El juicio por el asesinato de Rodrigo Sánchez en manos de Lucas Gastón Carranza, concluyó ayer con las últimas declaraciones testimoniales, y solo queda la audiencia de hoy, viernes 01 de marzo, donde se presentarán documentos periciales como pruebas finales. Posteriormente, restarán los alegatos finales y la emisión de la sentencia.
En la quinta audiencia del juicio se destacó la participación de su primo, Franco Sanso, a quien se esperaba desde antes de ayer. Él tenía 21 años en el momento en que asesinaron a Rodrigo y relató que lo veía con frecuencia, incluso ese mismo 19 de septiembre de 2015, cuando el policía Lucas Carranza le quitó la vida.
El resto de los declarantes fueron los oficiales de Policía, Darío Alberto Ávila, quien estaba como máxima autoridad en la Comisaría 2° de la zona, el sub inspector Franco Martín Reynoso, quien llegó detrás de Ávila al lugar del hecho y el ex comisario Gonzalo Cumplido, quien volvía de la jefatura, de civil, ya que estaba realizando "trabajo administrativo". De sí mismo, ese día destaca: "no tenía armamento encima".
Presentes los testimonios, la fiscal Laura Batistelli se encargó de comenzar el interrogatorio.
En principio, Sanso recordó que ese día vio a su primo y contó que se dio cuenta que él iba a robar. Afirmó que intentó charlar con él y frenarlo sin lograr conseguirlo. Además, afirmó: "A Rodrigo nunca lo vi con un arma". También dijo que a Leandro Sanabaria, quien estaba con Rodrigo al momento del robo, "tampoco lo ví con arma".
Respecto del relato de los policías, cabe destacar que los tres coincidieron en que todos los efectivos deben portar el arma reglamentaria "aún un día de Franco", salvo cuando "salen de la provincia o el país". Cumplido destacó que le pareció una rareza la intervención de Carranza: "llama la atención que estando de civil, accione".
Sin embargo, muchos casos de homicidios en los que las Fuerzas Policiales están involucradas tienen a su personal obrando de civiles, y esto, para los familiares de las víctimas, no es una rareza, sino más bien un patrón común dentro de la represión estatal.
Asimismo, los tres relatos afirmaron que Carranza les habló de otra arma más además de la suya, y que hubo intercambio de disparos, pero los tres afirmaron que no vieron esa otra arma. En este sentido, Reynoso aportó que al hacer el rastrillaje y la "inspección ocular", no recuerda haber encontrado otra arma.
Entre los comentarios y la manera de contextualizar al preguntar, que caracterizan el lenguaje de la fiscal Laura Batistelli, se ha generado un clima de disconformidad y tensión con los testigos Sanso y Sanabria, pero también con la familia de Sánchez.
La presunción de que el único fallecido portaba un arma, afirmación hecha únicamente por el policía que lo abatió, fue contradicha incluso por los agentes policiales que declararon hoy. Además, los antecedentes que carga Sanabria fuera de este caso -con respectivos procesos judiciales y condenas- parecen seguir bajo la mira y la crítica insistente de la fiscal.
Lo que evidenció aún más la irregularidad de la fiscal, fue cuando el abogado de la querella, Adolfo Allende Posse, le preguntó al ex comisario Gonzalo Cumplido si era investigado por otras irregularidades en el ejercicio y cumplimiento de su función. La misma fiscal objetó diciendo que de responder, sea o no culpable de algo, "lo estigmatizaría".
Sin embargo, esta actitud no se refleja de la misma manera con las demas personas que atestiguaron, poniendo en evidencia un aparente desprecio de clase. Además, durante el interrogatorio, la fiscal no logró ser ni clara ni concisa en sus preguntas. De manera sistemática, al referirse a Sanso y Sanabria, recurrió al Tribunal de vocales para que aclaren y simplifiquen la pregunta. Después de esta intervención, se obtuvieron aportes claros por parte de los testigos.
La brecha entre el dictamen final se acorta, mientras que la distancia entre la fiscal y la querella se amplía, como ya se ha mencionado.
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