integrantes de la Policía local, luego de la investigación preliminar, el análisis de videos, el resultado parcial de la autopsia y la toma de testimonios.
La fiscalía del distrito 1, turno 2, dispuso ayer martes, la imputación y detención del oficial subinspector, Marcos Guzmán Altamirano, del Oficial Ayudante Nicolás Bulacio y del cabo Juan Martín por el delito de Homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales, en calidad de co-autores (arts. 45 y 80 inc. 9 del Código Penal).
A su vez, el oficial inspector Walter Perfumo fue imputado por encubrimiento, al no denunciar la perpetración del delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público en concurso ideal, y en calidad de autor (arts. 45, 54 y 277 inc. 1 apartado d) e inc. 3 apartados a) y d) del Código Penal; y el Sargento Mariano Córdoba por omisión de los deberes de funcionario público en calidad de autor (arts. 45 y 248 del Código Penal).
¿Quién te cuida de la Policía?
La Policía de Córdoba exhibe nuevamente su criminal accionar contra un ciudadano cordobés inocente. Una represión policial presente en el espacio público y de encierro. Tan solo el año pasado, en los primeros 8 meses de gestión del gobernador Llaryora, tuvieron lugar al menos 10 casos de ejecuciones policiales estatales en la provincia. Crímenes que luego se archivan o son investigados a condición de innumerables irregularidades, de los cuáles, un mínimo porcentaje llega a instancias judiciales.