En agosto del año pasado, trabajadores de Fabricaciones Militares (FM) alertaron sobre una posible privatización de la empresa que beneficiaría a compañías vinculadas a la OTAN -principal adversario de Argentina-, cuya mayor base en el Atlántico Sur se encuentra en nuestras Islas Malvinas.
Por su capacidad de producción de municiones y explosivos a gran escala, empresas como la CZECHOSLOVAK GROUP S.A (C.G.S por sus siglas en inglés, República Checa), Hispania Group (España), y firmas estadounidenses cercanas al Departamento de Estado, avizoran como las principales interesadas.
Fundada en 1941 y referente de la soberanía militar argentina por su liderazgo en el desarrollo de capacidades tecnológicas e industriales para la defensa nacional, la industria de producción en equipamiento militar, se encuentra actualmente en situación crítica.
El viernes pasado, a pocas horas del tercer paro general durante la presidencia de Javier Milei y coincidente con la concreción del acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI, la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Economía, formalizó el cambio de figura legal de la firma estatal.
Fabricaciones Militares, histórica y estratégica empresa para la defensa nacional, se constituyó como Sociedad Anónima.
En diálogo con Enfant, David Salto, secretario general de ATE Río Tercero y empleado del sector de mecanizado en la planta de FM, detalló las implicancias de esta transformación:
“La conversión en Sociedad Anónima implica la pérdida de autonomía y soberanía estatal en materia de defensa al permitir el ingreso de capitales privados que podrían orientar la producción según sus intereses particulares”.
A principio de año, el Gobierno Nacional desactivó y subastó por completo la Fábrica de Explosivos de Jáchal (San Juan), deshaciéndose de equipo militar, contenedores y vehículos por un total de 605 millones de pesos. La unidad estratégica de la misma, dependía administrativamente de la planta de Villa María (Córdoba), donde actualmente trabajan 280 operadores que temen ser despedidos.
A su vez, el 20 de marzo, Nación le transfirió oficialmente a la provincia de Catamarca el Establecimiento Minero Capillitas con todos los derechos, bienes muebles, inmuebles y sus accesorios, mediante el Decreto 205/2025. El complejo minero a cargo de Fabricaciones Militares, pasó a depender de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.), cuyo único accionista es la provincia, a cargo de Raúl Jalil, socio de la Rosada.
En Río Tercero la situación fue similar. Salto recuerda lo sucedido en noviembre del 2024 cuando se retiró material bélico y equipamiento por parte del Ejército. Situación denunciada públicamente que no tuvo respuestas oficiales. En aquella oportunidad se trasladaron cañones 155mm en diferentes estados de reparación, así como los repuestos para su mantenimiento.
Es importante recordar que, en julio del año pasado, funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU visitaron las instalaciones de la fábrica militar cordobesa, dejando en claro su interés por la unidad metalmecánica.
“Hay incertidumbre sobre el rumbo a elegir por los privados que se hagan con la empresa, ya que solo pensarán en hacer negocios y no en la soberanía ni en los derechos para los trabajadores”, denuncia Salto.
Los más de 300 empleados estatales de la planta de Río Tercero, repartida en diferentes unidades productivas, entre ellas: pólvora, vagones, cañones, etc., constituyen un capital humano altamente capacitado. Empero, el desinterés por parte del gobierno hacia la producción nacional, los mantienen en estado de alerta.
Hasta el momento, la Dirección General de FM no ha emitido comunicado al respecto. Aunque la conversión en S.A anticipa un destino ajeno para el que fue creada la firma.
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