Tal como hizo la semana pasada, el día de ayer, Javier Milei esperó a que finalice una movilización masiva en contra de sus medidas, para recién dar a conocerlas. En este caso, se trató de la “ley ómnibus” que envió al Congreso por la tarde, luego de la convocatoria de la CGT, que desbordó la Plaza Lavalle.

En total, este nuevo documento de 183 páginas y más de 600 artículos, titulado Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos, plantea que se deroguen o modifiquen un total de 690 leyes (incluidas las reformas a los Códigos), sumándose a las más de 300 leyes que intenta modificar a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y por lo que ha sido judicializado.

En principio, el nuevo proyecto propone que el país quede en manos del Poder Ejecutivo, declárandose la emergencia pública en materia “económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social”, como también, delegarle las facultades legislativas, hasta el año 2026.

Con esto, Milei busca concentrar el poder absoluto desplazando al Congreso, donde no tiene mayoría, ni siquiera con el apoyo de sus socios macristas. En este sentido, desde que dijo en una entrevista reciente que, en caso de no obtener el apoyo del Congreso a sus iniciativas, llamaría a un plesbicito, traslució que el proyecto del gobierno intentaría concretarse más allá de las reglas democráticas. En realidad, esto sucedió antes, con la publicación del “mega decreto”.

Los ejes de la emergencia representan los puntos centrales donde el Gobierno intentará avanzar a modo de reforma, ya no sólo del Estado (como venía planteando), sino de la sociedad tal y como la conocemos. Esto implica ir a fondo con la visión ideológica de La Libertad Avanza y todo lo que ha reunído a su alrededor: empresarios del más alto poder concentrado y sectores ultraconservadores.

En esta línea, la propuesta extremista de Javier Milei se ve reflejada en el intento de privatización de 41 empresas nacionales, entre ellas Fabricaciones Militares, Banco Nación, ARSAT, Casa de la Moneda, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, Télam, YPF, Administración General de Puertos y Dioxitex, por mencionar algunas. Todo y lo poco que nos queda de industria nacional, quedaría en manos privadas.

Además, a través del proyecto de ley, el Gobierno también busca quitarse al Congreso para tomar deuda externa, así como para permitir el ingreso de tropas extranjeras, habilitando a que el propio Ejecutivo lo autorice.

Siguiendo en la línea de concentrar decisiones, pero hablando de cajas jubilatorias, la ley propone la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las jubilaciones y pensiones al Ejecutivo, suspende la movilidad jubilatoria y habilita a que los aumentos sean realizados por decreto, de manera discrecional, con prioridad en los beneficiarios de más bajos ingresos.

Además, plantea la eliminación de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), así como la reestructuración de la forma de asignación de las bancas de diputados nacionales y, en consecuencia, modificar la cantidad de legisladores de la cámara baja por provincia en el Congreso, disminuyéndolos.

Los sueños húmedos de Chocobar

Por otro lado, en materia de seguridad, busca instalar como legislación el (supuesto) protocolo de Patricia Bullrich para terminar por prohibir la protesta social, modificando el Código Penal, convirtiendo en delito el derecho a manifestarse, agravando las penas para las personas que se manifiesten en la calle o que organicen protestas. La figura de “manifestación” comienza a ser considerada a partir de una reunión de mínimo tres personas.

Enlazado al punto anterior, está la modificación del artículo sobre legítima defensa, posicionándose a favor de quien “obra en cumplimiento de su deber” y declara no punible el homicidio “cuando alguien perciba peligro” y en caso de “obediencia debida”. Es decir, mientras amplía las figuras criminalizables, habilita aún más el uso de la represión letal, dando mayor márgen al gatillo fácil, profundizando la violencia.

Ambiente, géneros, cultura y otros enemigos

Estos ejes están entre los peores enemigos del Gobierno y sus aliados, sobre todo, con sus principales dirigentes autoproclamados como “pro-vida” y al mismo tiempo negando el cambio climático.

Por su parte, es costumbre que la Cultura quede también en el último orejón del tarro en los gobiernos conservadores, por eso en este caso la normativa pretende avanzar eliminando el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro y reforma el INCAA y la CONABIP.

En materia ambiental, la ley plantea algunos retrocesos, modificando la Ley de Bosques, permitiendo el desmonte en las zonas rojas y amarillas (algo que hoy está prohibido) y desfinancia casi a cero su presupuesto, quitándole el porcentual de las retenciones. También modifica la Ley de Glaciares, habilitando la actividad minera en los ambientes periglaciares. Además, modifica la Ley de Fuego para permitiendo que la quema ha sido autorizada “tácitamente” si en el plazo de 30 días la autoridad competente no se expide.

Por su parte, se observa un atisbo del avance sobre la ESI y la ley IVE que comienza a dar el gobierno, incorporando definiciones como “niño” e “hijo por nacer” y “vida desde la concepción”, conceptos que fueron debatidos sobre todo al momento de discutir el aborto en Argentina, hace unos años. Asimismo, elimina toda referencia a la “diversidad”, al “género” o a las personas “gestantes”, al momento de modificar la ley de los Mil Días.

También modifica la Ley Micaela limitando las capacitaciones a la “temática violencia familiar y contra la mujer” cuando hasta ahora son plantadas en relación a temáticas de “género y violencia contra las mujeres”.

En esta línea también entra la eliminación del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), que abarca también a otros sectores sociales como los pueblos originarios.

Por otra parte, en materia de derechos humanos, también se agrava la situación respecto a la salud mental, planteando la internación involuntaria como un recurso terapéutico que puede ser aplicado sin evaluación médica e interdisciplinaria de manera previa. Además, restablece la posibilidad de abrir nuevos manicomios y suspender su sustitución definitiva.

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