Las brutales represiones vividas en el Congreso en el marco del tratamiento de la Ley Ómnibus la semana pasada, continuaron comprobando que el "protocolo" presentado por Patricia Bullrich para que las fuerzas actúen en las manifestaciones, apunta a cercenar el derecho a la protesta.
Sin discriminar entre organizaciones populares, jubilados e incluso quienes estaban en actividad laboral como el caso de los más de 30 periodistas, recibieron balazos, fueron gaseados y algunos hasta terminaron detenidos. En esos tres días, un total de 285 personas fueron lesionadas por las tonfas, balas de goma y gases químicos, según la Comisión Provincial por la Memoria, integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
En este marco es que el juzgado de Sebastián Casanello decidió hacerse cargo bajo la figura de habeas corpus, de la denuncia presentada por la legisladora porteña del MST (Movimiento de Trabajadores Socialistas) Celeste Fierro, ante las serias falencias jurídicas que presenta el protocolo, luego de que rebotara en otros ocho juzgados que se declararon incompetentes.
Al dar lugar a la denuncia, Casanello exige a Bullrich que indique "pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados" en relación al protocolo anti protestas. Además, solicita "precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el protocolo" y si existió un "examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos". Y por último, la resolución pide dar conocimiento si existieron otras denuncias contra dicho protocolo y qué accionar se tuvo desde el Ministerio ante las mismas.
"(...) Ahora, la ministra, tiene 72 hs. para informar sobre antecedentes, dictámenes jurídicos previos y comprobar que se adecua a las normas internacionales de DD.HH. Un primer paso positivo y esperamos que cuanto antes el juez suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional. Por nuestra parte, lo vamos a seguir enfrentando en las calles", celebró Fierro a través de X.
De base, el protocolo de Bullrich es anticonstitucional, porque pretende avanzar sobre una reforma que no puede efectuar desde su lugar de ministra del Ejecutivo. Por ejemplo, pretendiendo reformar el artículo 194 del Código Penal con el objeto de endurecer las penas contra quienes se manifiesten, con cárcel efectiva de un año (1) a tres años (3) y seis meses.
Lo más escandaloso también se encuentra en la prohibición de las reuniones de más de tres personas y la solicitud previa al Ministerio para hacerlo, como si se tratase de un virtual estado de sitio cuando el principal problema en Argentina que viene a supuestamente solucionar el gobierno es económico, no militar, ¿cierto?
Por su parte, a raíz de este mismo contexto, el pasado viernes, desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), el CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) y la Argra (Asociación de Reporteros Gráficos) realizaron una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el otorgamiento de las medidas cautelares a favor de trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes individualizadas.
El mismo día, desde la CIDH emitieron una declaración, horas antes de la grave represión en los alrededores del Congreso: "#Argentina: #CIDH recuerda que la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, conforme estándares interamericanos de #DerechosHumanos.".
Entre denuncia y denuncia, entre presentación y presentación, ese mismo día el abogado Matías Aufieri, del CeProDH debió ser hospitalizado tras recibir un disparo de bala de goma en su ojo izquierdo, al mejor estilo represión carabinera en Chile, o policía provincial jujeña. Una brutalidad que comienza a tener desmedida, donde los gases queman y las balas ciegan. ¿Qué se puede esperar de Bullrich?
La ministra disfrazada de militar no es de ahora, ya que sus pretensiones de déspota al estilo Leopoldo Fortunato Galtieri gastada ya estaban presentes cuando ocupaba el mismo cargo que ahora, cuando formaba parte del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Ya que existe una cuestión revisionista alrededor de Bullrich, tal vez sí haya que fijarse más en su pasado como montonera, porque allí es cuando pudo haber adquirido herramientas para pensarse en el arte de la guerra (contra militantes populares).
Pero un pregunta a hacerse en todo esto es: ¿hacia dónde quiere ir Bullrich? Alguien que pasó de ser candidata a presidenta de la Nación, una posible jefa de Estado, a ocupar un cargo que ya ocupó, sabiendo que para instalar el modelo que debe instalar Milei-Macri necesita reprimir, y, tal como ya lo hizo con Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, hacer desaparecer y asesinar gente.
"Con el tema del muerto lo único que lográs es no hacer nada", le dijo Bullrich a la periodista Romina Manguel, en una entrevista para FM Milenium, cuando ésta última le preguntó si no podría haber "un muerto" a raíz de las graves actuaciones de las fuerzas.
Pareciera que Bullrich vive en una especie de show, una ficción creada por la ministra, quien toma muy en serio su papel en el plan comunicacional del Gobierno nacional. El montaje represivo pretende mostrar que se quiere solucionar un problema (cortes de calle) cuando en realidad las problemáticas que lo producen se agravan cada vez más.
Parte de este show también consiste en querer hacer pagar los gastos de los operativos a las organizaciones, algo que choca de lleno con la consigna que instaló el gobierno: "No hay plata". Pero desde el Ministerio publican las cifras del costo de los operativos. En el caso de los últimos tres operativos $134.486.038 según publicó la propia Bullrich en su cuenta de X. Entonces, ¿hay o no hay plata?
Tal vez la frase "no hay plata para salarios y jubilaciones, pero sí para represión" debería terminar con: "pero sí para las empresas que lucran con la represión". En este caso para empresas como la estadounidense Combined Systems, encargada de fabricar el nuevo Gas MK-9 Magnum Stream que comenzaron a utilizar las fuerzas federales y produce quemaduras.
A todo esto, lo más probable es que el destino del "protocolo" de Bullrich, su montaje represivo y su carrera teatral disfrazada de política y manchada de sangre, termine con una pared. Una funcionaria que ya conoce de estallidos sociales, huevazos y el "que se vayan todos", tal vez ya no tiene nada que perder. La figura es deprimente, decadente y poco seria, como el propio protocolo. Más aún, lo es pensando en que no le interesan los muertos que pone el pueblo, que nunca están uniformados.
Foto de portada: Camila Flores Catino
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