Criminalizan la protesta en Córdoba: demagogia electoral antipopular

Dos proyectos de ley, tanto del oficialismo como de la oposición en Córdoba, están siendo tratados en la Legislatura con el fin de "reglamentar la protesta social" a través de una serie de sanciones que incluso conllevan pena de cárcel. La seguidilla de reclamos masivos contra las políticas de gobierno en un contexto de crisis, no caen bien a una clase dirigente que aprovecha el descontento generalizado para instalar el enfrentamiento de "pobres contra pobres". En esta nota dialogamos con la docente y legisladora por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (FITU) Noelia Agüero y Federico Giuliani, secretario general de ATE y la CTA-A a nivel provincial, para profundizar sobre este escenario.

Por Redacción Enfant Terrible |

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Foto: Archivo Enfant Terrible

En Córdoba la iniciativa de criminalizar la protesta social adquiere forma a través de la presentación de dos proyectos de ley en la Legislatura. Por un lado, el schiarettista Juan Manuel Cid, plantea modificar el Código de Convivencia Ciudadana, buscando que se apliquen sanciones que van desde trabajo comunitario, multa de hasta diez mil pesos, hasta pena de cárcel contra quienes "alteraren o interrumpieren el normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos", bajo la figura de "desórdenes públicos". Además, el proyecto otorga potestad a la Policía y funcionarios judiciales de hacer cesar mediante palabra las manifestaciones. A su vez, también prevee otras penas para la "conducción peligrosa" y "deposiciones en espacios públicos o privados".

Por su parte, legisladores Dante Rossi y Verónica Garade Panetta (Juntos UCR) , presentaron un proyecto para direccionar las movilizaciones públicas, prohibiendo realizarlas en la Ciudad de Córdoba en el radio comprendido entre Marcelo T. de Alvear- Figueroa Alcorta, Humberto I°-Sarmiento, Avda, Maipú-Bv. Chacabuco- y Bv. Illia- Bv. San Juan; en todos los casos en ambas manos, aunque dejan excentas a movilizaciones como la del 24 de marzo de 1976, "o de reconocimiento de derechos vinculados a la igualdad".

De momento, tanto el proyecto oficialista Nº 35604/L/22, como el de Rossi y Garade Panetta Nº 35604/L/22, están siendo tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos que precide Cid, donde los sectores representativos trabajan en un"concenso" para unificar las propuestas. Durante una sesión el pasado 13/10 para debatir los proyectos, estuvieron presentes lo más altos representantes de la Cámara de Comercio de Córdoba y el presidente del Centro Vecinal de B° Centro, quienes expresaron su apoyo hacia ambas iniciativas.

En diálogo con Enfant Terrible, la docente y legisladora por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (FITU) Noelia Agüero, planteó que existen más proyectos además de los tratados en la comisión: “Hay otro proyecto que existe pero no está siendo tratado, e insiste en regular la protesta social a través de lo que son los servicios esenciales, es decir, la educación, la salud y el transporte, ponerles un corset para que tengamos que adecuarnos, que se nos diga cómo tenemos que hacer nuestras huelgas”.

“Pero además -continuó Agüero-, Cid presentó otro proyecto provincial para suspender y dar de baja los planes sociales de quienes participen en las protestas. También hay otro en el que instruye a los legisladores nacionales de Hacemos Por Córdoba para que lleven un proyecto de similares características al Senado de la Nación, es decir, va más allá. Ese es el panorama, aunque en teoría habría más comisiones para tratarlo, no es que esto se vaya a votar en lo inmediato, pero con esta gente nunca se sabe”, agregó la legisladora del FITU.

En relación al contexto de ambas propuestas, éstas se realizan frente a la seguidilla de movilizaciones y acampes piqueteros impulsadas en los últimos meses, sobre todo por la Unidad Piquetera, frente que nuclea a distintas organizaciones en el marco de jornadas de lucha, tanto a nivel Nacional como Provincial, debido al alto grado de desempleo, informalidad laboral y niveles de pobreza que se engrosan, alcanzando cada vez más a los niveles medios de la economía. En este sentido, vale la pena retomar los aportes del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) donde en un informe presentado a fines de 2021, explican la decadencia de la provincia en términos salariales, ocupacionales, industriales y comerciales, en comparación del sector privado agroexportador, principal agente que genera, a la vez que concentra, las ganancias que se producen en la Provincia (altamente endeudada).

Foto: Archivo Enfant Terrible

Por otro lado, además de las movilizaciones en el plano provincial, también se suman las masivas convocatorias del Sindicato Union Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) que vienen sucediendo a raíz del conflicto salarial y los despidos durante la gestión de Martín Llaryora. En este sentido, los concejales Juan Negri (UCR) y Diego Casado (PJ) también presentaron proyectos punitivos en el Concejo Deliberante de Córdoba.

Por su parte, Casado focaliza las sanciones contra movilizaciones como la Marcha de la Gorra, el 8M y de organizaciones gremiales como Luz y Fuerza (que se encuentra en conflicto a raíz del intento de privatización de la EPEC), defendiendo contra las pintadas a instituciones de la Iglesia Católica, o responsabilizando a transportistas de UTA por un episodio donde una mujer fue rociada con gas pimienta por la Policía de Córdoba. Por otro lado, Negri enfatiza en la quita de "cualquier tipo de subsidio y/ colaboración" durante un año para quienes provoquen la "alteración al tránsito mediante la obstrucción de la vía pública", también apoyándose en el Código de Convivencia.

A su vez, otro denominador común de casi todas las propuestas, son los avisos previos obligatorios y posterior autorización estatal para poder llevar a cabo las movilizaciones, algo que dejaría a discreción y control de las autoridades el desarrollo, o no, de estas actividades.

Foto: Archivo Enfant Terrible

Al considerar estas propuestas tanto del oficialismo como del macrismo como "antidemocráticas", distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales, las han criticado describiéndolas como "propuestas sin antecedentes en tiempos democráticos", ya que coalicionan con las garantías del derecho a la protesta plasmado en la Constitución Nacional, buscando poner restricciones a una herramienta fundamental del movimiento obrero en su conjunto frente a la desidia del Estado, entre más sectores.

“Se quieren anticipar a la explosión de las protestas sociales en Córdoba”

Además del sector piquetero, este año también se han registrado acciones conjuntas con el sindicalismo, puntualmente con la organización ATE en la CTA-Autónoma, que este año ha registrado un aumento de 500 afiliaciones y unas 1.000 en los últimos tres, sólo en la Córdoba capital. Es decir que las movilizaciones masivas con la implementación de métodos piqueteros, no corresponden sólo al sector informal, sino también a trabajadores del Estado nucleados en esta central sindical, así como otras organizaciones gremiales, que vienen creciendo en número y poder de convocatoria.

Al visualizar estas articulaciones, con convocatorias importantes en ocasiones de paros generales, así como el engrosamiento del ámbito gremial como síntoma del malestar ante el Estado, dialogamos con Federico Giuliani, secretario general de ATE y la CTA-A a nivel provincial.

Consultado acerca de la lectura que realiza sobre los proyectos, Giuliani planteó que: “Van directo a atacar la causa de lo que significa un modelo político-económico de exclusión social. El cordobesismo de más de 20 años ha generado las condiciones objetivas en la Argentina más desiguales que en cualquier otra parte del territorio nacional”. “Todo esto es la pérdida de derechos laborales no sólo en el sector estatal provincial, sino también municipal, generando las condiciones propias para que nuestro pueblo se organice y se planifiquen los reclamos”, agregó el dirigente.

Federico Giuliani. Foto: Archivo Enfant Terrible
“Hay un combo explosivo de trabajadores sin trabajo, de trabajadores ocupados que son pobres y una gran brecha social, entre los que no tienen con los que más tienen, con una clase política enquistada en el poder hace muchísimos años”.

Podría decirse que el contexto de estos proyectos también es electoral, ya que el año que viene se llevarán a cabo las eleccioens provinciales junto con las nacionales. En este sentido, Giuliani planteó que existe “una movida de merchandising electoral” alrededor de las presentaciones, que desde su parecer ya se viene promocionando “a través de la superestructura de los medios hegemónicos de comunicación”, instalando a su vez que “quienes nos movilizamos y reclamamos, somos los malos de la película”. “El vecino común, de a pie o que tomó el colectivo, absorbe ese discurso de odio, entonces le molesta caos vehicular, el corte de calle, y aquí aparecen los trabajos más símbolicos de esta superestructura como son los planeros, los sindicalistas corruptos, genernado una pelea entre pobres”, añadió.

Además, Giuliani remarcó la inconstitucionalidad de las propuestas, “porque quieren emitir una normativa reglamentaria de las movilizaciones a nivel provincial, pero violando la Constitución Nacional que habla del derecho a la huelga y al reclamo”.“Pareciera que la Legislatura de Córdoba que se muestra por encima de esa Constitución y llama la atención que teniendo el cuerpo de asesores bien pagos que tienen, no vean que tramitan una norma inconstitucional”, criticó.

Foto: Archivo Enfant Terrible
“No nos sorprende que provenga de la Legislatura, con legisladores y legisladoras que legislan aislados de la realidad de la sociedad, blindados por las fuerzas policiales, en un edificio totalmente alejados de la calle”.

-¿Cuál sería el trasfondo de lo que se plantea en los proyectos?

-La criminalización de la protesta social. Tiene que ver con un mecanismo de disciplinamiento, es decir, encarcelar, imputar o judicializar a quienes luchan para que el resto no haga lo mismo. Pero por otro lado, parece que no hay una grieta como nos quieren vender para afuera, porque el poder político que gobierna Córdoba termina siendo gerente de los grupos concentrados de poder, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Cereales, la Sociedad Rural, el Grupo Pagani con Arcor, el Grupo Roggio. Yo he visto a estos grupos empezar a vender el producto en los grandes medios hegemónicos que están al servicio de la Pauta Publicitaria Oficial e instalarlo en la sociedad. Y seguramente, como todo merchandising electoral, van a hacer un sondeo y van a usar estos intentos de proyecto para que la sociedad comience a pensar, haciendo un globo de ensayo con todo esto.

Foto: Archivo Enfant Terrible
“En este contexto que se avisora una crisis social para fin de año y el año que viene, se quieren anticipar a la explosión de las protestas sociales en Córdoba”.

Por último, el dirigente sindical habló de una "derechización" la clase política gobernante, “donde pierden los genes históricos, tanto el PJ como el radicalismo, de ser partidos democráticos, porque supuestamente en democracia se puede protestar”. En esta línea, concluyó que “nos estarían llevando hacia un régimen fascista donde no podríamos salir a movilizar por todo lo que nos pasa, con una lista tan larga que se podría movilizar por cualquier cosa”.

En conclusión, podría decirse que las iniciativas legislativas buscan captar la empatía y el descontento de ciertos sectores que en el día a día se encuentran con las manifestaciones. De esta manera, sin embargo no se trata de medidas que disminuya el nivel de conflictividad social, ya que se pondrían bajo la alfombra la diversidad de reclamos que vienen paralizando distintos puntos de la ciudad. Sería tarea del Estado también hacerse cargo del cúmulo problemáticas que se generan con las políticas de gobierno y que este año han sumado una serie de escándalos durante la gestión de Juan Schiaretti, tantos que se pueden enumerar en un listado:

  • Los conflictos socioambientales por las autovía en Punilla y Paravachasca y la destrucción del monte nativo.
  • Los incendios forestales desmedidos y cada vez más frecuentes a lo largo y hancho de la Provincia.
  • La situación de contaminación del Lago San Roque y la crisis hídrica acuciante.
  • Las denuncias por abusos, precarización y proscripción sindical en la SeNAF.
  • La muerte de bebés en el Neonatal y la posteior renuncia de Diego Cardozo, ex ministro de Salud.
  • Las denuncias de abuso, femicidio y posterior encubrimiento político del ex titular de Defensa Civil, Diego Concha, hoy preso en Bouwer.
  • La larga lista de casos de gatillo fácil y abuso policial que manchan el prontuario del recién renunciado Alfonso Mosquera, hoy legislador provincial de Hacemos Por Córdoba, así como las denuncias por violación a los derechos humanos en los contextos de encierro.
  • El vaciamiento de las áreas de Educación y Salud, con empobrecimiento y precarización del personal.

Aunque la lista podría continuar en un contexto crítico, sobre todo para los sectores que no poseen los privilegios socioeconómicos que sí poseen los grupos gobernantes.

Adjuntos, los proyectos de ley en la Legislatura:

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Redacción Enfant Terrible

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