La presentación de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual en Infancias y Adolescencias se llevó a cabo en Córdoba el pasado viernes 21 en el Museo de Antropología de la UNC. El acto se lanzó en un contexto en que las violencias de este tipo se vienen profundizando durante los últimos años, tal como vienen denunciando las organizaciones feministas y madres protectoras en la provincia.

Conformada por madres protectoras, sobrevivientes, asociaciones profesionales, equipos ministeriales, legisladoras, personas expertas en el tema, jueces y organizaciones feministas, denuncia la complicidad política-civil-judicial-policial que opera en los casos de abuso sexuales contra infancias y adolescencias, muy vinculada a redes de pedofilia y prostitución infantil, con miras en Córdoba sobre los jardines de infantes, colegios primarios e instituciones estatales como la Secretaría Nacional de Adolescencia, Niñez y Familia (SeNAF).

Casos como el de Flavia Saganías, condenada a 23 años de prisión tras denunciar al abusador de su hija por redes sociales; el de Gilda Morales, quien luego de presentar una demanda contra el abusador y progenitor de su hijo sufrió la quita de la tutoría del menor a favor del denunciado; el caso de Sathya Aldana, quien se suicidó luego de sufrir la inacción y violencia del Poder Judicial que no investigó su denuncia por los abusos sexuales sufridos durante seis años a manos de su progenitor; y los varios casos en las instituciones de la SeNAF, representan, a nivel general, una realidad preocupante en la provincia.

Vale la pena recordar los casos de abusos sexuales sobre infancias en establecimientos educativos como Casita del Hornero, Juan Gaviota, Collegium, Coronel Olmedo, Santa Ana y Primera Junta, ya denunciados en el ámbito provincial y que sin embargo continúan sin justicia para las víctimas.

En este marco, con la participación de importantes referentas nacionales y una gran concurrencia del público, la Mesa, constituida en febrero del 2022 luego de una iniciativa de la diputada nacional Mónica Macha (Provincia de Buenos Aires-FdT), realizó su quinta presentación a nivel federal.

“Córdoba es una de las provincias que nos genera más preocupación en relación al tratamiento de causas que tienen que ver con la protección de las niñeces, ya que eso es lo que no sucede, porque se las expone y se van contra las madres protectoras que son las que pueden garantizar el cuidado de sus hijos”, argumentó en diálogo con Enfant la legisladora Macha, al explicar por qué habían elegido a Córdoba como sede de esta presentación.

Para Macha, los objetivos de la actividad consistieron en dimensionar la grave situación provincial, articular los distintos espacios organizativos y poner de manifiesto la gran cantidad de instancias estatales que “no están funcionando como corresponde”. A su entender, la Mesa ha logrado -desde su constitución en el Congreso- conformar un espacio que estaba vacante en lo que respecta a la  representación y visibilización de esta lucha particular, que hace años denuncia uno de los delitos “más comunes y más invisibilizados por la sociedad patriarcal y particularmente por el Poder Judicial”.

En este mismo sentido, la actriz Thelma Fardín, expresó que la organización colectiva es la única salida frente a la violencia del sistema patriarcal.

“Tenemos que plantear un horizonte en el que poder denunciar los abusos sexuales en las infancias sea posible, no sea revictimizante y no sea un periplo sin fin dentro de la justicia, violento tanto para la víctima como para su madre o padre protector/protectora”  denunció.

Poder Judicial: garante de los abusos

A lo largo de las diversas exposiciones sobre numerosos casos a nivel nacional, la Mesa señaló la responsabilidad del Poder Judicial nacional y provincial en lo que respecta al sostenimiento de las estructuras y lógicas socio-jurídicas que garantizan los delitos de abuso sexual, su posterior impunidad y repetición sistémica. Según la organización Adultos por los Derechos de la Infancia, se estima que en Argentina, de cada 1.000 abusos sexuales, sólo 100 llegan a ser denunciados, y de éstos sólo entre el 3 y el 1% llegan a obtener una condena favorable a la víctima.

Además, la creciente ola de criminalización hacia las madres protectoras y su persecución jurídica-policial, también fue uno de los principales temas a debatir y visibilizar.

Por su parte, la organización cordobesa Akelarre Feminismo Popular describió los principales problemas con respecto al Poder Judicial en los casos de abusos sexuales en infancias y adolescencias:

“La revictimización de las infancias abusadas y las personas que les acompañan, el arrancamiento de les niñes de sus madres protectoras, la revinculación forzada de les menores con sus agresores, funcionarios que excepcionalmente colaboran con la impunidad y protección de los abusadores, el descreimiento y la manipulación de la palabras de las niñeces en todo el proceso judicial, pero especialmente en las cámaras Gesell, el no respeto a sus tiempos, la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SIP) que justifica al abusador al entender que lx niñx miente, o ha sido manipulado por su madre para testificar en contra de su padre, representan las principales lógicas de un sistema enteramente patriarcal, machista, misógino y torturador”.

@akelarrefeminismopopular

Sobre la posibilidad de cambios reales y urgentes en el sistema judicial argentino, el ex Juez de Cámara Federal, Carlos Alberto Rozansky, expresó a este medio que si bien es muy complejo lograr transformaciones en el corto plazo, “es fundamental interpelar al Poder Judicial porque la gravedad del delito está fuera de discusión, pero lo que es manejable es la impunidad reinante de la cual el mayor responsable justamente es este Poder (Judicial), de modo que cuestionarlo y exigirle respuestas es esencial; y de la mano de las madres protectoras y el movimiento feminista se está haciendo como nunca antes en nuestra región, de manera tal que esos cambios exigidos van a llegar mientras más personas se animen a sumarse a estas denuncias colectivas”.

Con respecto a este tema, el espacio infancias libres de violencia leyó un documento donde denuncia que los estereotipos de género y el nulo reconocimiento a los derechos de la infancia son funcionales a la protección de derechos de los pedófilos. “Hoy en Córdoba no existen garantías para infancias y adolescencias sobrevivientes de violencias y las maternidades protectoras. Estamos en estado de emergencia. La necesidad de actuar es urgente” sentenciaron.