Por Agostina Polischuk para Enfant Terrible

Primero es importante saber que toda persona con capacidad de gestar, tiene el derecho de acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive. Además, los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional y se pueden realizar en el servicio de salud pública o a través de las obras sociales y entidades de medicinas prepagas. En el sitio web de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentra más información al respecto para acceder a un aborto.

Con la información de público conocimiento detallada por el “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal” que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil, se conocen aspectos positivos y otros a mejorar. Estos datos son fundamentales para avanzar en la identificación y el abordaje de las barreras regulatorias y estructurales que impiden que la política siga consolidándose.

La ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las jurisdicciones con la tasa más alta de aborto (13 de cada 1000 personas gestantes). Con respecto a las más bajas, se encuentran Corrientes, Chaco y Misiones, con tres veces menos Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante 2022. Según el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), la diferencia que se refleja en los datos sobre el acceso a la interrupción voluntaria, podría deberse a las desigualdades en cuanto a la provisión de servicios en hospitales y centros de salud públicos que persisten entre provincias.

Desde Enfant Terrible, se le consultó sobre dicha disparidad a Mercedes Krause, socióloga e investigadora del CEDES, e integrante del Proyecto Mirar y recalcó que “si bien desde el año 2020 se duplicó la cantidad de servicios que realizan IVE ILE y la mayoría de las provincias aumentó su disponibilidad de servicios, otras se mantuvieron estables o bien disminuyeron su cantidad entre 2021 y 2022”, tal es el caso de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego.

Si bien el informe presenta una gran aproximación sobre la implementación del derecho al aborto en el país, los datos no son del todo precisos. Esto se debe a que no todas las provincias producen informes públicos de gestión sobre las políticas empleadas en sus territorios con respecto al cumplimiento de la ley. Además, “las prepagas y obras sociales no tienen la obligación de reportar sus prestaciones de aborto”. Según Krause, falta el registro de aspectos significativos como “la calidad de los servicios”, por ejemplo.

Por misoprostol legal, seguro y gratuito

Aún así, se encuentran varios datos aportados por el informe que son alentadores. Desde que se aprobó la ley, se duplicó la cantidad de servicios en salud pública que garantiza el IVE; el número de interrupciones en el sector público se incrementó un tercio y las muertes maternas por aborto, se redujeron a la mitad.

Con respecto a la tasa de fecundidad adolescente (de 15 a 19 años) bajó en un 33% respecto al 2019, a nivel país. Esto último, podría deberse a una combinación de factores: mayor acceso a la Educación Sexual Integral en los distintos sectores; el uso de implantes por parte de adolescentes que permiten tener un anticonceptivo -puesto que dura de tres a cinco años- y más acceso a los anticonceptivos en los distintos centros de salud, entre otros.

Una de las conclusiones del expediente, es que la política de acceso al aborto generó “prácticas ejemplares” en cuanto al diseño, implementación y evaluación, y a la provisión de servicios de salud. Que esto esté resultando así, no solo tiene que ver con un contexto de legalidad y de voluntad política en torno a su implementación, sino también con la organización y militancia feminista que ayudó a diseñar y gestar el proyecto vigente a base de investigación y experiencia.

Ya en la clandestinidad y en compañía de colectivas como Socorristas en Red, los abortos se gestionaban en todo el país por grupos que se reunían con las personas interesadas, brindaban información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ayudaban a conseguir el medicamento y en articulación con algunxs profesionales de la salud (poquísimxs en comparación con los datos publicados por el monitoreo) se realizaban los controles posteriores a la interrupción. Todo este proceso con el seguimiento telefónico de las socorristas, quienes además buscaron sacar al aborto del silencio, la vergüenza, la culpa y la estigmatización para hacerlos públicos y visibilizarlos políticamente.

Para la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la producción pública de misoprostol apareció en el debate de la IVE desde el primer día porque, en realidad, siempre estuvo en el centro de la agenda. Según los datos recientemente expuestos, los laboratorios provinciales que están fabricando misoprostol son el LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico) de Santa Fe (pasó de 26.388 comprimidos en 2020 a 1.083.600 en 2022), Laboratorios Puntanos, de San Luis, y el Profarse, de Río Negro.

¿Qué implica la producción nacional de la droga? Un montón. Mayor disponibilidad, distribución y accesibilidad en los costos. Además, la ANMAT aprobó la mifepristona que, junto al misoprostol, son considerados “esenciales” para realizar el procedimiento de manera más eficaz y segura según las recomendaciones de la OMS. No obstante, “todavía persisten prácticas nocivas como el uso del legrado o raspaje y la necesidad de solicitar una receta archivada por duplicado para la compra de misoprostol”, según informa Mercedes Krause. Otra señal preocupante, fue la presencia de cartillas religiosas en algunos servicios de salud, planteando dudas e imparcialidad en la garantía de un derecho ya consagrado.

La difusión: una pieza clave en la gestión de derechos

Para la implementación de toda política pública, es fundamental que la información llegue a la totalidad de la población. Con respecto a la comunicación, el Proyecto Mirar evidencia un descenso en los artículos publicados sobre aborto en los medios gráficos. Al consultarle sobre la importancia de la comunicación en esta materia, Krause expresó que “los medios de comunicación tienen un rol social fundamental, que es el de marcar, validar o sostener temas en la agenda pública”. En cuanto a la disminución de la cobertura del último tiempo: “puede observarse como una señal preocupante en el contexto actual que da cuenta de la
necesidad de construir una nueva agenda y acordar acciones políticas en alianza con actores claves”, finalizó.

Se entiende que la necesidad de aprobar una ley implica una atención excepcional e incesante sobre el reclamo. En el 2018, el volumen de cobertura mediática resultó inédito con 4.667 artículos publicados sobre aborto. Hoy en día, tampoco podemos decir que exista un silenciamiento, pero el tema ya no aparece en los medios ni en las declaraciones públicas de nuestrxs funcionarixs. Excepto por integrantes de La Libertad Avanza: “Según nuestro rastreo, sólo el candidato a presidente Milei y la vicecandidata Villarruel de Libertad Avanza han declarado públicamente que, de ganar la presidencia, derogarían la ley de aborto en Argentina”, expresa Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular del CEDES e integrante del proyecto. “Si bien es muy poco probable que ganen las elecciones, el hecho de plantearlo provoca cierto enrarecimiento del clima con relación a este tema”.

Argentina está en pleno año electoral: hay fórmulas y precandidatxs de los diferentes partidos que se presentan, pero también mucha incertidumbre sobre lo que pueda suceder. En el mismo sentido, y con candidatxs expresamente en contra de leyes como la IVE y la Educación Sexual Integral, se necesita que el resto de las figuras políticas se expresen públicamente alrededor de temas que son centrales para el colectivo de mujeres y disidencias.

“Por ahora, los otros candidatos no se han manifestado”, comentó Ramos.

Sin embargo, una ley como la del aborto que cumplió con todos los pasos democráticos correspondientes para su aprobación “no debería formar parte de la agenda de campaña”, aclara la investigadora. La Ley 27.610 fue aprobada por el Congreso como resultado de un gran debate y consenso social, consagrando un derecho que avanza en el reconocimiento de la libertad reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar: “La sociedad y la política ya resolvieron este tema y lo hicieron en la dirección apropiada, con estándares internacionales de derechos humanos y una amplia conciencia y firme decisión sobre el impacto favorable que esta ley tiene sobre las oportunidades de vida y la salud de las personas”, concluye.

No es novedad la histórica desigualdad en el reconocimiento y las oportunidades de acceso de las mujeres y del colectivo LGBT+ a los espacios de toma de decisiones. Hay paridad en el poder legislativo a nivel nacional, pero todavía no existen leyes que garanticen cupos en espacios de vital importancia como son los poderes ejecutivos y judiciales. Además, la poca presencia de las mujeres y de las disidencias en las fórmulas, debería alertarnos en el 2023. Es por ello que resulta fundamental visibilizar los reclamos en los que se debe avanzar para fortalecer la igualdad de oportunidades, así como sostener y continuar fortaleciendo los derechos ya conquistados.