Crisis en educación: inician las clases con paro nacional docente

Un día antes de la reunión de los ministros de Educación de las provincias con la Secretaría de Trabajo de Nación, docentes de distintas provincias llevan a cabo un paro nacional para reclamar mejores salarios

Debido a la crisis que atraviesa la educación en Argentina, que tiene centralidad en la problemática salarial, docentes nucleados en la CTERA (CTA-A) realizan un paro activo con movilizaciones en los distritos donde hoy empiezan las clases según lo previsto por el calendario oficial: CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

La medida de fuerza, que cuenta con la adhesión del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), se realiza un día antes de la reunión prevista con el Gobierno nacional para negociar una suba salarial.

Fiel al plan de ajuste, el Ejecutivo Nacional a cargo de Javier Milei ha realizado un recorte abrupto que perjudica a las provincias, al no renovar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), caja creada en 1998 gracias a la lucha docente, para fortalecer los salarios del sector. De esta manera, Nación busca trasladar la responsabilidad del pago de salarios a los gobiernos provinciales.

Además, también se recortaron los recursos para comedores escolares y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, entre otros.

De esta manera, mañana martes 27 a las 18:00, los ministros de Educación de todas las provincias y a los gremios docentes con representación nacional se reunirán en la sede de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Omar Yasín, dentro de Capital Humano, para acordar una suba. Por su parte, ni la CTA, ni la CGT reconocen este encuentro como una paritaria, pero tomarán lo que se trate allí para llevarlo a los encuentros de las secretarías generales que continuarán realizando a raíz del estado de alerta.

La provincialización de los conflictos

Tal como sucedió durante el menemismo con la provincialización de la educación, es decir, la transferencia de las escuelas a las provincias, pero sin fondos, el gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Economía, busca que cada gobernador se haga cargo de los salarios, pero también de toda la infraestructura educativa. De esta manera, los conflictos docentes a nivel local se profundizan.

En esta línea, los gremios también vienen reclamando que al recorte a la educación se suma la eliminación de partidas para la alimentación escolar y la pretensión de que se declare la esencialidad de la tarea docente: "Esto representa el fin de nuestros derechos a reclamar".

En este sentido, desde el sindicato UEPC Córdoba Capital plantearon que el gobierno provincial viene incumpliendo el acuerdo salarial firmado en 2023, a lo que se suman los reclamos por las condiciones de infraestructura de las escuelas: "Existe un recorte del presupuesto educativo que se sub ejecuta y decrece desde 2017. A las más de 400 y robadas en 2023, se suman 70 sólo durante el verano".

A esto se suma “la pretensión del gobierno de Llaryora de que la docencia trabaje doble turno para lograr un salario que alcance apenas la línea de pobreza. Una nueva manera de precarización laboral”. De este modo, “al aumento de las problemáticas sociales producto de la profunda crisis que vive el país, lo abordan docentes extenuados”.

“En primer lugar, el gobierno desconoció la paritaria firmada en 2023 fuera de cualquier legalidad y nos quiere imponer, para los cuatro primeros meses del año, cobrar la mitad de la inflación. Si tenemos en cuenta que el salario de una maestra no cubre la mitad de la canasta de pobreza y que en este periodo la inflación superará el 60%, el gobierno nos plantea, lisa y llanamente, pulverizar nuestros salarios”, expresaron en un comunicado.

Respecto de las jubilaciones, agregaron que “en su mayoría no llegan al 70% del salario de los activos”. Y sobre las coberturas sanitarias, plantearon que “a pesar de que el gobierno nos aumentó el aporte al APROSS, se redujeron las prestaciones. Así, 80 mil docentes nos encontramos prácticamente sin cobertura médica”.

“Esto ocurre en un gremio integrado mayoritariamente por mujeres, donde a la labor docente se agregan las tareas del hogar, cuidado y crianza y donde nuestros y donde nuestro descanso semanal está destinado a la planificación de clases”, cuestionaron desde UEPC.

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