Texto de Redacción La Tinta/ Fotos de Diana Segado
Flavia Saganías está condenada a 23 años de prisión, por la Cámara del Crimen Correccional de Cruz del Eje. El 27 de noviembre de 2019, un jurado popular integrado por 12 personas y tres jueces la encontraron culpable de haber instigado, mediante un posteo en Facebook, un ataque violento contra su ex pareja, Gabriel Fernández. A la agresión la realizaron su hermano y madre -condenados también a 23 años de prisión efectiva-.
Había denunciado, en 2017, a su ex pareja por abuso sexual de su hija de 7 años, en la Fiscalía de Cosquín, a cargo en ese momento de Martín Bertone. Hacemos foco aquí, como una foto que retrata los errores y la insuficiencia en los procesos judiciales que investigan abusos sexuales hacia las infancias.
“Se apartó de los protocolos para la obtención de prueba tanto en cámara gesell como en revisación médica forense, se buscó a la niña en un patrullero policial y sin ningún tipo de acompañamiento terapéutico, trasladada dos veces en menos de una semana a la ciudad de Córdoba. Sin informarle a su madre que podía contar con la defensa pública gratuita y con el derecho a proponer perito de control para tan trascendental instancia. Al no haber obtenido ‘pruebas’, se archivó la denuncia de ataque a la integridad sexual de la niña”, detallaron desde la defensa.
“A partir de ese momento, mi vida y la de mis hijxs se transformó en una tragedia. Y es lo que viven la mayoría de las madres protectoras que denuncian abusos; enfrentar a una Justicia que no actúa a la altura de las circunstancias, que somete a sus niñxs a procesos largos, desgastantes y, finalmente, destructivos. Y que nos expone a luchar en un terreno que, en la mayoría de los casos, es desconocido, encontrándonos en inferioridad de condiciones, ya que el acceso a la justicia es limitado para quienes no cuentan con recursos suficientes tanto económicos como de apoyo y contención emocional”, recuerda Flavia en diálogo con La tinta.
Flavia estuvo 7 meses privada de su libertad, en contra de la ley que establece la prisión domiciliaria si hay menores de 5 años, una grave e injustificada violación de los derechos humanos de ella y sus hijxs. “El art. 23 inc. f de la Ley N° 24.660 de ejecución penitenciaria establece la ‘posibilidad’ de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a una madre con hijos o hijas a cargo siempre que estos sean menores de 5 años. Resalto el encomillado, porque la ley habla de que ‘el juez podrá’, es una decisión facultativa y no obligatoria. En ese sentido y apoyándose en el supuesto ‘riesgo de fuga’ que significa una condena de tamaña cantidad de años, los tres jueces de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje sostuvieron que Flavia, luego de ser condenada a 23 años de prisión, podría fugarse y no volver nunca más. Abandonando a 5 hijxs porque nadie en su sano juicio puede pensar que una mujer va a permanecer prófuga de la justicia acompañada de dos niños casi bebés y 3 adolescentes. Nunca entendieron que es una madre protectora, porque nunca la vieron ni registraron su dolor y su compromiso con el cuidado de sus hijxs, fundamentalmente de la niña a la que Fernández había abusado. ‘Pudieron’ -tal como dice la ley- otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria inmediatamente después de la sentencia, pero eligieron proporcionarle ese plus de dolor: el encierro carcelario durante 7 meses en el primer año de la pandemia”, expresó el abogado defensor.
Con el esfuerzo y apoyo de organizaciones, colectivos e instituciones, se logró que Flavia tenga prisión domiciliaria y vuelva con sus hijxs. Cumple arresto domiciliario en San Marcos Sierras, Flavia nos cuenta que se vio forzada a abandonar su casa e irse de Capilla del Monte, ya que el denunciado nunca dejó de hostigarles, a pesar de contar con una medida de restricción perimetral, que nunca respetó. Está agradecida de la red comunitaria que la ayuda para sobrellevar el día a día.
González Quintana, luego de la sentencia, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba que fue rechazado un año después, confirmando la sentencia en todos sus términos. Luego, presentaron un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo, el cual también fue rechazado por el TSJ cordobés, esta vez, por considerar que la sentencia no viola derechos constitucionales, se encuentra bien fundamentada y no desatiende la perspectiva de género con la que se tienen que juzgar estos casos.
“Siempre nos pareció que estábamos en presencia de un fallo disciplinador, aleccionador, una sentencia que está mandando un claro mensaje a la sociedad. Fundamentalmente, en relación a los ‘escraches’, que se vuelven un derecho inalienable cuando la Justicia da la espalda a las víctimas vulnerables, violentadas, acalladas e invisibilizadas por el propio sistema. Y hay un plus de violencia que la sentencia le agrega a Flavia; por haberse atrevido a interpelar al Poder Judicial frente al desamparo en el que se encontró luego del archivo de su denuncia. Ella fue a buscar protección, verdad y justicia a una Fiscalía que, en menos de dos meses y sin investigar profundamente, decide archivar las actuaciones ‘por falta de prueba’, como si estos casos tan dolorosos y complejos fueran a resolverse del mismo modo que un homicidio o un robo calificado”, detalla el abogado defensor.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio formal ingreso al Recurso de Queja por denegatoria de justicia. Serán entonces sus 4 jueces actuales quienes tengan la última palabra en un caso atravesado por diferentes violencias en esta condena de 23 años como hito y mecanismo de disciplinamiento a las mujeres para que no hablen y no denuncien. Será la CSJN quien tenga la última palabra en la última carta que se juega la defensa de Flavia Saganías, no quedan más recursos ni instancias judiciales para revertir esta condena. La defensa y la Mesa Justicia por Flavia Saganías convocan a la comunidad a visibilizar el caso y apoyar. La absolución ya no depende de un planteo técnico, sino del nivel de empatía y acompañamiento que pueda hacer la sociedad a la hora de un reclamo desesperante. Flavia nos necesita.
“Soy una madre protectora desde el día que pude darme cuenta que mi hija había sido abusada sexualmente por mi ex pareja. Cuando pude transformar todo el miedo y la impotencia en una bandera, se organizó como madres protectoras de Capilla del Monte. Se me acercaban madres y víctimas de todas edades a relatar sus experiencias de abusos padecidos, historias traspasadas por el mismo hilo conductor y donde también se tejieron los vínculos más resistentes con otras madres y mujeres. La lucha sigue siendo y será sostenida hasta que se logre una justicia con real perspectiva de género, que la denuncia y la visibilización de los abusos sexuales en la infancia no sea nunca más motivo para someter a las denunciantes, que la justicia obre por y para el bien superior de los niños y las niñas. Hace poco, me preguntaron qué sueños tenía. ¿Qué más puedo soñar sino que se haga justicia y estar en libertad?”, concluye Flavia desde la vida del encierro.
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