La población de Mendoza es de unos 2.014.533 habitantes, el 60% reside en la capital. Constituida por las comunidades Huarpes, Puelches, Mapuches -previo a la colonización- conserva, entre sus habitantes, la memoria del agua.

Al ser una zona árida, las escasas precipitaciones y los elevados valores de evapotranspiración hacen que la ciudadanía tenga un contacto directo con el estrés hídrico. En 1884, aprobaron la “Ley de aguas”, la primera normativa en el país para el control del uso de cuencas y acequias.

4 son los oasis que alojan al 95% de la población: Oasis Norte, formado por los ríos Mendoza y Tunuyán Inferior. Oasis Centro o Valle de Uco, que se organiza a partir del río Tunuyán Superior, Oasis Sur que tiene su origen en los ríos Diamante y Atuel y el Oasis Malargüe.

Que las y los mendocinos lleven consigo la memoria del agua se debe a la necesidad del cuidado ante la escasez, porque aunque estén rodeados de periglaciares, la mayoría del agua se encuentra congelada.

Del lado del RIGI o del lado del agua

La principal actividad económica en estas zonas se desarrolla mediante la ganadería extensiva. La cría de ganado caprino y bovino es el sello de las llanuras desérticas. Otras actividades significativas son la minería (metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación) y el petróleo con diferentes efectos ambientales según los casos.

La provincia es un territorio en disputa entre los conglomerados empresariales interesados en la explotación y extracción de recursos y la denominada Pueblada. Problemática que terminó por ejecutarse, en 2024, tras la aprobación del Régimen e Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley 9.684 del proyecto minero San Jorge.

El proyecto del RIGI junto con la Ley Bases y el DNU 70/2023 fueron un paquete de reformas estructurales para que el sector privado (empresas) pueda intervenir sobre bienes públicos (uso del suelo y la tierra), sin consulta popular. Cada vez que se concesiona una exploración minera no puede ser modificada en 30 años y todo juicio posterior pasaría por un tribunal internacional.

“Acá nosotros decimos que se está del lado del agua o del lado del RIGI”, comentó a Daniel Díaz Romero y a Pablo Ramos, Teresa “Guni” Cañas, referenta de las Asambleas en Defensa por el Agua.

Memoria del agua

Además de la ley de 1884, en 2007 las comunidades mendocinas lograron la aprobación de la Ley 7.222, bautizada como “la guardiana del agua”. La misma estipula que queda expresamente prohibido: el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico por parte de las mineras metalíferas, con el fin de proteger las cuencas.

Es que el suelo cordillerano es rico en cobre y litio, entre otros minerales raros, por lo que para los holding mineros resultan en un gran incentivo para la acumulación y producción de energía, más ahora que las “energías renovables” son tema de agenda política.

“La causa principal es oponernos a la imposición de la megaminería y todos los atropellos que ello significa, con las consecuencias ambientales, sociales y económicas que encierra. Estamos viviendo un virtual estado de sitio con la represión a las manifestaciones y el encarcelamiento de opositores con causas armadas por el gobierno de Mendoza, por orden de la Minera San Jorge, cuyos dueños (el holding Solway) cuentan con un abultado prontuario de violaciones a los DDHH”, cuenta Federico Soria miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

La localidad de Uspallata, ubicada en el departamento Las Heras, al límite con Chile, fue el destino predilecto del Proyecto San Jorge para la exploración metalífera al conseguir la aprobación, en diciembre de 2025, de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Ley 9.684.

Supuestamente el “incentivo económico” sería de 600 millones de dólares y “4000 puestos de trabajo”, basado en una proyección extractivista de 27 años y la posibilidad de contaminar la cuenca del Río Mendoza que abastece al 75% de la población. 

Más no deja de ser una falacia, ya que ninguna ganancia queda del extractivismo, ni tampoco sería una fuente de trabajo para los mendocinos, debido a que el RIGI le permitiría al PMSJ (cuyos dueños son Solway y Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina) contratar mano de obra barata de otras provincias o países vecinos.

“Hay una cuestión fundamental que no hay que pasar por alto: la consolidación y exacerbación de la ideología extractivista como política de estado en los diferentes ámbitos de gobierno. Relato sin sustento técnico-científico basado en la falsa creencia de que los países o las regiones pueden progresar en base al aniquilamiento de la naturaleza y el sometimiento de los pueblos”, continúa Soria.

Presidente en la mira

El prontuario de Martín Rappallini es para una investigación de doctorado. Además de ser presidente de la UIA y del “Grupo Alberdi” (conglomerado con inversiones en cerámica, minería y energías renovables) es dueño del proyecto Cerro Amarillo (que hasta hace poco era el único proyecto de minería metalífera de Mendoza) y accionista minoritario (el 30%) del Proyecto San Jorge. El 70% restante pertenece a Solway. Además estuvo detrás del cabildeo de la Ley de “Modernización Laboral” que recibió media sanción en el Senado y está pronta a ser votada en Diputados.

“Como siempre está en el medio la impronta de los grandes negocios privados que guían la vida y la economía de los países, acompañado por campañas que hacen hincapié en que supuestamente es 'la única salida' a la crisis económica y sistémica”, refiere Federico.

El entramado de negociaciones entre los conglomerados empresariales, entre los que se encuentran: Canadá, países árabes, Brasil, España, Bruselas e Inglaterra, con el poder ejecutivo, mediático y judicial, provoca un desgaste por 'goteo' que desarma a la comunidad.

“Pueblos empobrecidos para que llegue el extractivismo como solución”, comenta Guni Cañas.

A todo esto se suma la compleja relación entre una población que volvió a elegir como gobernador a Cornejo (aliado al Gobierno Nacional) y la movilización colectiva por la defensa de un bien finito que de contaminarse pondría en riesgo el ecosistema cordillerano.

“La imposición de la ideología extractivista produjo un aumento de los niveles de desigualdad, pobreza, desempleo, costo de vida, pérdida del poder adquisitivo, inflación, etc. que nos llevó a una existencia cada vez más cara y comprometida. Lamentablemente esta situación no está siendo visibilizada, por el contrario, se apunta a otros factores secundarios en una suerte de imponer una disociación entre el hombre y el entorno, cuando la realidad indica que nadie está exento de un destino similar”, refuerza Soria.

Detenciones arbitrarias e infiltrados

La Pueblada viene movilizándose en diferentes puntos de la provincia convergiendo en el KM0, desde noviembre de 2025. En enero del mismo año lograron frenar la aprobación de la DIA. Sin embargo, ahora no sólo presenciaron el voto positivo de las 2/3 partes, sino que además, la policía usó la Agencia de Turismo y la legislatura como centro de detención. Por el momento hubo 32 imputados. El sábado 7 de febrero liberaron a los últimos 9.

“Otra vez la policía uniformada estaba sin identificación, otra vez se excedieron en el uso de la fuerza... Incluso la fiscal se asombró de que los trajeran detenidos cuando no había ni una orden ni una imputación formal”, describe en la crónica para AnRed, Eugenia Segura.

Por su parte, Federico comenta que el quiebre de los movimientos de resistencia mediante operaciones de infiltración, “resultan en una fragmentación en donde algunas de estas agrupaciones ponen más énfasis en invalidar al vecino y sus ideas proactivas, que en la defensa de los intereses comunes”.

Lo que puede un cuerpo

¿Qué futuro prevé el gobernador Cornejo para la población que dice representar? Nadie vota su propio exterminio.

“Creo que el punto de partida es emplear herramientas colectivas como el pensamiento crítico, el enfoque multidisciplinario y la cosmovisión ancestral. Una tarea muy difícil pero no imposible”, concluye Soria.

Los intereses en juego son muchos y la resistencia de la comunidad pareciera no doblegarse, aunque la represión sea cada vez más cruenta. Con el amparo del ejecutivo, de las fuerzas de seguridad y la criminalización de la protesta, el holding minero está a la espera de poder iniciar la extracción de recursos, cuente o no con la licencia social.

Fotografía de portada: ANDRES LARROVERE, AFP.