
Defensa del Consumidor recuperó más de mil millones a favor de los consumidores
Durante el año, la Dirección logró más de 1.265 acuerdos conciliatorios, beneficiando a más de 1.520 consumidores.
La furia que desató el intento fallido de aprobar la reforma tributaria en Colombia, cuyos alcances apuntaban directamente a las clases medias y bajas, está haciendo de éste un momento de movilización histórica para el país. Ante las crecientes protestas y huelgas, ayer el presidente Duque anunció que daba marcha atrás con la medida, y el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla debió renunciar. Sin embargo, las calles siguen convulsionadas por manifestantes que parecen decirle basta a las políticas neoliberales que hace años azotan al país y que se agravaron con la pandemia del covid-19.
La reforma fiscal que presentó Ivan Duque pretendía ampliar la base de contribuyentes, elevar impuestos, aumentar el IVA, y reducir exenciones. En definitiva, cobrar impuestos indirectos a la mayoría de la población y alivianar de medidas tributarias fiscales al porcentaje más rico de Colombia. Una tensión política y económica por la que atraviesan muchos países del mundo producto de la gran crisis que abrió la pandemia del coronavirus, y que obligó a los Estados a diseñar nuevos modos de recaudación para gestionar la pandemia en términos económicos y de políticas sanitarias. Algunos lo hicieron tomando medidas que favorecen a los sectores más bajos y otros ajustándolos. Pero lo cierto es que en cada lugar se discute el aporte necesario y justo que deberían realizar las personas con mayor riqueza.
En medio de la crisis sanitaria, el gobierno colombiano buscaba realizar algunas reformas en el sistema de salud que tendían a privatizarlo. Este hecho generó aún más descontento en la población movilizada, motivo por el cual el autor de dicha reforma, el senador Armando Benedetti, retiró inmediatamente el proyecto, hasta tener la oportunidad de "construir de la mano de la comunidad un nuevo proyecto". Las protestas comenzaron a tener sus efectos.
Ante la ola de protestas, el gobierno ha desplegado una enorme fuerza represiva. Hay por lo menos 19 muertos y 846 heridos. Según información brindada por https://www.temblores.org/ desde el incio del Paro General, el pasado 28 de abril, ya son son 1181 los casos de violencia policial: 142 víctimas de violencia física; 26 víctimas fatales; 761 detenciones arbitrarias; 216 intervenciones violentas; 17 víctimas de agresión en sus ojos; 56 casos de disparos de arma de fuego; 9 víctimas de violencia sexual; 56 denuncias por desapariciones en el contexto de movilizaciones.
Por el momento, la ciudad de Cali está siendo escenario de la escalada de violencia por parte de las fuerzas públicas y denuncian una intervención militar que le quita el poder constitucional que le otorgó el voto popular a la alcaldía y la gobernadora. La Aeronáutica Civil decidió bloquear el aeropuerto de la ciudad, lo que está generando desabastecimiento de alimentos y combustibles. Ivan Duque sostiene que apoyará la militarización para reprimir la situación. "Mi obligación como presidente de la república es garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero sobre todo garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos", advirtió.
Durante el año, la Dirección logró más de 1.265 acuerdos conciliatorios, beneficiando a más de 1.520 consumidores.
La reciente demolición de un monumento en honor a Osvaldo Bayer en Santa Cruz, ordenada por el Gobierno Nacional, generó una ola de indignación y debate. Sin embargo, sabemos que una máquina no puede destruir el legado y la figura de una de las personalidades más influyentes de la historia argentina reciente.
La Federación Argentina de Trabajadores de prensa convocó a una jornada de lucha nacional en el marco del Día de las y los Trabajadores de Prensa, en conmemoración a la entrada en vigencia del Estatuto del Periodista Profesional y la publicación de la Carta Abierta a la Junta Militar, escrita por el periodista Rodolfo Walsh.