Miño sobre el FISU: "Nuevo ajuste contra el pueblo pobre"

El pasado viernes 23 el poder ejecutivo, con las firmas de Javier Milei, Nicolás Posse y Luis Caputo, emitió el decreto 193/2024 que anuncia un importante recorte en el FISU. ¿Por qué el ajuste? ¿A dónde van los recursos?

Desde el Gobierno nacional, pero con la "ayuda" La Nación+ y Clarín como aliados mediáticos, se viene atacando a distintos fideicomisos, como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que tuvo a Fernanda Miño a la cabeza durante el gobierno anterior (2019-2023), en la Secretaría de Integración Socio Urbana.

El foco en estos fondos se puso a partir de la entrevista que le hicieron al presidente Javier Milei, los mediáticos Esteban Trebucq, Luis Majúl y Pablo Ignacio Rossi para LN+. Las declaraciones del presidente anunciaban un "combate" contra los fideicomisos llamándolos "cajas negras" de la política y prometió acciones para desmantelarlos, a título de cambios en la gestión y transparencia financiera del país:

“Si los tengo a tiro de decreto, son boleta”, sentenció.

Sin embargo, como no lograron eliminarlo, el pasado 23 de febrero se emitió el Decreto 193/2024, que anunciaba que el 9% que recibía del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) para su financiamiento, pasaba al 0,3%, quitándole los fondos casi por completo.

El FISU fue gestado por Mauricio Macri a través del Decreto 819/2019, que luego estableció la Secretaría de Integración Socio Urbana, dentro del Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano). Mientras que durante la administración de Alberto Fernández estuvo a cargo de Miño. Al día de hoy, se ubica dentro del Ministerio de Economía, dentro del área de Obras, bajo la tutela de Sebastián Pareja, de la Libertad Avanza (LLA).

El actual titular de la Secretaría, en una entrevista radial, la semana pasada declaró que para él “tal vez esta fue una de las secretarias que funcionó durante la gestión anterior”, y remarcó que Juan Grabois no manejaba los recursos como marcaron las tapas de Clarín y La Nación. En palabras de Pareja: "No tenía un rol específico porque nunca fue funcionario del área".

Además, agregó que "el resultado efectivo a los barrios populares llegaba" y de esta forma también echó luz al mito de manejos irregulares o la subejecución. Y remarcó que, en el tiempo que él está al frente de esta cartera, pudo hablar con intendentes de distintos signos políticos y "hasta ahora no he encontrado a ninguno quejándose, no he encontrado críticas".

De esta manera, el funcionario oficialista confirmó que Miño se encargó de hacer efectiva la política urbana, tal como puede constatarse en el Monitor de obras de Integración Socio Urbana: "Si no fue la única secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Al momento de hoy, hay 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80% ejecutado", planteó Pareja.

Sebastián Pareja, actual secretario de Integración Socio Urbana junto a Javier Milei.

La cantidad de barrios populares que actualmente hay en el país son 6.467 y esta Secretaría ejecutó obras en 5.060 de ellos, lo que habla del trabajo en al menos el 78% de ese universo.

Al cierre del año 2023, la cantidad de proyectos aprobados ascendía a un total de 251,395, abarcando integración urbana, lotes con servicios y mejoras habitacionales, incluyendo la línea "Mi Pieza". Destaca que más del 80%, es decir, 207,244 proyectos, ya están terminados, jejando en evidencia que hubo una ejecución y un impacto real con alcance sobre 338.152 familias por obras de integración.

En diversas apariciones públicas, la ex secretaria Miño contaba que habían dejado la Secretaría con más de 30.000 millones de pesos que habían percibido de ese 9% del Impuesto PAÍS, que “ahora con todo lo que pasó y la devaluación hay mucha más plata”, remarcó.

En cuanto al fin de estos fondos de la gestión actual, la extitular agregaba que: “Lo que quieren es dejar de invertir en cloacas, agua, electricidad, veredas y mejoramientos habitacionales para la gente”.

"Nuestros barrios necesitan MÁS inversión, no MENOS", destaca Miño.

Uno de esos proyectos se ejecutó en el barrio Yapeyú de Córdoba Capital, donde pudimos conversar con integrantes de la cooperativa de trabajo sobre el valor del trabajo en barrio Yapeyú. María Pereyra, quien coordinaba ese grupo nos contaba que: "Fuimos haciendo capacitaciones y a partir de guías de cuadrillas, vecinxs que sí tenían una formación, y fuimos logrando aprender y mejorar los pocos conocimientos que ya teníamos".

William, también parte del grupo, destacaba que la obra implicaba un cambio directo: "Ya no van a correr riesgos de que algún cable toque la chapa, de que algo genere un corto circuito y eso ayuda a evitar incendios también".

"Se ven las caras de felicidad de los vecinos", agregaba compartiendo el sentimiento.

Foto: Julio Pereyra para Enfant Terrible.

Los fondos, entre los entramados oficialistas

Los fondos fiduciarios son aquellos mediante los cuales el Estado nacional confiere a una entidad recursos específicos con el propósito de que los gestione en beneficio propio o de un tercero. Básicamente lo que hace es delegar la responsabilidad. Es importante destacar que estos no pueden ser destinados para otros fines que no sean los que originalmente los crearon.

De los 29 fondos fiduciarios actuales, 5 surgieron en la era Menem, 7 durante el gobierno de Cristina Fernández y 10 bajo la administración de Mauricio Macri. Alberto Fernández, por su parte, aportó 3 a esta estructura financiera. Paradójicamente, Milei, aunque prorrogó el Presupuesto 2023 para 2024, incluyó los fondos fiduciarios en su gestión.

Los números revelan que el 43,9% de su financiamiento proviene de transferencias gubernamentales, el 39,5% de rentas de propiedad, el 9,7% de impuestos específicos y el 6,9% restante de otras fuentes, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Como bien se hizo con la FISU, de intentar desprestigiar cómo el Estado puede llegar a generar transformaciones concretas, existe hoy la necesidad de que desde las nuevas autoridades puedan ser prolijos con las decisiones que toman y cuidar las políticas públicas que funcionan.

Entre ellas, las de PROCEAR y PROGRESAR, que también son fideicomisos y que están destinados a la entrega de créditos hipotecarios subsidiados para la construcción de viviendas y para becas de estudiantes secundarios y universitarios, respectivamente.

Comunicador popular. Vecino de Barrio Yapeyú. Me dedico a la fotografía, la redacción y a hacer muchas preguntas.

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