La Organización de los Estados Americanos (OEA) y su Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) le demanda al Gobierno de Javier Milei, y más precisamente, a la Canciller Diana Mondino, un informe "con el objetivo de solicitar información sobre un conjunto de hechos registrados en los últimos meses por esta Oficina, los cuales han sido denunciados y generan preocupación por su posible impacto en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica".

El documento, firmado el pasado 5 de marzo en Washington D.C (EE.UU) por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el abogado colombiano Pedro Vaca, pone énfasis primeramente en "medidas del Ejecutivo que se relacionan con el derecho a la libertad de expresión", distinguiendo tres resoluciones del Gobierno Nacional publicadas en los últimos meses: resolución 943/2023 ("protocolo anti piquetes"), 87/24 (intervención del ENACOM) y el 117/24 (la intervención de los medios públicos como Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y Educ.ar).

En segundo lugar, la OEA-CIDH anotician al gobierno sobre su conocimiento de información recibida por los "obstáculos a la cobertura periodística y agresiones contra personas periodistas" en los últimos meses.

En este sentido, relata una serie de hechos que se dieron desde la misma asunción del Gobierno de Javier Milei, cuando las autoridades nacionales le prohibieron el ingreso al acto de toma de juramento a reporteros gráficos, argumentando que se trataba de un "acto privado".

Además, también pone en conocimiento de las denuncias sobre "presuntas agresiones por agentes de seguridad contra periodistas y trabajadores de la prensa mientras cubrían manifestaciones públicas", poniendo como ejemplo la agresión de la Policía Federal a la periodista Diana Deglauy, corresponsal del medio RT, el 20 de diciembre de 2023.

"Igualmente, miembros de la fuerza de seguridad habrían detenido a Rodrigo Savoretti, fotógrafo de los medios Enfant Terrible y El Resaltador, mientras daba cobertura periodística a enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y personas manifestantes en la ciudad de Córdoba", expresa el documento.

Por otro lado, la Relatoría expresa su preocupación sobre "reportes sobre declaraciones estigmatizantes e intimidaciones desde voces oficiales". "La Relatoría ha recibido reportes sobre declaraciones y señalamientos estigmatizantes contra periodistas, medios de comunicación, congresistas y opositores que se atribuyen a altas autoridades", comunica la OEA-CIDH. De esto, Pedro Vaca pone como ejemplo los insultos de Javier Milei contra periodistas de Urbana Play a las que llamó de "mentirosas", y también contra los diputados y diputadas que votaron en contra de la "Ley Ómnibus", a quienes el Presidente caracterizó como "delincuentes", "traidores" y "enemigos".

La ministra de Seguridad @PatoBullrich miente: la gran mayoría de los trabajadorxs de prensa reprimidos brutal y deliberadamente frente al Congreso estaban identificados con chalecos o remeras con la inscripción PRENSA. pic.twitter.com/BkQvYYY5lk

— SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) February 2, 2024

Asimismo, el organismo manifiesta su preocupación por el proceso penal en contra de los ciudadanos Marcelo Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes están acusados por la justicia jujeña por la presunta comisión de "lesiones leves, supresión y apropiación de identidad o alteración de identidad de una niña menor", tras tuitear sobre la supuesta infidelidad de Tulia Snopek a Gerardo Morales, ex gobernador de Jujuy.

"La Relatoría Especial conoció de las recientes declaraciones hechas por Morandini, quien luego de su liberación denunció las condiciones de detención señalando haber recibido un trato 'vergonzoso y disciplinador', ante lo cual manifestó su temor a sufrir represalias", afirma la institución.

21 fotógrafxs y camarógrafxs heridos ayer durante la represión. Que Bullrich y Milei den explicaciones.
¿Si esto no es un ataque a la libertad de prensa qué lo es?
Acá una foto de @OjoObreroFoto donde se ve la policía persiguiendo fotógrafos arriba de la plaza
Lista por @sipreba pic.twitter.com/xDggxULDVl

— Cora Gamarnik (@coragamarnik) February 2, 2024

Exigencias de la OEA-CIDH al Gobierno Nacional

A manera de recordatorio, el organismo dice a quienes hoy encabezan el Estado Nacional que deben abstenerse de aportar medidas que puedan criminalizar a las personas que lideren o participen de una protesta social, al tiempo que resalta como fundamental el libre ejercicio de la prensa.

"En el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de la prensa, así como el libre flujo de información es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos y la actuación del Estado", expresa el comunicado.

Además, dice que "el Estado está llamado a brindar a las y los trabajadores de la prensa las máximas garantías para ejercer su labor, cubriendo hechos de notorio interés público".

Asimismo, considera "fundamental que las autoridades estatales condenen las agresiones contra periodistas; actúen con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento y sanción de ataques en su contra; y se abstengan de emitir declaraciones que puedan, directa o indirectamente alentar o promover violencia e intolerancia en contra personas o grupos que participan activamente del debate público.

Dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la fecha del cinco de marzo, el Gobierno deberá proporcionar la información que considere relevante sobre la situación descrita por el organismo y en particular sobre los siguientes puntos:

1. Indicar si el Gobierno ofreció instancias de diálogo previo a la determinación de intervenir el Enacom y los medios públicos Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y Educ.ar. 

2. De conformidad con la Resolución 943/2023, indicar bajo qué supuestos legales podría el Estado detener a manifestantes que participan en protestas pacíficas, y de qué forma garantizarán las autoridades que la identificación y detención de manifestantes no pueda conducir a la criminalización de la protesta social.

3. Indicar si el Estado, en la aplicación de los protocolos de actuación, ha considerado la instrucción a las fuerzas de seguridad sobre el respeto y protección de periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación en el marco de las protestas sociales. En particular, indicar si hay investigaciones en curso por los hechos de uso desproporcionado de la fuerza y de violencia registrados contra periodistas y medios por parte de agentes públicos y particulares. 

4. Indicar los marcos normativos aplicables para atender los cortes de ruta especificando los distintos tipos de medidas graduales que se consideran desde el Estado, y en el caso de eventuales dispersiones indicar la base fáctica requerida y cómo garantizan o satisfacen principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza en el contexto de protestas sociales. Además, indicar si existieron afectaciones por los cortes de ruta para quienes no participaron en las recientes manifestaciones. 

5. Indicar si en el contexto de las manifestaciones se registraron de forma simultánea hechos de violencia o vandalismo, y en ese caso, especificar el despliegue institucional en general y la actuación de las fuerzas de seguridad en particular. 

6. Indicar si el presidente de la República hizo algún pronunciamiento posterior en el que reconociera que la periodista María O'Donnell rectificó la información en su programa. 

7. Indicar el estado actual del proceso penal en contra de los ciudadanos Marcelo Nahuel Morandini y Roque Villegas. En relación con Morandini, indicar si el Estado tiene conocimiento de la denuncia pública y otros reportes que describen las condiciones de detención del ciudadano, e indicar si se han activado instancias para el esclarecimiento e investigación de los hechos. 

8. Proporcionar cualquier información y/o comentario que considere relevante sobre las alegaciones  mencionadas y que pueda aportar al esclarecimiento.