Pasaron diez años de aquel sábado 22 de enero de 2016. Luego de visitar a sus tíos, Federico Cabanillas buscó una silla dentro de su hogar y procedió a sentarse en la vereda junto a Santino, su hijo de un 1 año y 9 meses. Hacía calor, en el aire no volaba una mosca, pero la tranquilidad del barrio Marqués Anexo se vería azotada por un “fuego cruzado” (posteriormente desmentido) que cambió todo en cuestión de segundos.

Mientras Federico alzaba a Santino, escuchó corridas y el silbido aturdidor de una bala. Vio a su hijo, escuchó que le alcanzó a decir «pá» y bajó sus bracitos. Desesperado, corrió a pedir ayuda. Cruzó el riel del tren y bajó la mirada: su hijo yacía muerto.

Los casos de “gatillo fácil”, en Córdoba, son numerosos; en particular, los dirigidos hacia adolescentes y jóvenes adultos. La causa por Santino, si bien no es la única en Argentina, sí representa un hito de crueldad en la historia reciente de la provincia, por la edad de la víctima y la desidia posterior. Pese a que este crimen expone un sinfín de irregularidades y arbitrariedades —tanto ejecutivas, como jurídicas y policiales—, nunca fue tomado con la seriedad y la discusión pública que merecía.

¿Cuál es el precio de la justicia cuándo de la vida de un niño se trata, el poder adquisitivo y la presión política?

Tras una vigilia que duró una década, la causa radicada en la Fiscalía N° 3 Turno 4 pareciera moverse. El abogado de la familia, Carlos Nayi, indicó que en el mes de febrero, finalmente, iniciaría el juicio oral. Una instancia que la familia peleó contra viento y marea, enfrentando incluso el hostigamiento de la fuerza policial por pedir justicia.

“Estamos ante un crimen de Estado. Una persona que realmente tendría que cuidarnos como ciudadanos le quitó la vida a mi hijo y el Tribunal dejó pasar diez años para darnos una respuesta”, denuncia Federico.

“Mataron a un niño inocente y está en libertad”

El oficial responsable del asesinato, el sargento Guillermo Sebastián Torres, estuvo solo ocho meses en prisión; la jueza de Control, Anahí Hampartzounian, lo declaró inimputable por «falta de mérito».

De esta manera, la justicia cordobesa sentó el precedente de que matar a un bebé no es un delito, sí quien lo hace ejerce como agente estatal. Esta decisión no solo garantizó la impunidad del Sargento, sino que profundizó el calvario de una familia que vio cómo el asesino de su hijo patrulla por el barrio.

Federico, actualmente, está internado debido a una enfermedad cardíaca que le atribuye a la injusticia del asesinato de Santino.

“La espera judicial es bastante traumática. No puede ser que un tribunal no pueda resolver un caso teniendo todas las pruebas en mano. Nos genera nervios e incertidumbre, pero también la tranquilidad de que, a pesar de tantos años, Torres estará sentado en el banquillo”, comenta.

Por su parte, Cintia Moyano, madre de Santino, expresa que esa ansiedad se mezcla con una necesidad de cierre: “Nos impactó muchísimo la libertad de los oficiales. Solo el que pierde un hijo puede sentir este dolor. Desde aquel 22 de enero estamos esperando un veredicto. Es justo que el policía pague por lo que hizo, porque a nosotros como familia nos destruyó la vida por completo”.

La causa judicial y sus artimañas

El derrotero judicial de la causa “Santino Cabanillas” es un manual de cómo el aparato jurídico-policial protege a sus miembros.

La misma noche del crimen, el 22 de enero de 2016, la Policía de Córdoba intentó desviar la investigación culpando a dos adolescentes del barrio, «plantando» un arma para simular un enfrentamiento. En un primer momento, la Justicia —bajo la instrucción del fiscal Gustavo Dalma— validó la versión policial, basándose en un informe médico preliminar erróneo y enviando a los jóvenes al Complejo Esperanza.

Sin embargo, la verdad emergió por uno de los jóvenes imputados que tenía un proyectil alojado en su pierna. Meses después, el plomo salió de su cuerpo, lo guardó y lo presentó ante la justicia. La causa cambió de fiscal, y el letrado Cartlos Matheu comprobó que el proyectil y las esquirlas en la escena coincidían con la pistola 9mm del sargento Guillermo Sebastián Torres y ordenó su detención.

A pesar de la contundencia de las pericias, el procedimiento judicial se estancó. Federico Cabanillas recuerda con indignación cuando la jueza de Control, Anahí Hampartzounian, dictó la falta de mérito y liberó al oficial: “Le dije que no podía ser que no hubiera mérito suficiente teniendo el arma y el proyectil que mató a mi hijo. Fue lenta, lentísima la justicia de Córdoba”.

Incluso después del crimen, se viralizaron videos donde se lo ve a Torres, junto al oficial Miranda Encinas, hostigando a dos adolescentes de 13 y 14 años en barrio San Roque, obligándolos a correr frente al patrullero, lamentándose de no tener una escopeta. Aquella «hazaña», filmada por los policías, confirmó lo que la familia denunciaba desde el primer día: el desprecio por la vida de las juventudes en los barrios y en las villas.

“Para él (Torres) los pibes de barrio son escoria, pero la única escoria es él por no hacerse cargo de lo que hizo. No queremos plata sucia, queremos que pague con cárcel”, sentenció Federico, denunciando el chantaje.

Una herida abierta

La ausencia de Santino es una herida abierta en el hogar de la familia Cabanillas. Cintia lo imagina finalizando la primaria y planeando el ingreso a la secundaria junto a su nieta Estrella, con quienes se criaron a la par en esos primeros años de vida.

“Todos los días de mi vida lo extraño, lo busco. Me hago la idea de que esto fue un sueño, pero despierto y me toca enfrentar esta dura realidad”, relata.

Sus hijos más pequeños, que hoy tienen ocho y nueve años, no conocieron a su hermano, más hablan de él con una cercanía que asombra a Federico, quien reflexiona sobre cómo estos diez años le han quebrado el cuerpo, pero no la voluntad.

“Si yo a mi hijo lo tuviera en este momento lo disfrutaría al máximo. Mis hijos hablan de él como si lo hubiesen conocido, imaginate cuánto dolor es eso para nosotros. Nos ofrecieron dinero pero con eso no recupero a mi hijo. Querían comprar a la gente por ser de un barrio carenciado. Uno puede pasar hambre lo que no puede hacer es traicionar su propia sangre”.

Dolor y luchas compartidas

Ante la negligencia judicial el acompañamiento de la comunidad fue el único sostén para la familia: “Tuvimos el apoyo de la Coordinadora de Familiares Víctimas de Gatillo Fácil y de la Marcha de la Gorra. Personas que pasaron por lo mismo que nosotros fueron las únicas que estuvieron ahí”, destaca Cintia.

La esperanza de la familia ahora está puesta en febrero, esperando que la justicia finalmente esté a la altura de la circunstancia.

Federico apuntó directamente contra la gestión actual y la herencia de silencio: “Políticamente no recibimos nada de la gestión de Schiaretti, ni ahora de Llaryora. Al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, le pido que deje de hacer tanta prensa y que meta en cana a sus compañeros que están ocultando cosas. No mataron a un perro, mataron a un niño inocente”, concluye.