Anoche finalmente liberaron a 40 personas detenidas en el penal de Alto Comedero, dos con politraumatismos por las torturas sufridas adentro. Fueron saliendo de a 4 cuatro, cada una hora, para reencontrarse con sus familias después de permanecer más de 48 horas en prisión, un día más que lo establecido por la ley. Otras 12 permanecen detenidas por tener antecedentes penales, aunque las familias y equipos defensores afirman que son delitos menores y que el Gobierno quiere justificar su prisión, estigmatizándolos.
Entre las personas liberadas se encuentran personas pertenecientes a organizaciones sociales, mientras que otras salían o llegaban a su trabajo en la zona donde se centró el operativo represivo del pasado martes. A su vez, también hubo detenciones en razzias, donde se vio a efectivos de la Policía de Jujuy (uniformados y de civil) haciendo allanamientos ilegales arriba de camionetas blancas, pertenecientes a la empresa constructora privada Hormixa, que tiene negocios en Jujuy y Salta con los respectivos gobiernos.
Nadia Hinojosa, integrante de H.I.J.O.S. Jujuy, planteó que el procedimiento tanto de la Policía como del resto de las instituciones judiciales son ilegales, ya que “el Código Procesal Penal de la Provincia establece para los delitos de infragancia que pueden estar detenidos 24 horas, que son para averiguar antecedentes, por ejemplo. Pero ya se había vencido hace un día y no teníamos nada”.
La represión del martes pasado se llevó la atención en los medios, las redes y las conversaciones, pero la situación de Jujuy, laboratorio de la criminalización de la protesta, no es de ahora, ni termina porque no se televisen balas. La represión deja marcas, los golpes dejan heridas y las heridas cuestan caro, física, psicológica y económicamente.
La criminalización de las clases populares que resisten por sus derechos es un proyecto político que se replica en distintas provincias, Salta, Mendoza, e incluso Córdoba, donde actualmente hay 32 personas imputadas por protestar.
Dirigentes sociales se encuentran imputados por participar de una protesta social contra el hambre en Argentina. ATE cuestionó la causa calificándola de “armada” y apuntó al fiscal De Aragón, el juez Fernández López y la Cámara de Comercio.
Denuncian que la empresa no acata la conciliación obligatoria ante los despidos injustificados. “Por un lado recibe beneficios impositivos y por otro pasa por encima de la conciliación”, cuestionó el cuerpo de delegados.
Axel Catriel Frías (18) fue encontrado muerto por sus familiares en un canal del barrio Los Boulevares, luego de estar desaparecido desde el 23 de abril.
