El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción colectiva de denuncia y pedido de inconstitucionalidad contra el DNU 614/2024 que reforma el Sistema de Inteligencia Nacional y lo reconvierte en una nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), disuelta por el Congreso en 2015.

El pedido fue presentado ante el fuero contencioso administrativo federal, con la preocupación centrada en la "vigilancia masiva" a la que habilita el mencionado decreto, firmado el pasado 16 de julio.

"La falta de claridad y precisión de la norma y la enorme habilitación para que organismos estatales se inmiscuyan en ámbitos privados sin controles adecuados, pone en riesgo derechos de rango constitucional", indicaron desde el organismo de derechos humanos.

«La nueva Agencia Federal de Ciberseguridad puede interceptar comunicaciones privadas como conversaciones telefónicas, correos electrónicos y chats. También recolectar, adquirir y procesar “toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional” alojada en bases o bancos de datos privados o archivos digitales privados», advirtieron.

Además, cuestionaron que no se establece ningún mecanismo específico de control interno ni externo, y vuelve a habilitar a los organismos de inteligencia a funcionar como auxiliares de la Justicia.

Para cumplir con estas nuevas tareas de vigilancia ciudadana, desde el CELS remarcaron el incremento abrupto del presupuesto destinado a los servicios de inteligencia, al remarcar que se multiplicaría por tres respecto del año monto asignado en el año 2023. De 62.363 millones, pasaría a 197.238 millones en 2025.

Cabe recordar que uno de los principales impulsores del presupuesto millonario es el asesor presidencial Santiago Caputo. El sobrino del ministro de Economía, estuvo detrás del decreto que le asignó 100 millones de dólares a la nueva SIDE, que luego fue presentado (y rechazado) como proyecto de ley en el Congreso. Fue también él, quien eligió al nuevo titular de la SIDE, Sergio Neiffert.

Desde el CELS retoman diferentes antecedentes sobre “acopio de información, vigilancia y seguimientos” que refieren a causas ARA San Juan, AMIA y D’Alessio, entre otros. El ejemplo más reciente de esta referencia de espionaje masivo, está en la ex presidencia de Mauricio Macri, quien utilizó la AFI (ex Agencia Federal de Inteligencia y actual SIDE) para espiar a más de 100 personas, incluso de su propio gobierno.

“De esta forma se reinstala una práctica que había sido prohibida por las gravísimas irregularidades que produjeron. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino en el caso AMIA por el fracaso de la investigación judicial. Entre otras cosas, ese fracaso estuvo determinado por el involucramiento de la exSIDE en la investigación”, señalaron desde el CELS.