El Gobierno Nacional, a través de un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, "desreguló" el servicio postal del Correo Argentino, sumando un nuevo casillero en su camino a la privatización de la empresa, a la que ya golpeó despidiendo a 1 de cada cuatro trabajadores desde el 10 de diciembre pasado, y cerrando oficinas en localidades donde su presencia significa mucho más que una simple edificación.

"El gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina", compartió vía "X", Manuel Adorni el domingo previo a la publicación del decreto.

La principal alerta que despierta la decisión gubernamental tiene que ver con las elecciones legislativas del año que viene, ya que el Correo Argentino tiene a su cargo el traslado de las 110.000 urnas a los 17.000 locales de votación, incluyendo aquellos que se encuentran en los lugares más remotos del país, donde solo se llega en lancha o en mula.

Las boletas de cada uno de los partidos políticos, las planillas y todo el material para las elecciones son garantizadas por la empresa que ahora se encuentra en vías de ser privatizada.

A su vez, es el Correo quien organiza los telegramas en los que se vuelcan los resultados de las elecciones, que luego son procesados en la misma noche de los comicios. Y también es quién realiza el operativo final retirando y trasladando las urnas a los lugares donde se realiza el escrutinio definitivo, tal como lo hace desde 1983.

El decreto dispone que cualquiera podrá postularse para quedarse con el servicio de la empresa, tenga (o no) experiencia en el rubro, representación jurídica, vehículos, infraestructura. Cualquiera podrá repartir u operar como punto de entrega.

¿Quedará en manos de privados las tareas que por ley tiene atribuidas el Correo en materia electoral?

Si bien desde el Gobierno advierten que eso no se modificaría de cara a las legislativas, nada ni nadie garantiza que el Correo no esté privatizado para las elecciones del año que viene.

Solo para las PASO 2023, el Correo dispuso una flota y una capacidad logística compuesta por 16.433 vehículos, incluyendo 1.409 camiones, 6.104 camionetas, 4.680 vehículos de bajo porte (autos), 1.498 utilitarios y 2.155 colectivos para el traslado de trabajadores y trabajadoras para la entrega de urnas.

Un ataque a los derechos y a la privacidad

Con la red más extensa del ámbito nacional, el Correo garantiza a sus usuarios el acceso al servicio de correo postal en cualquier lugar del país, ya que cuenta con 3500 puntos de venta distribuidos en 1200 localidades.

A su vez, tiene a su cargo información privada y reservada clave para sus usuarios, tales como constancias, DNI y pasaportes expedidos por el Registro Nacional de Personas (RENAPER), telegramas, giros postales, cartas documentos, encomiendas y más, a partir de ahora en manos de los mejores oferentes, osea digamos, empresas privadas como Mercado Libre (M.L).

La uberización del Correo Argentino (C.A) abre paso a los empresarios socios de Milei, tal como Marcos Galperín, uno de los primeros beneficiarios no solo de la desregulación del servicio postal sino también del cierre de "Correo Compras", el servicio online del C.A que competía con M.L.

¿Serán los precarizados "rappisboys" los responsables de llevar documentos con información sensible de un lugar a otro? ¿Llegará un "pedidos ya" a la localidad de El Durazno (Jujuy) dónde el Estado garantiza el derecho al sufragio a través de un largo viaje en mula? ¿Asumirán los costos las empresas privadas a la hora de usar lanchas para llevar urnas a localidades del Delta del Paraná?

La medida afecta a la soberanía nacional en cuánto el Correo representa al Estado en aquellos lugares remotos donde éste se hace presente con la infraestructura necesaria para que las y los argentinos reciban kit escolares o vacunas, cobren las asignaciones universales, y/o puedan hacer uso del Servicio Postal Universal.

El posible cierre del Correo en éstos lugares supone un abandono del Estado Nación a su territorialidad, dejando un vacío que las empresas privadas del sector no asumirán porque no verán beneficios en estar allí o no serán obligadas a garantizar derechos que de por ley le corresponde al Estado.

Sin dudas, la medida de Milei y compañía no tardará en traducirse en más despidos y cierre de sucursales como la de Concorvado (Chubut), donde sus 3000 habitantes ya no cuentan con el servicio de correo, por lo que para hacer un envio deben trasladarse unos 100km a Esquel por plena Cordillera de Los Andes, con los riesgos que implican los climas extremos de la región.

Es previsible anticipar el aumento de los precios del servicio, ya que al pactarse "libremente" y "sin intermediarios", es decir, sin autoridad estatal, los usuarios pagarán tarifas más elevadas por un servicio menos eficiente (por la lógica del "menor costo" que impera en el sector empresarial argentino y extranjero).

La cada vez más probable privatización del Correo Argentino significa un ataque a todos los pueblos que conviven bajo el territorio nacional, desuniendo, desintegrando y desconectando localidades, culturas y personas, haciendo retroceder al Estado para el avance de empresas privadas cuyos intereses nada tienen que ver con los nacionales.