Flexibilización laboral, recorte presupuestario y de personal, adultos mayores con edad para jubilarse que continúan trabajando porque la canasta básica no les alcanza. Privatizaciones, emisión de moneda y pedido de préstamos para planchar un proyecto que duró menos que su propaganda: “1 peso = a 1 dólar”.
Los 90’, la década que abrió las puertas a que Argentina sea un terreno fértil de fuga de capitales y créditos en pagarés -solicitados por multinacionales- para después hacerlos pasar como emisión de deuda del Estado.
Treinta y cinco años pasaron del descalabro que fue la presidencia de Carlos Saúl Menem: ¿Quién privatizó? Menem lo hizo, ¿Quién estuvo involucrado en el tráfico de armas? Menem lo hizo, ¿Quién realizó 'la estafa más grande de la historia' por 87 millones de dólares? Milei lo hizo. Un lapsus. Un abrir y cerrar de ojos.
Un proyecto de país que quiere hacer de la soberanía una sociedad anónima para no responder por posibles fraudes. Así como Menem presentó el proyecto de ley “Reforma del Estado”; Javier Milei presentó su “Ley Bases”.
“Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que tengan todos un gran inicio de semana. Fin”, pronunció con sorna el vocero presidencial, Manuel Adorni. ¿La noticia? Anunciar un paquete de medidas para hacer de empresas estatales de capitales mixtos, sociedades anónimas.
El dueño del lapsus, que quedó marcado como una confesión de parte, fue el ex ministro de Obras Públicas durante el menemismo, Roberto Dromi. El mismo que, durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, comentó en qué consistía la Reforma del Estado: nada para el pueblo, salvo las penas.
Adorni -fiel al estilo de comunicación presidencial- comentó que, por medio del decreto 115/2025, el gobierno transforma a la empresa encargada de la generación de energía; la explotación, transporte y comercialización del carbón, “Yacimientos Carboníferos Río Turbio” (YCRT), en una sociedad anónima. Lo que habilita a la participación de capitales privados en la principal mina de carbón del país, cuyas reservas se contabilizan en 700 millones.
Acreedores locales y extranjeros con un capital inicial lo suficientemente grande como para absorber la mayor cantidad de acciones -que hoy el Estado concentra en un 100%-, tendrán a su disposición 2200 puestos de trabajo y un yacimiento que es clave para la economía de localidades como Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour, provincia de Santa Cruz.
Hacer de YCRT una sociedad anónima es sinónimo de rematar soberanía energética por capitales que no necesariamente van a quedarse en el país. El ejemplo más cercano fue justamente en los 90’s, cuando fue privatizada; se despidió al 70% del personal y la falta de mantenimiento provocó un derrumbe dejando un saldo de 14 muertos.
El proceso de conversión está liderado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el área de privatizaciones quedó en manos de Diego Chaher, conocido también por cerrar Télam.
La privatización de empresas públicas a través de su transformación en sociedades anónimas para su posterior traspaso a manos privadas no puede llevarse a cabo por decreto. No obstante, esto no implica que no pueda ser gestionado mediante una votación en el Congreso.
Ejemplo de ello es el Banco Nación que, a través del decreto 116/2025, el ministro de desregulación pretendió transformar en una S.A. Empero, este avance fue suspendido gracias a la medida cautelar presentada por el juez federal, Alejo Ramos Padilla.
La banca pública más grande del país cuenta con 721 sucursales, más de 17 mil empleados y concentra el 17,5% del mercado interno, lo que la vuelve de gran interés para los inversionistas. Durante el 2024 creció un 600% y logró adquirir 48 billones de pesos en valor de activos y alrededor de 33 billones de pesos en depósitos.
Otra empresa, que en este caso es de capitales mixtos, ya que el Estado sólo concentra el 37% de los activos, es el Belgrano Cargas y Logísticas S.A, la cual se encarga de administrar el transporte de cargas de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con un total de 4.442 empleados.
Si bien fue cuestionada por el vocero presidencial al decir que “genera pérdidas”, según el Ministerio de Economía, la empresa recibió transferencias del gobierno equivalentes a $45.900 millones, hasta el tercer trimestre del año pasado, fecha de corte de los últimos datos oficiales. Así logró revertir los números rojos y alcanzó un superávit financiero de $4.381 millones.
De las tres empresas que están en la mira del gobierno nacional como candidatas para ser transformadas en S.A, ésta es la que mayor riesgo corre, ya que tiene el visto bueno de los sindicatos ferroviarios. O, al menos, del más poderoso: la Unión Ferroviaria, con Sergio Sasia como referente principal.
Parte de las negociaciones entre Sasia y la gestión libertaria implicó la reducción de un 15% de los costos y del personal de la Sociedad Operadora Ferroviaria, que emplea a unas 23.000 personas. Por el momento, la planificación del desguace del Belgrano Cargas quedó en manos de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria dentro de la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas", que depende de Diego Chaher.
Se puede observar que estas tres empresas públicas comparten una característica en común: generan superávit fiscal. Cuestión de fundamental interés para los acreedores que quieren transformarlas en S.A.
Para el economista Rovelli, una posible estrategia sería que cada interesado adquiera hasta un total del 25%, que es el límite permitido dentro de la Ley de Sociedades Comerciales y que el 1% restante quede en manos del Estado para que actúe como persona jurídica del contrato.
Esto produce que los accionistas no tengan que responder con su patrimonio ante presuntas pérdidas o “irregularidades”, quedando el Estado como principal deudor. Ejemplo de ello fue el caso de la licitación por el Correo Argentino -hoy en intentos de reprivatización-, por parte de la familia Macri; o la familia Bulgeroni y la empresa de papel Bridas.
A su vez, desde que se lanzó el Bono Para la Reconstrucción de una Argentina Libre, financistas sospechan de que se use la estructura del BCRA y sus fondos públicos para dar créditos a inversores, y a cambio, retener una deuda de hasta 60 mil millones de dólares y así incentivar aún más la bicicleta financiera teniendo la banca pública como respaldo.
Lo que no se puede saber -más que por especulación- es: ¿Quién se hará cargo de la posible corrida cambiaria? ¿Cómo se reduce una deuda, cuando el JP Morgan acusó al ministro Caputo de patinar 40 mil millones de dólares para planchar un dólar que no le conviene más que al posible inversor de una S.A? ¿Argentina va camino a transformarse en un paraíso fiscal?
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