Villa Allende entre la “countrificación” y la recuperación del espacio público

El lunes, residentes de la localidad de Villa Allende cortaron la avenida Goycochea en protesta por el proyecto presentado por la gestión del intendente Pablo Cornet para cercar 50 puntos de la ciudad y restringir la circulación de 22 a 06h.

En la jerga popular “tener calle” es alusivo a la experiencia adquirida en el espacio público, como compartir una coca en la plaza, el fútbol en la calle con arcos hechos con piedras, recorrer en bici el barrio para ir hasta lo de un amigo. El primer robo, la primera salida, alguna pelea y los regresos de madrugada a la casa. Ahora ¿Qué pasa cuándo la autoridad local cree disponer de las decisiones de sus habitantes al punto de cercar tu cuadra? ¿Qué hay detrás de la gentrificación del espacio público? ¿Dónde están los límites entre la propiedad privada y el espacio público?

Estás preguntas resuenan en la localidad de Villa Allende, ubicada en Sierras Chicas, donde el Intentente Pablo Cornet (PRO) presentó un proyecto el pasado 16 de diciembre para cercar más de 50 puntos de la ciudad y limitar la circulación de 22 a 06h. Portones de doz metros y muros de cemento en ambos lados de la calle se implementarían en estos puntos si el proyecto es finalmente aprobado.

El proyecto “Nuevo Programa Modelo de Seguridad Barrial”, se presentó como un plan de ordenanza para monitorear y controlar los acceso a los barrios por medio de “cierres estratégicos”. Los motivos, según el intendente, se deben al aumento de robos en la zona por parte de visitantes aledaños.

Según comunicó la Municipalidad por medio de sus redes sociales, la medida comenzaría a implementarse en los barrios Pan de Azúcar, Lomas Sur, Villa Allende Parque, El Ceibo, San Alfonso, Jardín de Epicuro y La Cruz, siempre y cuando no haya una oposición vecinal superior al 40% del padrón consultado.

Las controversias sobre las declaraciones en distintos medios por parte del intendente de que la mayoría de los residentes estaban de acuerdo con la medida, se desestimó el lunes cuando decenas de ellos cortaron la avenida Goycochea en protesta por la política de cercamiento.

Cornet acusó a los convocados de estar “politizados”, de que no eran residentes de Villa Allende sino de otras localidades cercanas y que no está incurriendo en ninguna falta, ya que aseguró que la medida es constitucional porque “una Municipalidad tiene la potestad de abrir y cerrar calles” y que “no atenta contra la libertad de circulación” al haber posibilidad de tomar la ruta como salida.

Son varios los puntos que no están claros dentro del proyecto. El primero es que no hay fecha estipulada, aunque se prevé que la mesa de discusión suceda en estos días; segundo que la ciudadanía no fue consultada; tercero, tampoco se aclara qué o cómo se va a medir el padrón de quienes están a favor o en contra de lo que pareciera ser más una medida de toque de queda que de seguridad barrial.

Como vecino de Villa Allende de toda la vida, quiero expresar mi preocupación no sólo ante una medida que me llama poderosamente la atención por lo rupturista y descabellada que es, sino por cómo se está manejando. Sin datos, sin información pública ni reuniones en los barrios”, denunció el abogado, Hugo Mariano Yagüe.

Foto: La Tinta.

¿Quién paga la seguridad?

Todo es un supuesto, tanto la posibilidad de cercar los 50 puntos de la ciudad, como así también de que se eche atrás la medida por voluntad política de escuchar a los vecinos. En caso de que se lleve a cabo, el vallado constaría de portones de dos metros, con dos columnas de cemento a cada lado.

El costo total sería compartido entre la Municipalidad y los vecinos de los barrios afectados, en donde el contribuyente debería abonar entre 5000 y 9000 pesos. Dicho monto también serviría para la renovación de patrullaje e incorporación de 130 cámaras nuevas. Es decir que además de encontrar limitada la posibilidad de circulación durante 8h de corrido, deberán pagar por su propio encierro.

Ante la incertidumbre, el intendente informó que, de ser aprobado, el proyecto se ejecutaría entre febrero y marzo y afectaría alrededor de 6.000 familias. Mientras que la instalación de cámaras de seguridad concluirá en junio. Por su parte, Javier Saad, quien estuvo presente durante la marcha, señaló que restringir el paso por las noches podría aumentar la probabilidad de robos, ya que las casas quedarían deshabitadas durante el día, debido a que la mayoría de los residentes trabaja.

Foto: La Tinta.

Recuperar el espacio público o dejarse "countrificar"

El aislamiento obligatorio, la restricción de circulación por la vía pública, sumado a la pérdida de sentido por la falta de contacto con los demás, podrían ser causas que desdibujaron la delgada línea que separaba lo público de lo privado, específicamente el cuidado del espacio público comunitario y ciudadano. 

Así lo expresó el arquitecto e investigador Sebastián Cortez Oviedo para Perfil Córdoba. Parte de la premisa de la autora Juhani Pallasmaa, quien propone pensar la ciudad desde tres aproximaciones: la primera como extensión de los sentidos, la segunda como escala humana y la tercera como construcción de memoria e identidad. 

Todas promueven un sentido de continuidad histórica que construye comunidad en el espacio, una forma y un modo de habitar y de ejercer lo urbano”, agregó el arquitecto. Para luego ir directo al hueso y arremeter contra el proyecto de “seguridad barrial” al decir que las ciudades no se alambran como un country y tampoco terminan en el tejido municipal. “En la ciudad metropolitana habitamos una continuidad urbana que materializa una continuidad mayor: el sentido público del espacio expresado por la calle”.

La "countrificación" de barrios y/o ciudades es una problemática que acarrean los residentes y que los legisladores negocian con los privados al punto de no haber registro fidedigno de todos los country que hay en la provincia. Ya que no existe una normativa que los regule y la que se presentó en 2022 fue rechazada.

De implementarse el proyecto presentado por el intendente Cornet, se acrecentaría la probabilidad de que que la zona de Villa Allende pase a gentrificarse. Viéndose los residentes obligados a tomar medidas como mudarse por no poder costear la suba de impuestos o defender de manera asidua algo que por derecho legítimo les pertenece: la propiedad y la libre circulación por el espacio público.

La calle, en tanto espacio fundamental de lo público, hace viable las ciudades desde su vitalidad y mixtura; administradas por el Estado municipal, no pueden convertirse en un dispositivo de segregación o de restricción social”, sintetizó Oviedo.

Fotografía: Ezequiel Luque - La Tinta

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