El viernes 11 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó el primer desembolsó del préstamo de 20 mil millones de dólares pactado con el Gobierno Nacional.
Del acuerdo firmado en marzo, a través del DNU 179/2025, el cual generó sospechas de otra irregularidad por parte de un nuevo gobierno argentino (por la inconstitucionalidad del presidente al no esperar el voto de las 2/3 partes del Congreso), ya se transfirió el 60%. Es decir, alrededor de 12.500 millones de dólares.

Al arribo del Fondo Monetario y la letra chica de los requerimientos para acceder al préstamo, se le suman los eufemismos para justificar las primeras medidas de una deuda contraída en 2018, y ahora extendida por el mismo ministro de Economía, Luis Caputo. “Esto no es una devaluación. Es una flotación”, comentó durante una entrevista para La Nación.

El uso de eufemismos posibilita correr el foco de atención, minimiza los daños y deja al interlocutor bien parado. Traducido, el ministro pretende generar la ilusión de que “no hay tal crisis”. Empero, lo que llama “flotación”, es congelamiento de sueldos y aumento de precios.

El 9 de abril -dos días previos al desembolso- la investigadora, docente y economista, Melisa Luc, comentó a Enfant, que si bien el programa del FMI no es sinónimo de co-gobierno, ya que no tiene ningún tipo de interés de que el país prospere, sino que devuelva el monto prestado más intereses acumulados (6%) y que se cumplan los requisitos de austeridad y ajuste. “Lo que implica que la economía seguirá decreciendo”, advirtió.

Allí hay una extensa diferencia entre el acuerdo del 2018 y el actual. El primero fue concedido dentro de la modalidad del “Stand By”, el cual consiste en acuerdos de devolución a corto plazo y medidas más “laxas”. En cambio, el último préstamo fue bajo la condición de “facilidades extendidas”. O sea digamos, plazos de pagos más largos con medidas más restrictivas.

Las irregularidades continúan firmes, lo que aumentó fue la deuda que ascendió a casi 70 mil millones de dólares, si se suman ambos préstamos, y el nivel de desocupación que escaló al 7%, que serían alrededor de 1,3 millones de personas ocupadas buscando trabajo.

Entre tanto, los precios se fijan según el mercado internacional de valores; el conflicto con el campo por la liquidación de la mercadería y las amenazas del gobierno con subir las retenciones; y la “malversación de fondos públicos” al vender 400 millones de pesos previo al anunció del desembolso y devaluación del cambio, lo que acrecienta más la brecha entre quienes necesitan alrededor de un millón cien mil pesos para alcanzar la canasta básica y quienes incitan a la especulación financiera en el “carry trade”.

La flexibilización laboral reduce la expectativa de vida

Las exigencias del acuerdo actual no difieren del convenio pautado en 2018: flexibilización laboral, recorte a jubilados y pensionados, ajuste presupuestario. Lo que sí se modificó fue el pedido de mayor coparticipación federal.

Un requisito locuaz si se considera que, a la par que cada provincia acordaba con el Gobierno Nacional el pacto de mayo, el DNU 70/2023 y el pedido de préstamo al Fondo, la gestión de Javier Milei recortaba los fondos y la distribución de recursos a las mismas. Por lo que las exigencias que demanda cada una de las partes es mayor, más ahora que se asoman las elecciones legislativas.

Ahora, ¿Cómo afecta al trabajador la toma de deuda externa y las demandas del Fondo? Según los datos del INDEC, aproximadamente hay 9 millones de trabajadores dentro del sector informal. De ese total, las poblaciones más afectadas son mujeres y disidencias.

Si bien dentro del sector el 65% son trabajadores “independientes”, el otro 35% restante, se reparte entre quienes están en el sector formal y no tienen las necesidades básicas cubiertas, y quienes están en la informalidad e igual ven descontado de sus sueldos el aporte a la caja jubilatoria. Lo sorprendente de ese rejunte, es que menos del 40% cobra un salario por encima de la “línea de pobreza”.

En el caso de Córdoba, 9 de cada 10 personas financian la compra de alimentos según el presidente de Almaceneros, Fernando Savore. A su vez, datos relevados por la consultora OTES, indica que cinco de siete sectores (médicos, docentes, comercio, etc.) perdieron poder adquisitivo en el último mes.

Por si no fuera poco, la investigación de Natalia Tumas (nutricionista e investigadora del Conicet-UNC), junto a la Universidad de Drexel (Finlandia), señaló que las personas en condiciones de precariedad presentan una expectativa de vida entre 3 a 4 años menos que quienes perciben mejores sueldos y tienen los derechos laborales cubiertos.

Estos datos refuerzan la denuncia que hace tiempo la población travesti-trans y trabajadores de la economía popular alegan con justa razón: la reducción de la calidad y expectativa de vida, depende de las condiciones en las que se encuentra el trabajador.

Números que no reflejan la realidad

A mediados de febrero, luego del escándalo de $Libra, el presidente fue entrevistado por Jonatan Viale, a quien le comentó que su gestión “sacó a 10 millones de personas de la pobreza”. Pese a la tenacidad del presidente en revolear cifras por doquier durante una hora y media, sus estadísticas son de las pocas que no reflejan la realidad de las y los argentinos.

Así como el ministro, Luis Caputo, hace uso de eufemismos para edulcorar las consecuencias del carry trade y dos deudas con el FMI que tienen plazo de pago hasta 2035, Javier Milei no para de desmentirse a sí mismo, ya que parece pretender nivelar hacia abajo. Es decir, mantener y ampliar la brecha del 48% de la población por debajo de la “línea de pobreza”.

De esos diez millones que mencionó, sólo el 2,5% “sacó” de la pobreza, es decir 2 millones. Esto sería meritorio, si no se hubiera basado en la medición del primer trimestre de su gestión, donde el INDEC indicó que el 54% estaba por debajo de “la línea de pobreza” y el 20% en la línea de indigencia. Qué, aún usando como trampolín estos datos, tampoco alcanza para a cubrir la magnánima cifra.

De ahí que economistas recomiendan tomar con pinzas las estadísticas del presidente, porque son las mismas que después utiliza para justificar a su favor, los recortes presupuestarios, los despidos, el superávit fiscal y el dólar “flotante”.
En paralelo, la población argentina compra alimentos en cuotas, vive con la incertidumbre de si será o no despedida y ve cada vez más como un mito, lo que alguna vez fue una realidad: tener las necesidades básicas cubiertas.