Hoy, la Cámara Criminal y Correccional integrada por los jueces Ángel Francisco Andreu, Ricardo Arístides Py, Javier Rojo y el jurado popular de los Tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, dictarán sentencia sobre los seis oficiales imputados por la represión policial que asesinó a Joaquín Paredes e hirió a otros jóvenes en octubre de 2020, en la localidad de Paso Viejo.

Debido a la carga probatoria, conformada por los testimonios que se presentaron durante más de dos semanas en las distintas audiencias como por el reporte de los peritos técnicos, la fiscal Fabiana Pochettino pidió la semana pasada el agravamiento de las imputaciones y el cambio de caratula sobre los acusados tras entender que la descripción de los hechos que llegaron al juicio eran diferentes a los hechos que debían juzgarse.

En este sentido, los oficiales Maikel López e Iván Luna arriban a la parte final del juicio en calidad de homicidio calificado y tentativa de homicidio en concurso real. Mientras que Ronald Aliendro, José Gómez y Enzo Alvarado serán juzgados como partícipes necesarios y coautores del homicidio. Por su parte, Sosa Gallardo, está imputado por amenazas calificadas.

Además, en el día de ayer, la fiscal y la querella pidieron la cadena perpetua para los otros cinco oficiales acusados de delitos graves.

El poder judicial: ese monstruo grande

Llegar a un juicio por “gatillo fácil” es una lucha ardua que las familias víctimas de la represión estatal deben afrontar con el necesario pero insuficiente acompañamiento de otras familias (también víctimas) y en algunos casos de determinados sectores sociales y políticos. A sabiendas de que la mayoría de los pibes no consiguen un juicio justo, las esperanzas de los y las familiares de encontrar justicia y reparación para sus hijos, es permanente.

Durante todo el proceso, es decir, desde el asesinato hasta la posibilidad remota de que el hecho sea juzgado, el Estado está presente con un accionar sistemático en todos los casos:

La Policía sigue hostigando a los familiares de la víctima con el objetivo de acallar sus reclamos y reprimir sus deseos de justicia, el Poder Judicial tiende a no recibir las peticiones de los defensores de los pibes asesinados, pues los criminaliza y discrimina corriéndolos del lugar de “víctimas” para señalarlos como “victimarios”, y -en la mayoría de los casos-, también obstruye los procesos de investigación, niega la posibilidad de acceder al expediente, y/o cierra las causas beneficiando a quienes cometieron crímenes de Estado.

El proceso judicial que hoy finaliza definirá las responsabilidades policiales, ignorando las políticas. Una vez más, al igual que en los juicios similares llevados a cabo durante este año (Damián Pérez, Isaías Luna, Blas Correa), el poder judicial volvió a exhibir los sentidos adultocentristas, racistas y clasistas que imperan en la mayoría de los jueces y fiscales que trabajan en las causas de “gatillo fácil”.

Jueces y leyes, asuntos separados

A principios del corriente mes, el Colectivo “Justicia por Joaquín”, denunció públicamente al Juez Ricardo Arístides Py por “maltrato explícito” sobre las víctimas sobrevivientes de la represión caracterizada por las 112 balas disparadas sobre los 14 jóvenes.

En diálogo con Enfant, María Peredes, tía de Joaquín, señaló que Py fue “bastante duro en el trato”, pues acusó que el magistrado intimidaba a los jóvenes, les levantaba la voz y los acusaba por hacerle “perder el tiempo” o por no poder entenderlos.

A lo largo de la primera semana de audiencia, la Fiscal Pochettinó le pidió al Tribunal que tuviera paciencia para la escucha de los testimonios y también que el jurado se adaptara a las características particulares de la audicencia para lograr que los jóvenes víctimas pudieran expresarse cómodamente.

Sin embargo, la actitud del jurado fue “discriminatoria y no contemplativa”, según expresó María. Los pibes quedaron con secuelas traumáticas luego del suceso represivo. Perdieron a un amigo a manos del Estado, algo no contemplado en su complejidad por los jueces.

“Fue muy difícil la primera semana, bastante cruel, ver a los chicos víctimas de la represión, sobrevivientes de esa balacera, salir de tribunales llorando, te partía el alma. Adentro no los trataron bien a ninguno de los chicos, eso te duele, te parte el alma, no es fácil recordar a Joaquín en un clima así. Aparte fue como que tuvieron y tuvimos que revivir todo ese dolor de nuevo”, expresó Paredes.

Para la familiar de Joaquín, el juez cambió de actitud luego de que se hicieran públicas las denuncias sobre su persona.

Además, desde el Colectivo remarcaron que no se cumplió la Ley de Víctimas que prohibe el acercamiento de las víctimas con sus víctimarios. Normativa incumplida durante todo el proceso, pues los policías y sus familiares anduvieron a sus anchas en Tribunales, carcajadas mediante con sus colegas activos, y con total comodidad frente a sus víctimas, a quienes en sus declaraciones señalaron como las responsables de los graves hechos juzgados, remarcando los antecedentes penales de algunos de los jóvenes.

En este sentido, María acusa que el oficial Sosa Gallardo (acusado por amenazar a la familia Paredes) le dió personalmente las “condolencias” a su hermana Soledad, madre de Joaquín.

“Mi hermana lo corrió. No tenemos por qué perdonarlos. No pensaron ni en sus propias familias antes de hacer lo que hicieron. Los familiares de los policías dicen que nosotras tendríamos que tener un poco más de consideración a ellos porque ellos tienen familia. Y yo me pregunto: ¿Joaquín no tiene familia? ¿Vino solo al mundo?”, señala la tía del joven.

Otra ley que no se respeto fue la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La revictimización hacia los jóvenes, el maltrato sufrido durante las audiencias no respetó el árticulo 27 de la normativa donde específica las garantías mínimas hacia las niñeces en los procedimientos juidiciales.

Fé y soledad de cara la sentencia

A pesar de contar con otros familiares y el acompañamiento de diversas organizaciones, la tía del joven señaló que vivir estos tres años en Pazo Viejo fue una experiencia “terrible”.

“En el pueblo son muy pocas las personas que nos acompañan. Nos duele mucho porque todos conocían a Joaquín, sabían la clase de persona que era él, se llevaba bien con todo el mundo. Y que no te apoye el pueblo duele muchísimo. Pienso que puede ser porque tienen miedo o porque son familiares de policías, acá la mayoría de los pibes son policias”, remarcó.

Hoy llega a su final un proceso judicial que demoró más de tres años en llevarse a cabo. Luego de ser postergado en una primera oportunidad, familiares de Joaquín viven con expectativa el fin de un juicio donde su dolor no fue contemplado. A pesar de ello, la fé está intacta:

“Tenemos mucha fé de que tengan la condena que ellos se merecen. He andado muy nerviosa, lloro y pienso en cómo irá a ser, le pido tanto a Dios que se haga justicia para que mi negro pueda descansar en paz y podamos tener un poquito de alivio en nuestros corazones.