Los casos de abuso en las instituciones dependientes de la SeNAF en Córdoba es un tema que viene resonando con más fuerza a raíz de los continuos reclamos que impulsan trabajadores de las 18 instituciones que hay en la provincia. Frente a esto, el gobierno provincial por medio del Ministerio de Justicia que encabeza Julián López, reconoció los hechos pero evitó brindar mayores datos. El pasado 17 de agosto, desde la cuenta oficial del ministerio publicaron un tweet caracterizando como "instancia privada" casos de abusos sexual a 4 mujeres menores de edad por parte de un cocinero de una de las residencias, actualmente imputado y detenido.

Un trabajador de SeNAF, que prefirió resguardar su identidad señaló a Enfant Terrible que “El ministerio trata de minimizar todo el impacto de los abusos sexuales. Argumentan que es para evitar estigmatizar a las víctimas y la institución” pero en este caso “obturan la posibilidad de remarcar el antecedente brutal que hubo en el año 2006 en esta institución ubicada en Caminiaga, departamento Sobremonte, donde 13 niños y adolescentes fueron abusados por personal de la residencia” contó el trabajador. Además agregó: “Hacen esto antes de que los escrachen mediáticamente, porque saben que estamos detrás con la información”.

Mientras conversábamos, llegó la noticia de un nuevo caso de abuso en la residencia Río Bamba, entre un adolescente de 18 años hacia un niño de 11 años de la misma casa. A raíz de este hecho, el trabajador explicó que en esa residencia “había 2 becarios para 15 pibes, la mayoría con algún grado de discapacidad”, exponiendo la sobrecarga laboral del personal. Frente a la situación, la reacción del Ministerio es la misma que con lo sucedido en Caminiaga, un tweet sin muchas precisiones.

La #SeNAF tomó conocimiento de un hecho de instancia privada entre residentes de una de las instituciones de #NNyA de capital.

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Córdoba (@MinJusyDDHHCba) August 24, 2022

No se trata de hechos aislados ni es la primera vez que el gobierno provincial se ve manchado por acusaciones de abusos en estas dependencias. En 2020, el responsable de la residencia "Eva Perón", Marcelo Bouchard fue acusado de abusar una menor de edad de 12 años. Por esto fue apartado José Piñero, ex secretario de SeNAF en Córdoba. A su vez, Bouchard era muy cercano al actual director de la residencia Baigorrí, Ricardo Barco Muñoz, animador del boliche Rapoza. Luego del escándanlo, en el cargo de Piñero fue designada Georgina Tavella, actual secretaria de SeNAF, sin embargo, a la luz de los acontecimientos más recientes no hubo novedades oficiales sobre posibles renuncias o desplazamientos.

Por otro lado, el tratamiento que hacen del tema los medios de comunicación hegemónicos como La Voz del Interior y que luego replican otros medios, resalta el accionar del Gobierno por "la rápida comunicación vía Twitter (...) contracara con el silencio con el que se manejó la denuncia por casos de muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal", según comunicó el medio en el último párrafo de una nota sobre el caso hecho público el 17 de agosto.

“Después estos medios son los primeros que criminalizan a los pibes” criticó el trabajador en relación al tratamiento mediático de los muchos episodios de violencia encabezados por los jóvenes internos, cuya intención visibilizar las malas condiciones en que viven y denunciar del ambiente de hostilidad y abuso que sufren. Entre marzo y agosto se produjeron tres "revueltas" en los centros Complejo Esperanza, Medio Camino y Pre Egreso que incluyeron quema de colchones.

Nepotismo y discrecionalidad: la estructura de SeNAF en Córdoba

Es importante aclarar que si bien SeNAF es creada en 2006 como entidad Nacional, está organizada con carácter federal, por lo que cada Provincia mantiene autonomía para aplicar las políticas, destinadas a "promover los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias" según explicita el organismo en su página oficial. En Córdoba, la cartera que contiene a SeNAF y sus dos subsecretarías (de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal y la de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Un punto sobre el cual viene alertando personal de SeNAF nucleado en ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y que también está apartado del tratamiento mediático, es la discrecionalidad con que designan los cargos en las instituciones. Esto “guarda relación directa con los hechos de violencia que hemos tenido en los últimos meses”, según señalaron a Enfant Terrible, fuentes de la Secretaría, quien se refirió a la existencia de "fundaciones fantasmas" que tienen un papel muy importante en la estructura organizativa.

“Por ejemplo, hay una fundación privada que se llama "Por Un Mundo Mejor", cuyo presidente Miguel Angel Paris, puso a sus tres hijos en SeNAF. Dos de ellos ubicados en residencias claves: la actual Casa Trejo donde trabaja Jimena Paris y Río Bamba, a cargo de Martín Paris”.

El rol de estas fundaciones SeNAF es diverso, ya que también son las que facturan a monotributistas y personal becado, lo que complica aún más los reclamos laborales por la contratación, la cual ni siquiera contempla aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). Al mismo tiempo que tienen el peso suficiente para hacer ingresar a sus integrantes en cargos del Estado. Son al final estas instituciones privadas “las que terminan definiendo cómo se aplican las políticas públicas”.

Un ejemplo de las consecuencias de esta discrecionalidad, es que a tres meses de ser designada Jimena Paris en la ex residencia Medio Camino, “estalló todo con una revuelta muy violenta, desarmaron una institución que tenía al menos 20 años funcionando y trasladaron a un grupo de jóvenes a la residencia Pre Egreso; la otra parte fue a parar a Casa Trejo ”. Esta última está caracterizada por ser un espacio muy reducido, lo que conllevó al hacinamiento con la llegada de los traslados y el rejunte de las trayectorias individuales atravesadas por diversas problemáticas (problemas parentales, delincuencia, consumo problemático y discapacidades).

Estos episodios evitables, son puntas para plantear abiertamente la pregunta que se hace este trabajador: “¿cómo puede ser que gente que nunca ha trabajado con niños y/o adolescentes, o no tiene ninguna experiencia en SeNAF, de repente sean quienes manejan estos lugares, designados a dedo en una actitud de nepotismo?”.

Más allá de estos manejos internos, sobre los cuales se puede tener conocimiento sólo a través del personal que decide exponer las irregularidades, no hay datos oficiales del vínculo que el Gobierno mantiene, a través del Ministerio, con estas fundaciones y del por qué tienen un rol tan importante.

A su vez existen otras fundaciones como Fundación Nazaret de Santa Fe (Mamá Antula en Córdoba) o Fundación Cipco (cuya cofundadora es Victoria Martínez, subsecretaria de SeNAF en Córdoba) que están señaladas por manejar una perspectiva antidrogas y prohibicionista de la línea "consumo cero".

Proposiciones desde adentro

Si bien este escenario es complejo, en relación a la estructura que mantiene el Estado y las problemáticas duras de masticar que conlleva, al mismo tiempo: “Si no fuera por el compromiso personal que están en las residencias y los equipos técnicos, todo se caería a pedazos por lo mal diseñados que están. Es por el personal que las cosas no están peor”, continuó compartiendo el trabajador y agregó que “toda la precarización del SeNAF recae sobre mujeres, la mayoría jefas de familia. Más del 95% de las más complicadas laboral y salarialmente son todas mujeres”.

Frente a este panorama, ATE SeNAF viene exigiendo como medidas inmediatas:

• Pase a planta permanente: como medida estructural para ingresar al personal con un mecanismo claro acerca de la capacidad con respecto al puesto.
• Cargos concursados: sería la forma de revertir la mencionada discrecionalidad, donde el personal sea seleccionado según una formación previa, condescendiente con las demandas en las instituciones.
• Carrera administrativa: da lugar a que haya un escalafón y que cada persona cumpla la función para la que ha sido contratada.
• Homologación de protocolos de actuación para cada tipo de actividad, donde a su vez cada institución cuente con su propio protocolo, dependiendo si se trata de residencias, del Complejo Esperanza o la Línea 102.
• Revertir la discrecionalidad y el nepotismo: formalizando el vínculo laboral sin "contratos basura" (becas o monotributo) que imponen los directorios, haciendo que el Estado se haga cargo de las contrataciones, tal como sucedió con el caso de las socioeducadoras que durante 7 años trabajaron sin ART (aseguradoras de riesgos del trabajo) hasta que lograron el reconocimiento tras demandarlo por medio de la afiliación en ATE.