El pasado viernes 7 la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba realizó el conversatorio "La otra pandemia: Violencia Institucional en la provincia de Córdoba" por el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional acontecido el 8 de mayo. En esta fecha se conmemora la Masacre de Budge de 1987 recordando las violaciones a los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad y se promueve la adopción de políticas públicas que contrarresten estos escenarios.

En el conversatorio estuvieron familiares de víctimas de gatillo fácil, persecución y desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad: Soledad Laciar (madre de Blas Correa), Soledad Paredes (madre de Joaquín Paredes), Claudio Mazzina (padre de Yamil Alexis), Sandra Zarandón (mamá de Álvaro Zarandón), José Ávila (padre de José Antonio Ávila), Viviana Rivera Alegre (madre de Facundo Rivera Alegre), Eugenia Vázquez (hermana de Andrea Viera) y Miriam Medina (madre de Sebastián Bordón).

Sus experiencias de dolor y resistencia se vuelven claves para dimensionar la estructura política que se encuentra detrás de la matanza de tantxs pibxs, develando algunas continuidades con respecto al periodo de la última dictadura cívico-militar con un rol clave de los medios de comunicación.

Licencia de Impunidad

"Cuando un policía jala el gatillo es porque tiene una orden del poder político"

Esto afirmaba Viviana Rivera Alegre para denunciar el aval con que cuentan las fuerzas en su accionar, tal como sucede en el caso de Blas donde dos de los policías que le dispararon tenían causas judiciales abiertas, ¿quién regula a la Policía? Incluso en el caso de Joaquín Paredes dos policías fueron excarcelados bajo fianza de $200.00.

En relación a los procesos jurídicos, algo que salió repetidas veces y que no debe naturalizarse, es la lentitud con que actúan los funcionarios del poder judicial encubriendo policías y funcionarios de otros ámbitos. Por ejemplo, al homicidio de Joaquín Paredes lo caratularon como "abuso de autoridad" a tres días de la feria judicial, haciendo esperar meses a las familias para continuar con la causa sin poder sanar el dolor y dejando expuestas a las familias a la persecución y los aprietes que realizan los acusados. Otros casos como el de Yamil Alexis son archivados por "falta de pruebas".

También ocurre que investigan a las familias de las víctimas como en el caso de Vivi Alegre, mientras la Policía les pinchaba el teléfono para escuchar sus llamadas. Por su parte, también a la familia de Miriam Medina les hicieron investigaciones cuando siquiera estaban en Mendoza, misma provincia donde asesinaron a Sebastián.

Otra de las continuidades que reflejan la mayoría de las causas es la dificultad para acceder a los expedientes, así como la falta de disposición de los funcionarios jurídicos para acompañar a las familias ante su necesidad de conocer el estado del proceso judicial. Esto se suele nombrar como "los tiempos judiciales" para definir la tardanza en estos ámbitos y que terminan por acrecentar la incertidumbre y el sufrimiento de las familias y amigxs que exigen justicia.

Estos hechos demuestran que la policía tiene una "licencia de Impunidad" otorgada por la custodia estatal, permitiéndoles actuar de manera abierta sobre los caminos que le otorgan las mismas instituciones que los forman, algo que también fue cuestionado, ¿en qué condiciones se están formando estas personas?¿En que condiciones están de portar un arma y operar bajo los papeles de autoridad que el Estado les concede?

Pero como decía Eugenia, hermana de Andrea la primer mujer desaparecida luego de la dictadura en 2002, "la impunidad tiene límite" y se podría reforzar con la postura de Claudio, padre de Yamil: "en la búsqueda de Verdad y Justicia yo no tengo un techo". Una vez más son las familias quienes tienen que salir a reclamar, dar vueltas por plazas, tribunales y comisarias exigiendo la aparición con vida, los nombres y apellidos de los responsables y el acompañamiento las organizaciones y el resto de la sociedad. Son las familias quienes están al frente en la lucha contra la impunidad y el silencio.

"Los medios de comunicación construyen voluntad popular"

Los medios hegemónicos también tienen continuidades a la hora de avalar la impunidad, por ejemplo, responsabilizando a las víctimas de la propia violencia que sufren. Sirviéndose de las versiones policiales se construyen relatos sobre "enfrentamientos" y capturan imágenes de armas implantadas por la propia policía, algo propio de la última dictadura cívico-militar. Son las propias familias de lxs pibxs quienes luego deben exponerse para desmentir las versiones de enfrentamientos, robos, narcotráfico o "algo" que "seguro habrán hecho".

"Los medios de comunicación son una herramienta de presión" afirmó una de las familiares. En este sentido las versiones autónomas recuperadas por la experiencia de las familias se vuelven claves para contrarrestar las versiones hegemónicas. A su vez, se hace necesario reforzar la coordinación con los medios autogestivos para disputar los imaginarios sociales, las representaciones que las personas tienen de estos casos, muchas veces construidas desde los sentidos de los medios hegemónicos. Poder balancear esa disputa no implica solamente "romper el cerco mediático" sino exponer los manejes descriptos anteriormente. En este sentido, la comunicación autogestiva se vuelve esencial para la transformación social, política e institucional.

Una observación de familiares sobre la relación con las organizaciones y medios autogestivos planteaba que por momentos la coordinación se ve fortalecida, habiendo una mayor presencia de las causas y los relatos autónomos en la opinión pública. Por lo general este peso se refleja más en el comienzo de las causas, pero se dificulta sostenerlas en escena a medida que avanzan y la ciudadanía pierde rastro del proceso jurídico, algo favorecido por los vericuetos del Derecho, disminuyendo la presión.

¿Quién no ha sufrido violencia institucional?

La tríada medios hegemónicos, Poder judicial y Poder Ejecutivo fue caracterizada por Sandra Zarandón como una "corporación" estructurada "desde el más de arriba hasta el de más abajo" para el ejercicio de la opresión sobre lxs jóvenes y sus familias. Es una batalla en varios frentes a la vez, que requiere de la articulación continua entre familias, organismos de Derechos Humanos y otras organizaciones sociales, así como medios autogestivos de comunicación.

Poder revertir la estructura actual que favorece la impunidad, no es solamente darle impulso a las causas realizando un acompañamiento psicosocial, jurídico y económico a las familias; es también repensar el sistema democrático que actualmente favorece la impunidad y promueve los crímenes que sufren. Es también buscar sanar los vestigios de la dictadura militar que hasta el día de hoy abren las heridas de nuestra sociedad, profundizadas por normativas vigentes como el ex Código de Faltas (hoy llamado Código de Convivencia).

Preguntarnos "quién no ha sufrido violencia institucional" es también preguntarnos, ¿quienes son libres de sufrir contra un aparato diseñado para la represión sistemática?¿por qué el foco principal en lxs jóvenes de sectores populares? "Los pibes son el presente" afirmó una de las familiares. Bajo esa analogía, que disparen a lxs pibes y a sus sueños, también disparan contra las ilusiones de un presente más justo y digno para todas las personas sin distinción de clase, etnia, género y/o procedencia.