“Espacio Ruka” es una reserva natural-urbana de una hectárea y media de tierra ubicada en barrio Argüello, donde funciona una unidad productiva agroecológica, una cooperativa de trabajo que sostiene la economía de las personas y familias que trabajan allí, materializando el concepto de soberanía alimentaria.

Además, se trata de un sitio patrimonial y cultural, ya que se ubica en la que fuera la residencia de Félix Tomás Garzón, ex intendente de la Ciudad de Córdoba, luego Vicegobernador y finalmente Gobernador de la provincia de Córdoba, quien ocupó el predio y mandó construir La Casona a principios del SXX.

Según cuenta la historia, la familia Garzón estuvo allí hasta la década de 1960, luego funcionó un instituto de menores judicializados hasta la década del 80, y por último, una granja-hogar para la atención de multi-discapacidades, que se estableció hasta la primera década del S. XXI. Desde aquí, el lugar fue abandonado, desmantelado, saqueado, usado de “aguantadero”, algunos árboles añosos fueron talados, se contirvió en un foco infeccioso y un basural.

Recuperación comunitaria y trabajo agroecológico

Desde hace unos años, el sitio viene siendo recuperado. “Fuimos recuperando el espacio, organizándonos, trabajando la tierra. Empezamos con muy pocas herramientas y de a poco fuimos comprando más”, cuenta Yuyina, integrante del espacio Ruka, quien describe un sitio donde “hay muchas especies de flora y fauna nativa, por la cercanía que existe a Calera y a las sierras y la Reserva San Martín”.

Las personas del espacio, como Yuyina, se han encargado de desmalezar preservando la flora nativa, limpiado y sacado la basura, reconstruyeron aberturas saqueadas o vandalizadas, repararon el techo y las paredes, realizaron instalaciones de agua y electricidad; con trabajo colectivo, crearon la huerta urbana más grande de la Ciudad de Córdoba, donde antes existía un cañaveral.

Respecto al trabajo que vienen realizando, Yuyina cuenta: “Es el tercer ciclo de cosecha que venimos teniendo, porque arrancamos en diciembre de 2021, sembrando en una parcela chiquita con semillas del INTA, o que nos fueron llegando. Hoy podemos decir que hay por lo menos un cuarto de esa tierra con siembras. Entre ellas, tenemos zapallitos, tomates, lechugas secas, acelga, cebolla, maíces, ajos”.

“Hay muchas siembras que son de nuestras propias semillas, entonces llegamos a otro nivel de soberanía alimentaria, de haber accedido a semillas del INTA y hoy sembrar nuestras propias semillas”.

La forma de habitar el territorio que tienen en Ruka, es a partir de mantenerlo abierto a la comunidad: “Estamos comercializando nuestra cosecha a vecines que vienen a comprarnos ciertos días de la semana”. Además, esa apertura implica el tejido de vínculos con otras huertas y espacios de feria, como la Red de Huertas de Córdoba y la Feria Agroecológica de Alberdi.

El eje central del proyecto, o como lo describe Yuyina, el “horizonte” es “el auto abastecimiento, poder acceder al alimento y con el excedente, comercializarlo a un precio popular, para que las personas puedan acceder”.

Un espacio en resistencia

Hoy el espacio tiene una orden de desalojo inminente por parte de la Policía Federal (PFA), avalado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el juez federal Hugo Vaca Narvaja, con el fin de hacer una “sede administrativa” de la PFA en el lugar.

Debido a esta situación, están realizando una convocatoria este 29 de diciembre a las 17hs, en Juan de Dios Correa 7130 de Barrio San José-Argüello, para compartir y defender el espacio patrimonial.

La intimación de desalojo por parte del AABE para que abandonen el lugar llegó en marzo y durante el resto del año han estado realizando presentaciones jurídicas, haciendo muestras de cómo han recuperado la tierra y el trabajo que realizan: “no estamos usurpando, sólo somos trabajadores”, sostiene Yuyina.

Sin embargo, el juez Vaca Narvaja denegó todo: “no reconoce nada de todo lo que fuimos dándole y ahora nos enteramos que la Policía Federal (PFA) viene realizando una investigación, haciendo fotos, presentando proyectos y varias cosas al AABE, para que esa tierra pase a ser una sede administrativa federal. Ya está todo firmado y listo para que vengan a sacarnos”.

No es la primera vez que el espacio es codiciado por su valor: “Es un territorio que ya viene con juicio desde 2018, porque funcionaba otra casona cultural, la Casona de Argüello, porque varias personas ven un lingote de oro en este lugar. La Provincia la quiso subastar a especuladores inmobiliarios de manera ilegal, porque es jurisdicción nacional”, contó Yuyina sobre esta parte del proceso. Finalmente, la casa no pudo ser subastada gracias a la resistencia de vecinos y vecinas de la zona.

Para Yuyina y quienes integran Ruka, hay una contradicción en que los quieran desalojar por el trabajo que realizan, ya que “quienes trabajamos ahí percibimos el Programa Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social (actual Capital Humano). Se presenta una contradicción por parte del AABE a la hora de querer desalojarnos, porque si bien el mismo estado nacional nos da planes para trabajar, después es el mismo que nos quiere sacar, sin una instancia de diálogo previo”.

Para finalizar, Yuyina reflexiona y sostiene: “sabemos que no necesitamos una sede administrativa de la PFA. Necesitamos más espacios de huerta, acceder a alimentos sanos, trabajo, llegar a fin de mes. No necesitamos más represión y seguir fortaleciendo esas estructuras”.