El lobby inmobiliario consiguió un avance importante el día de ayer, tras aprobarse la media sanción para la modificación de la Ley de Alquileres (27.551) en la Cámara Baja del Congreso, con 125 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones.
En la votación se decidió entre un dictamen de mayoría -propuesto por el Frente de Todos (FdT)- y un dictamen de minoría acordado entre Juntos por el Cambio (JxC) e Identidad Bonaerense, siendo este último el que consiguió avanzar al Senado, con el apoyo de Juntos por Río Negro, SER y Córdoba Federal (el bloque que responde a candidato a presidente Juan Schiaretti).
Por su parte, Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo (La Libertad Avanza) propusieron la derogación de la ley, pero como no obtuvieron aval, se retiraron del recinto.
Los dos puntos fundamentales en que se centra la modificación, pueden constatarse en la intervención que realizó el diputado por Evolución Radical, Alejandro Cacace: “Nos concentramos en derogar dos aspectos problemáticos de la ley: el plazo y el precio”, afirmó respecto a la ley que rige desde 2020.
En esta ocasión, la mayoría opositora consiguió volver al contrato por dos (2) años y al precio actualizado cada 4 meses “con acuerdo de las partes” -diría Cacace-, con incentivos fiscales en monotributo, en el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Sobre estos fundamentos, el diputado reconoció que “son mecanismos para que se pongan más propiedades en alquiler”.
Un problema que representaba la anterior ley vigente es que, en el contrato de 3 años que establecía, fijaba ajustes anuales por medio de un índice que combinaba inflación y salarios, pero en 2022 este índice -que publica el Banco Central- subió 15 puntos menos que la inflación. En cambio, los precios para contratos nuevos de alquileres crecieron por encima del índice de precios del consumidor (IPC).
El conflicto que se genera sobre todo en el actual contexto, es una doble tensión hacia direcciones opuestas donde, por ejemplo, en ciudades como Córdoba, Rosario o Buenos Aires, los alquileres vienen subiendo por encima de la inflación, la cual creció un 284,8,% desde que se sancionó la ley el 1 de julio de 2020), comiéndose cada vez más el salario, donde el promedio de pago destinado al alquiler es del 45%.
Supuestamente, los propietarios ven afectadas sus ganancias al establecerse contratos más largos y con montos de actualización más extendidos en el tiempo, siendo esto el justificativo para que se establezcan aumentos que han sido registrados en 2022 de hasta el 98,2% por departamentos de dos ambientes en la Ciudad Autónoma, según un informe del portal de negocios inmobiliarios ZonaProp.
Bajo la excusa de “eliminar las regulaciones excesivas”, al decir del diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), ahora las inmobiliarias, principales lobistas en la regulación el mercado de precios, tienen mayor libertad para establecer los montos por encima de las particularidades y posibilidades de pago de quien alquila, en medio de una crisis inflacionaria.
Para ser un tema clave que se lleva mucho la atención cada vez que se discute, considerando que en Argentina existen 3 millones de hogares de inquilinos, algo que llamó la atención fue la ausencia de al menos 13 diputados y diputadas durante la votación.
Por el Frente de Todos (FdT) se ausentaron 10: Pablo Carro, Marcos Cleri, Silvana Ginocchio, Daniel Gollán, Leonardo Grosso, Florencia Lampreabe, Gisela Marziotta, Roberto Mirabella, Graciela Navarro y Sergio Palazzo; de otras fuerzas no estuvieron Gerardo Cipolini (UCR), Rolando Figueroa (MPN) y Diego Sartori (FCM).
Sobre todo los faltazos del oficialismo generaron descontento en la población inquilina ya que, supuestamente, sumando los 10 votos ausentes, más la abstención del camporista Emiliano Estrada, podría haberse logrado que la media sanción no avanzase hacia el Senado. Ahora restará por ver cómo avanza la discusión en esta nueva instancia.
Fuentes: Chequeado
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