Diez años de denuncia de una sistema que no ha hecho más que profundizarse en los últimos gobiernos nacionales y provinciales. La Marcha Contra el Gatillo Fácil pone en agenda lo que muchos sectores, incluso progresistas prefieren no discutir o avalar con el silencio, pero sucede, y Córdoba tiene mucho para decir. Para eso está la calle.
Una nueva edición de esta movilización de carácter nacional, donde familiares de víctimas de la represión se abrazan, cantan y lloran, tendrá lugar hoy en Córdoba Capital, desde las Avenidas Colón y General Paz hacia la Casa de Gobierno -"El Panal". “Basta de gatillo fácil, basta de represión policial, basta de violencia policial”, es la exigencia de las familias y colectivos convocantes.
Si bien es una instancia de denuncia en contra de crímenes del Estado, estas movilizaciones siempre tienen una impronta artística que ayuda a pasar el mal trago de la angustia. Por eso, en esta renovada edición habrá intervenciones musicales y artísticas como serigrafía que hará Territorio Colaborativo, intervenciones artísticas de Corta La Mecha y música en vivo por La Juli Rivarola, Sudaclan, Mati Acosta y Jem.
Desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el pasado 31 de julio se registran al menos 10 casos de "gatillo fácil" en la provincia.
A continuación, compartimos un breve recorrido y análisis por los distintos hechos donde fueron asesinados ciudadanos de Córdoba desde la asunción del Gobierno de Martín Llaryora, a quien las familias organizadas en la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil reconocen como el "responsable político" de los crímenes, donde están involucrados agentes o ex agentes estatales cordobeses.
Cabe adelantar que la mayoría de los hechos sucedieron:
A su vez, cuatro de los diez jóvenes murieron luego de chocar en medio de persecuciones policiales; tres de ellos murieron en el instante o al poco tiempo del impacto. En uno de los casos, un joven fue arrollado y luego torturado.
Hay dos hechos en donde tuvieron responsabilidad un ex agente policial y un militar que trabajaba de guardia privado, lo que indica que la represión no se limita a los agentes de "seguridad interior".
Tampoco se limitan al uso letal del arma reglamentaria, pues en dos de los hechos se usó al patrullero como arma y también a la tortura física seguida de muerte. Hay un solo caso donde supuestamente habría complicidad civil en el asesinato de un joven que habría sido chocado por un tercero -de manera intencional- en una persecución policial.
Las familias organizadas en la Coordinadora hace años manifiestan que la represión estatal con gatillo fácil no responde ni a "hechos aislados" de "ciertos policías", considerados por los gobiernos y los medios de comunicación hegemónicos como "manzanas podridas", sino más bien, a una respuesta deliberada en el seno del Estado, contra ciudadanos que habitan los barrios populares, periféricos e históricamente vulnerados y empobrecidos.
A su vez, sostienen que no es "solo la institución policial" la responsable de estos crímenes y violaciones a los derechos humanos, sino que hay una responsabilidad estatal íntegra en dicha política represiva, donde los poderes judicial, el sistema penitenciario, e incluso el sistema sanitario, legitiman y accionan en complicidad con las fuerzas policiales.
En este sentido, es importante destacar que todos los policías implicados en estos 10 hechos criminales se encuentran imputados pero en libertad. Esta situación "garantiza la impunidad y por consiguiente la repetición de los hechos", denuncian desde la organización convocante.
A su vez, el uso de la "legítima defensa" o el "exceso en la legítima defensa" como carátulas atribuibles a estos agentes en muchos casos, no hace más que revictimizar, criminalizar y violentar a las víctimas de homicidios cometidos por funcionarios públicos, y a sus familias.
Finalmente, es importante destacar que una gran mayoría de las familias damnificadas no se animan a denunciar los hechos, ni a profundizar las investigaciones debido a las represalias y amenazas realizadas por la fuerza policial o al lento accionar del Poder Judicial. Sin embargo, las familias que denuncian y exigen justicia identifican estos como "represión estatal" y no "violencia institucional", tal como se suele caracterizar a este tipo de violencia.*
El sábado 13 de enero, en la calle Los Pinos del Barrio Cuesta Colorada (casi en el límite entre La Calera y Córdoba), el sargento de la Policía de Córdoba Mariano Nelson Rossi asesinó con su pistola reglamentaria a Mauro Alejandro Bustos de 31 años. Rossi acusó al joven de haberle robado una garrafa, sin embargo, la justicia no lo pudo determinar. Lo que sí se probó, es que Rossi corrió a Bustos, sin denunciar el robo y cuando lo encontró le disparó.
La Fiscalía actuante es la de Instrucción del Distrito 4 Turno 4, a cargo de Liliana Copello, quién ordenó la detención del oficial luego del crimen. Imputado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", Rossi se encuentra en libertad.
El domingo 4 de febrero en el espacio público del Lago Villa Dalcar en la Ciudad de Río Cuarto, un policía de civil, cuyo nombre no trascendió, hirió de muerte a un joven de 19 años llamado Víctor Ariel Tortosa, quien habría intentado robarle a "mano armada". Tortosa andaba en una motocicleta junto a otro joven, según hizo trascender la fuerza policial riocuartense.
El reporte policial indicó que el cuerpo de Tortosa fue encontrado sin vida y con un disparo de arma de fuego a la altura del tórax. La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de Fernando Moine, ordenó el relevamiento del lugar con el secuestro de “dos armas de fuego”. La causa quedó catalogada como "homicidio agravado por uso de arma de fuego", pero el oficial se encuentra en libertad ya que no fue detenido porque el fiscal sostiene que actuó en "legítima defensa".
Días más tarde, el viernes 9 de febrero, los jóvenes Rodrigo Gómez (17) y Emiliano Pastore (19) murieron en contexto de una persecución policial, luego de evitar un control policial en Barrio Marqués Sobremonte. Según la policía, los jóvenes se dirigían en una motocicleta "Appia City Plus" sin luces y uno de ellos se encontraba sin casco.
Tras la evasión del control, un móvil de la fuerza comenzó la persecución que finalizó cuando los motociclistas impactaron con fuerza contra un lateral del colectivo de la línea "C1", perteneciente a la empresa TAMSE. Ambos ocupantes fallecieron al instante. No hay imputados por este hecho.
El 16 de febrero en Villa Adela, el policía Boris Rivero asesinó de un disparo en la espalda al joven Abel Cortez (26), quién le habría intentado robar su moto junto a otros jóvenes ,cuando el oficial llegaba a su casa. El fiscal actuante, Luis Michelli, del Distrito 2 Turno 3, imputó al oficial por "exceso en la legítima defensa".
En la madrugada del domingo 10 de marzo, en barrio Talleres Sud, un móvil policial embistió intencionalmente la motocicleta donde viajaban los jóvenes Elías Moreno (15) y Maximiliano Murúa (18). Luego del choque, los oficiales que perseguían a los chicos por un supuesto intento de robo -nunca comprobado-, le propiciaron una brutal paliza a Elías, motivo por el cual debió ser internado e intervenido quirúrgicamente en el Hospital Tránsito Cáceres, donde falleció dos días después. Según relatan sus familiares, la fiscalía tiene la causa paralizada y ni siquiera se le ha tomado declaración a los oficiales implicados.
El cuerpo de Elías presentaba, según la autopsia, alrededor de cuarenta hematomas, fisura en un pulmón, y una herida grave en el hígado, producida por golpes, no por el choque.
Familiares y amigos de Elías denuncian que en el día de los hechos la policía no dejó llegar la ambulancia a tiempo, tardando dos horas en hacerlo. El joven le habría confesado a la primera doctora que lo atendió, que sus heridas más graves eran producto de los golpes propiciados por los agentes.
Por el crimen están imputados los oficiales Marcelo Peralta y Rodrigo Gorosito, ambos bajo la carátula de “homicidio doloso”. La primera fiscalía en tomar el caso fue la del Distrito 2, Turno 7, pero por pedido de la querella -ante la demora en adjudicar las imputaciones- la causa quedó en manos de la Fiscalía del Distrito 3 Turno 4, a cargo de la fiscal Claudia Palacios. Ambos imputados se encuentran en libertad.
El sábado 6 de abril un policía retirado asesinó a Rodrigo Sebastián Arce (19) en medio de un supuesto intento de asalto en Barrio Ciudad de Mis Sueños. La fuente policial informó que el ex uniformado se dirigía en su motocicleta por la Ruta 9, cuando habría sido interceptado por "cinco personas". El ex agente habría "resistido" al supuesto robo, disparando en varias oportunidades su Bersa Thunder 9 milímetros, e hiriendo de tres disparos (abdomen, brazo derecho y espalda) a un joven que falleció luego en el Hospital de Urgencias. La investigación quedó a cargo del fiscal Vìctor Chiapero, Distrito 2, Turno 4. El ex oficial está en libertad.
El 17 de mayo, un oficial de la Policía de Córdoba que se encontraba de franco asesinó en Barrio General Bustos al joven Braian Quinteros (17), quién fue sorprendido robando junto a otros jóvenes que se fugaron luego de la ráfaga de balas que ejecutó el agente, quien se encontraba de civil. El fiscal actuante es Raúl Garzón, de la Fiscalía de Instrucción Distrito 3 Turno 7. El policía de 26 años goza de libertad.
Casi diez días más tarde que el hecho anterior, el martes 28 de mayo, tras un supuesto intento de robo, dos jóvenes de 17 y 21 años escapaban de la Policía cuando fueron embestidos, según la policía, en la calle Cangallo al 2000 (Bº Primero de Mayo) por el vehículo de un tercero, el cuál se dio a la fuga sin ser identificado por los agentes estatales.
El adolescente de 17 años, reconocido como Mariano Savioli, falleció al instante, mientras que su compañero fue aprehendido y hospitalizado. Según la versión oficial, los agentes encontraron un arma de fuego, sin embargo, no dieron detalles de qué tipo de arma era, si estaba cargada o si habría sido disparada.
A su vez, vecinos de la zona, según CBA24 aseguraron a la prensa haber escuchado disparos que habría efectuado la fuerza policial en la persecución. En el hecho intervino la Fiscalía del Distrito 2 Turno 7, a cargo del fiscal Tomás Casas, quien investiga la complicidad del automovilista tras la hipótesis de que habría chocado a los jóvenes de manera intencional.
El jueves 18 de julio, en la intersección de José Tristán y Moscoso, a pocos metros de avenida Sagrada Familia, en Barrio Las Palmas, Emilio Andreani, un sargento del Comando de la Segunda División Militar, asesinó a Agustín García, de 19 años. Según fuentes cercanas a la familia del joven, no sería la primera vez que Andreani le disparara a una persona.
Según la Policía, el joven habría intentado robarle a una mujer (24) con un arma de réplica cuando el sargento Emilio Andreani (40), quien estaba en calidad de guardia del local del Saturno Hogar, se bajó de su vehículo y le disparó a matar. El militar, según La Voz del Interior, alegó tener las credenciales de portación y legítimo usuario vencidas, pero no las traía con él. Sin embargo, el fiscal Horacio Vázquez argumentó que Andreani seguirá libre ya que no hay suficientes elementos probatorios que “configuren la presencia de un delito en su contra”.
*La información sobre estos hechos es incompleta debido al silencio que eligen algunas de las familias con un familiar asesinado, por miedo a represalias, sumado a la complicidad del poder judicial de no brindar información sobre las causas, excusándose en el "secreto de sumario".
Foto de portada: Julio Pereyra para Enfant Terrible
Todo indica que al momento de votar la adhesión al RIGI en la Legislatura de Córdoba no habrá inconvenientes, y que los sectores concentrados del agro, inmobiliario y de la obra pública tendrán vía libre en la provincia mediterránea para continuar favoreciéndose.
En este momento, la seguridad jurídica, condición necesaria que nos da la capacidad de prever qué pasa con nuestros derechos, se ve enfrentada al modelo de gobierno propuesto por Javier Milei y su equipo, ya que su eje principal es -la reforma del Estado-.
La detención de Alejandro Mercado, quién asumió el pasado diciembre, fue en el marco de una investigación sobre una red de corrupción que involucra una financiera ilegal. ¿Quién es Mercado?
