Uno de los proyectos pertenece al legislador por La Libertad Avanza (LLA) Agustín Spaccesi, mientras que el otro es una presentación conjunta entre Hernández Maqueda, las radicalistas Ariela Yanina Szpanin y Alejandra Ferrero, y Juan Pablo Peirone del Frente Cívico. Si bien son presentaciones distintas, ambas tienen plantean “adherir al Régimen dispuesto en el Título VII de la Ley Nacional N° 27742, Régimen para Grandes Inversiones” en su Artículo 1.

Sin embargo, mientras que la presentación de Spaccesi posee fundamentos muy acotados, ya que sólo hace referencia a “la flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que empresas inviertan a partir de $USD200millones durante 30 años” y hasta le faltan acentos, en su texto, el resto de legisladores defienden con más renglones los beneficios que supuestamente traería la solicitada adhesión, e incluso expresan su coincidencia con el diputado nacional por LLA y también cordobés, Gabriel Bornoroni.

“En Córdoba se podrían emprender proyectos relativos a la industria de la cal, por el desarrollo de la explotación de cobre; la instalación de una planta de biojet o incluso alguna obra vial importante”, en función de que “la industria automotriz no está dentro de los sectores beneficiados -actividad fuerte en la provincia-”, indica la presentación de Hernández Maqueda, Szpanin, Ferrero y Peirone.

Cabe recodar que el RIGI busca beneficiar a sectores dedicados a actividades extractivistas específicas: agronegocios, forestales, megaminería, litio, hidrocarburos, inmobiliarias y pesca industrial. En este sentido, la referencia al biojet tiene que ver con la producción de agrocombustibles a base de maíz y soja, que el Gobierno de Córdoba incentiva a través de empresas etanoleras como Porta Hnos., ubicada en Córdoba Capital.

Por otro lado, los legisladores apuntan contra “la crítica populista” y argumentan que “en consideración de la opinión de diversos empresarios, es necesario evidenciar que la industria argentina no tiene prohibido ingresar al RIGI siempre que, al igual que el resto de las potenciales inversiones, desembolse el capital necesario y demuestre un plan de inversión sólido”.

“El RIGI, sin lugar a dudas, no atenta contra las PyMEs argentinas que efectivamente también necesitan baja de presión impositiva y mejores condiciones para producir, además de la ya citada obligación de contratar proveedores locales, modificación incluida por el Senado de la Nación”, agregan.

En relación a la industria local, plantean que “sin dudas el RIGI se posicionará como el puntapié inicial de una nueva Argentina, dejando atrás también aquella parte de la industria local que desde hace muchísimos años se volvió prebendaria, ya que detrás de las múltiples exigencias de mayor arancelamiento para protegerse se encuentra una cierta comodidad de los industriales argentinos que, a su vez, los ha vuelto cada vez menos competitivos”.

La posición de Llaryora

Desde mediados del mes pasado, Martín Llaryora adelantó la decisión de adherir al RIGI tras reunirse con el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6), es decir, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción y con representantes del sector agropecuario. En este sentido, aún se está a la espera de que el oficialismo realice una propuesta propia de adhesión.

Todo indica que al momento de votar la adhesión al RIGI en la Legislatura de Córdoba no habrá inconvenientes, y que los sectores concentrados del agro, inmobiliario y de la obra pública tendrán vía libre en la provincia mediterránea para continuar favoreciéndose.