Hoy la cámara de Diputados promete ser escenario de un fuerte y prolongado debate en torno al tan anunciado proyecto de ley “Aporte Solidario y Extraordinario” o comúnmente conocido como “Impuesto a las grandes fortunas”. El aporte único y extraordinario impulsado por el bloque oficialista del Frente de Todos, cuyo bloque tiene garantizada la mayoría para darle media sanción hoy mismo.
El proyecto de ley a tratar cuenta con 11 artículos que tienen como objetivo recaudar de forma extraordinaria un monto estimado en 300.000 millones de pesos, mediante un impuesto a pagar por única vez por aquellas personas físicas que posean un patrimonio superior a 200 millones de pesos, con una alícuota del 2% que se extiende hasta el 3,5% para patrimonios que superan los 3000 millones de pesos.
Según una estimación de AFIP, el impuesto afectaría a un grupo de 9 mil contribuyentes aproximadamente. Si se tiene en cuenta el ranking de las 50 fortunas de la Argentina elaborado en base a datos publicados por la Revista Forbes Argentina, este impuesto extraordinario alcanzaría a Alejandro Bulgheroni (ligado a la explotación de petróleo, hidrocarburos y distribución de nafta), Paolo Rocca del grupo Techint, Gregorio Pérez Companc, Eduardo Eurnekian, Héctor Magnetto, Nicolás Caputo, Carlos Pedro Blaquier y familias como la familia Macri, Gotz, Urquía, entre otros.
De acuerdo a los artículos del proyecto se explicita que la recaudación será destinada de la siguiente manera:
25% a programas de exploración y explotación de gas natural a través de Integración Energética Argentina S.A. en coordinación exclusiva con YPF S.A.
20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos para la prevención y asistencia sanitaria.
20% para subsidiar a las PyMES y otro 20% para relanzar las becas Progresar.
Y el 15% restante será destinado a los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).
En oposición al proyecto se declararon los principales grupos empresarios del país, representados a través del Foro de Convergencia Empresarial que representa a 80 instituciones de la gran burguesía con injerencia en el país como la UIA, la Cámara de Comercio, Sociedad Rural, y el coloquio IDEA entre otras. En sintonía, Juntos por el Cambio ya expresó en unidad que votará en contra del impuesto exclamando con aire catastrófico que se trata de una iniciativa “confiscatoria” que agrava la crisis impositiva y no colabora para fomentar la inversión y la reactivación económica.
Párrafo aparte merece el Frente de Izquierda, que anunció la abstención de sus dos diputados como muestra de rechazo a las ‘limitaciones’ del proyecto y denuncia que sería una medida de distracción para “tapar” la negociación de la deuda y nuevo préstamo del gobierno con los emisarios del FMI. Además de que el proyecto representaría un mecanismo de subsidio a los grupos empresarios ligados a la explotación petrolera y de hidrocarburos.
Si la recaudación del tan debatido “aporte” es exitosa, en términos comparativos, representa un monto menor al 1% del PBI. En un contexto económico crítico, donde la caída del PBI en el segundo semestre de este año fue mayor al 16%, el índice de pobreza superó el 40%, la tasa de desempleo el 13% a lo que hay que sumar la suspensión del 4° IFE. Es claro que, la iniciativa no está ni cerca de ser la raíz de todos los males económicos del país.
Por otra parte, el esquema de distribución presentado sigue en la misma línea económica de subsidios que ha llevado adelante el gobierno nacional durante el contexto de pandemia. Y a su vez, expresa la crítica debilidad económica y fiscal en la que se encuentran las finanzas del Estado, que necesita de un ingreso extraordinario para cumplir con programas elementales previstos en el presupuesto 2021.
Entonces, ¿por qué el acotado aporte generó tanto revuelo y puso al país en debate durante estas horas? En el trasfondo de la discusión se evidencian los intereses corporativos y sumamente miserables de quienes tienen en sus manos una gran acumulación de riqueza y capital.
Aquellos que, como el Foro de Convergencia Empresarial se autoproclaman ser el sector social garante del crecimiento económico del país “mediante la generación de empleo” se olvidan de decir que durante años se beneficiaron de subsidios estatales, como también de reconocer que sus ganancias se crearon producto del trabajo de aquellos trabajadores que durante todo el año despidieron ilegalmente. En definitiva, su rechazo es una muestra más de la defensa irrestricta a la sacrosanta propiedad privada, culto que profesa un sector de la sociedad como en el caso del intento fracasado de expropiar Vicentín.
El proyecto a tratarse el día de hoy puede ser una gota de agua en el desierto. Más que un nuevo esquema de subsidios en el marco de la crisis social que vivimos, quizás sea el momento de poner en discusión un cambio profundo de las relaciones sociales que la generaron.
*Por Emiliano Pereira para Enfant Terrible
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