Por Bahía de Palma para Enfant Terrible
A principios de diciembre, el gobernador Martín Llaryora inauguró oficialmente la autovía de Punilla, que cuenta con una extensión cercana a los 22 kilómetros, que van desde la Variante Costa Azul hasta el ingreso a Molinari. El corredor de cuatro carriles, está ubicado al oeste de la ruta 38 y cruza las localidades de San Roque, Bialet Massé, Santa María, Cosquín y Molinari.
“Nunca se hizo un análisis de impacto ambiental acumulativo, la ruta se construye por partes para poder aprobar cada trayecto con un estudio individual, que no contempla el total de desmontes efectuado”, dice a Enfant Terrible Marcela Fernande, abogada que presentó, junto a otros profesionales, un recurso de amparo a la justicia de Córdoba. En este sentido, destaca que, primero se inauguraron 5 kilómetros, luego un trecho de 16 kilómetros, y, el proyecto original contiene una tercera parte, que llega hasta Cruz del Eje.
Según la abogada, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la Provincia, y aprobado por la entonces Secretaría de Ambiente (actual Ministerio) “no contempló las cuencas hídricas, tampoco analizó los sedimentos de lago, el análisis de impacto arqueológico fue muy improvisado y alcanzó a pocos lugares, y no se tuvo en cuenta la instalación acelerada del mercado inmobiliario”. Criterios que especifica la Ley provincial Nº 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, en su artículo 40, que refiere al desmonte en zonas de categoría roja.
Fernande explica que “la provincia de Córdoba no respetó el procedimiento de consulta previo libre e informado, violando el tratado internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cuenta con jerarquía constitucional” y puntualizó que actualmente ese reclamo fue elevado al organismo que depende de la ONU.
“La última Audiencia Pública fue virtual, a través de un mecanismo viciado, donde no se le explicó a la gente detalladamente el proyecto. Los anexos que contenían la parte central del plan fueron publicados durante el cuarto día de encuentro”, detalla la letrada, y recuerda que “el 90% de vecinas y vecinos que participaron rechazaron la construcción de la autovía”. Juan Schiaretti, gobernador en ese momento, desestimó los resultados.
La abogada especialista en reglamentaciones ambientales, rememora que durante el comienzo de la obra “hubo una fuerte presencia policial y actos de represión contra la protesta vecinal” que derivó en la imputación de 18 personas. Para Fernande la medida dispuesta por la fiscal de Instrucción Paula Kelm buscaba “desactivar la protesta social”. Seis vecinas y vecinos fueron elevados a juicio, pero el Tribunal todavía no resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa, y no se sabe aún si avala o no el requerimiento de la fiscal.
“La autovía forma parte de la cartera de proyectos de la IIRSA, está diseñada para camiones de gran porte y facilita la extracción de recursos naturales, no es turística” dice a este medio Juan Nicastro, integrante de la asamblea Villa Giardino de Despierta, que está dentro de la red de asambleas del Valle de Punilla.
Los proyectos de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) pertenecen al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) que integra la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Bajo el título «Mejoramiento de la conexión Córdoba - Patquía (provincia de La Rioja)», se encuentra el detalle de la obra, que, según la página oficial, está destinada al tránsito comercial desde el centro y norte del país hacia los mercados del Pacífico, Oriente y Asia.
“Más allá del pedazo de suelo que nos sacan, perdimos para siempre una forma de vida y nuestras costumbres”, dice a Enfat Jesús Díaz, nawan (representante) de la comunidad indígena de Cosquín Las Tunas, del pueblo Kamiare-Comechingón. Las familias comuneras enfrentaron dos procesos judiciales de parte de la Caminos de las Sierras S.A., empresa de mayoría estatal, encargada de la construcción de la obra.
Díaz detalla que actualmente no tienen acceso al agua: “El campo quedó cortado a la mitad, de un lado la casa y del otro el arroyo”. Y agrega que esa situación complica el cuidado de animales y la siembra de alimentos.
“Perdimos la posibilidad de sembrar y cosechar, de producir nuestro propio alimento”, denuncia el representante de la comunidad y remarca que la situación impacta en la forma de vida y también en la economía familiar. “Tenemos que buscar otro ingreso para acceder a cosas que antes producimos”, explica.
Respecto a los pasaganados -túneles ubicados debajo de la autovía- que fueron construidos a pedido de los comuneros, expresa que “no son seguros” porque los animales tienen acceso directo a la ruta. “No hay nada que los trabe y es mucho riesgo”, detalla y agrega que ya se registraron tres accidentes viales por el cruce de animales.
Consultado por la propuesta de la Provincia para hacer uso de la tierra, Díaz explica que “no hubo ningún proyecto concreto”: “La Autovía vino y pasó, no existieron consultas previas”.
“Lo único que pudimos lograr fue correr un poco la traza para que no pasara directamente por arriba de las casas, como estaba proyectado en un principio”, indica y detalla que reiteradas veces intentaron entablar un diálogo con la Municipalidad de Cosquín y con la empresa constructora.
El Gobierno de Córdoba presentó el primer proyecto en 2017 en una Audiencia Pública. El camino comenzaba con el puente "Gobernador José Manuel de la Sota", ubicado sobre el brazo del lago San Roque.
“La cantidad de críticas que había sobre el impacto ambiental de la mega obra apuntaban a que es una ruta que rompe la sierra, el método de construcción es con dinamita, el territorio afectado a lo largo de la traza es de 100 metros de ancho, atravesando reservas naturales como la de Los Gigantes, el Yuspe, la de Casa Grande. También pasa por arriba de monte nativo de categoría roja, y, a su vez, genera una urbanización acelerada a sus costados”, expresa Juan Nicastro, integrante de la asamblea Villa Giardino.
Dentro de ese análisis, las comunidades reforzaron la presencia de un yacimiento de uranio en la zona de Cosquín. Las asambleas vecinales, que se conformaron a medida que avanzó el conflicto, le advirtieron al Poder Ejecutivo provincial sobre la existencia del metal radiactivo, que libera gases tóxicos cuando entra en contacto con el aire. Por ese motivo la traza fue modificada, y se determinó que sería por el oeste de la ruta 38.
El integrante de la asamblea de Villa Giardino recuerda que hay un antecedente concreto en Córdoba que demuestra la contaminación que produce el uranio: la mina ubicada en Los Gigantes, que funcionó hasta 1989. Los residuos de esa cantera afectaron el agua del río San Antonio y del lago San Roque y, en aquel momento, el proyecto fue cuestionado por la comunidad.
En 2021 comenzaron las obras y el rechazo se mantuvo: “La comunidad comprendió que la nueva traza también va por las sierras, atraviesa el bosque nativo, interfiere en cuencas de agua que se encuentran en estado delicado y amenaza la fauna y flora en peligro de extinción”.
A 24 días del operativo policial que terminó con la vida del trabajador, Guillermo Bustamante, en una estación de servicio de Villa Páez, el fiscal de la causa, Guillermo González, modificó la calificación legal de los cinco uniformados que estaban detenidos y ordenó la inmediata liberación
Hoy, la Agencia Nacional de Noticias del Estado (Télam), cumple 80 años. Nacida en 1945 como agencia estatal de noticias, hoy enfrenta el desafío de defender el derecho del acceso a la información, en medio del intento de cierre impulsado por el Gobierno Nacional.
El pasado sábado murió en prisión, Pedro Vergez, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El mismo se jactaba de haber creado el centro clandestino de exterminio "La Perla".
