Los casos de Matías Paredes, Ivo Torres y Ramiro Dina se suman a la larga lista de víctimas de un Estado que, bajo el disfraz de proteger a la ciudadanía, promueve un aumento en la violencia estatal. En estos casos, la muerte no solo es el resultado de un sistema de seguridad cada vez más represivo, sino también de un profundo racismo estructural y una falta de responsabilidad por parte de quienes deberían garantizar la integridad física de todas las ciudadanas y ciudadanos, sin distinción.

El asesinato de estos tres jóvenes pone en cuestión la relación entre “libertad” y “seguridad” en un país donde las fuerzas de seguridad parecen tener más vía libre que nunca para tomar la vida de quien consideren sospechoso. Esta escalada tiene lugar el mismo mes donde el Ministerio de Seguridad bajo la tutela de Patricia Bullrich pasó a llamarse Ministerio de Seguridad Nacional.

Persecución mortal en “La Feliz”

El 6 de febrero un joven de 26 años, Matías Paredes, fue asesinado por efectivos de la Policía bonaerense en el barrio Bosque Grande de Mar del Plata. Los policías, vestidos de civil y sin identificación, confundieron a Matías con un supuesto criminal y lo persiguieron a tiros. Los disparos, al menos cuatro, impactaron en su cuerpo, causándole la muerte instantánea.

Matías, quien trabajaba en la construcción, recibió los disparos en el asiento trasero del auto y, aunque su familia lo trasladó rápidamente a un hospital, ya era tarde. El fiscal Alejandro Pellegrinelli investiga el caso bajo la carátula de homicidio agravado. En la escena del crimen se hallaron vainas de calibre 9 milímetros, mientras se esperan los resultados de la autopsia y los peritajes de las armas de los policías involucrados.

¿Cómo es posible que la policía, con la vida de un joven en sus manos, no se preocupe por los protocolos más simples de identificación? ¿Dónde queda la seguridad para los ciudadanos cuando el propio Estado se convierte en el mayor peligro?

El caso de Ivo Torres en Jujuy: el racismo mata

El 6 de febrero, Ivo Torres, joven kolla de 22 años, fue asesinado a tiros por la Gendarmería Nacional en La Quiaca, Jujuy, mientras transportaba hojas de coca para su comunidad. Un producto que es parte de su cultura ancestral y de uso común. Pero también motivo de una constante persecución y estigmatización por su consumo.

La autopsia confirmó la brutalidad del hecho: recibió dos disparos. El primero, en la pierna, lo hizo perder el control de la moto; el segundo, por la espalda, perforó su pulmón, causándole la muerte. La moto de Ivo fue acribillada con otras siete balas.

Cuatro gendarmes fueron detenidos y se les dictó prisión preventiva, entre ellos el Sub alférez Alexander Gunther, el sargento Walter Álvarez (quien es señalado como autor de los disparos), el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewski y la cabo Juliana Enciso. El fiscal Sebastián Jure calificó el delito como “homicidio doblemente agravado”. Sin embargo, la investigación está marcada por contradicciones en las declaraciones de los gendarmes y denuncias de encubrimiento.

El asesinato de Ivo subraya la violencia racista y la indiferencia de un Estado que considera a los pueblos indígenas solo sujetos de persecución. Es el segundo asesinato por parte de la Gendarmería Nacional en tan solo dos meses de la implementación del Plan Güemes por parte de Patricia Bullrich, cuyo objetivo es militarizar -aún más- la frontera con Bolivia.

Ramiro Dina en Viedma: una detención que terminó en muerte

El domingo pasado Ramiro Dina, un joven de 20 años, perdió la vida mientras era trasladado por la Policía de Río Negro en Viedma. Su detención, inicialmente por disturbios menores relacionados con un incidente entre hinchas, desató una serie de protestas que incluyeron disparos frente a la comisaría.

El joven había sido reducido en la Ruta 1, aparentemente por un enfrentamiento con un grupo de la hinchada de la 268 Viviendas de Carmen de Patagones, tras un partido. Durante su traslado a la comisaría 30 sufrió una descompensación de la que no pudo recuperarse, a pesar de los esfuerzos de reanimación.

La autopsia realizada a la víctima reveló que no había lesiones internas graves, pero sí se identificaron heridas externas. Sin embargo, estas no serían suficientes para justificar la muerte, por lo que se ordenaron estudios histopatológicos y toxicológicos complementarios para determinar la causa exacta.

La Policía de Río Negro fue apartada de la investigación; y la Policía Federal asumirá el liderazgo de las pesquisas. Además, se solicitó el secuestro de los libros de guardia y del móvil policial que trasladó al joven. También se iniciaron la recolección de testimonios clave para avanzar en la investigación.

Una escalada de represión bajo el manto de la “libertad”

Lo que une estos tres casos es, precisamente, esa “libertad” que le han dado a las fuerzas de seguridad: libertad para disparar sin consecuencias, libertad para ejercer represión contra los cuerpos de jóvenes pobres, indígenas y de barrios populares, libertad para aplastar cualquier intento de disidencia o cuestionamiento. Y todo esto sucede mientras el gobierno de Javier Milei, bajo el paraguas de Patricia Bullrich, afirma que la seguridad está garantizada. Pero ¿seguridad para quién? ¿Para las élites o para el pueblo que sigue cayendo bajo el peso de la represión estatal?

El cambio de nombre del Ministerio de Seguridad Nacional, lejos de ser un simple trámite administrativo, es un mensaje claro: la mano dura sigue, y sigue con fuerza. Pero también la pregunta permanece abierta: ¿Qué tipo de libertad estamos dispuestos a defender si la seguridad se construye sobre la muerte de los jóvenes?