A ocho años del hecho y tras una intensa lucha de familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos para obtener justicia, el oficial Lucas Gastón Carranza será finalmente juzgado en un juicio que prevé definirse en solo cinco audiencias.
Empezará en el día de la fecha a partir de las las 9 horas en la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba, Tribunales Provinciales II (Fructuosa Rivera 720). El proceso iba iniciar a fines del año pasado, pero fue postergado por cuatro meses más.
Enfant dialogó con las abogadas Valeria Plaza y Victoria Siloff, quienes nos compartieron sus expectativas y opiniones sobre el caso.
El tribunal que juzgará el hecho será un jurado colegiado y estará integrado por los vocales Roberto Cornejo, Martin Bertone y Gustavo Rodríguez Fernández. Este proceso judicial se diferencia de los casos de "gatillo fácil" juzgados durante el año pasado en Córdoba (Blas Correas/Damián Pérez/Isaías Luna/Joaquín Paredes), donde se contó en todos los casos con la participación de "jurados populares".
Aparte de ser postergado el año pasado, el juicio sufrió una sustancial modificación en las últimas semanas tras la decisión del fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, de realizar una "triangulación de fiscales", con el fin de saldar las internas existentes al interior del poder judicial entre las fiscalías acusatorias y los tribunales correspondientes.
En este sentido, Laura Batistelli, fue removida de la Cámara 2° a la 9°. Por lo tanto es la nueva fiscal del caso de Sánchez-Carranza, situación que la familia de la víctima se anotició con sorpresa e incertidumbre, ya que venía trabajando con el fiscal Gerardo Reyes, quién fue determinante para elevar a juicio la causa luego de siete años de estar al borde del cierre, por decisión de la fiscal Jorgelina Gutiez. Esta última, es señalada por la familia por dilatar los tiempos, no investigar y querer dejar libre al policía Carranza.
El juicio -en teoría- será resuelto en cinco (5) audiencias, por lo que será un proceso breve a resolverse en el siguiente orden: declaraciones de las partes, testimoniales de los testigos, presentación de alegatos, "últimas palabras" y la lectura de la condena acordada para el día viernes de la semana que viene.
Será el tercer juicio desde la restauración democrática donde se juzgará a un policía por asesinar a una persona en situación de robo en Córdoba, el primero de este tipo bajo la Presidencia de Javier Milei y el Gobierno provincial de Martín Llaryora, acérrimos adeptos a la “mano dura” junto a sus respectivos ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y Juan Pablo Quinteros.
¿Influirá el actual contexto represivo en la toma de decisión de parte de la fiscal y el jurado colegiado?
Enfant dialogó con Victoria Siloff, quien fue auxiliar del abogado "Vasco" Orzacoa, defensor de la familia del joven Lucas Rudzicz, joven asesinado por un policía tras haber realizado un robo en Barrio Müller y abogada defensora de la familia de Isaías Luna, joven asesinado en 2020 en barrio Urca, también tras haber cometido el mismo delito.
La letrada opina que la clave del juicio estará en si la fiscal o el tribunal hacen lugar a un cambio en la carátula de imputación, ya que actualmente "se toma a Carranza como si fuera un ciudadano que asesina a otro con un arma de fuego, omitiendo su función como agente estatal, por lo tanto le corresponde la imputación de 'homicidio agravado por abuso funcional', lo que aumenta considerablemente la condena".
A su vez, para Siloff "las condenas podrían ir en la misma línea que en los casos anteriores, osea, mínimas". La abogada fundamenta su opinión en los antecedentes de las condenas que recibieron los policías que asesinaron a jóvenes en situación de robo. Esto sumado al actual escenario político y jurídico, al que entiende como "grave" por el nivel de legitimación social a las políticas reaccionarias y represivas impulsadas por la ultraderecha en el gobierno. "Aunque este caso tiene situaciones diferentes, tales como que Carranza estaba de civil y estaba drogado", lo que puede jugarle en contra al oficial imputado.
Por su parte, Victoria Plaza, también abogada e investigadora del CONICET, coincide con Siloff en cuanto a que la fiscal o el tribunal tienen todos los elementos para cambiar la carátula de la acusación en sintonía con la función pública del agente implicado.
"Esperemos que haya un pedido de homicidio agravado por función, porque las pruebas que están en el expediente y que estos días los vamos a ver en las en las distintas audiencias son contundentes", expresa Plaza.
Lucas Gastón Carranza llega en libertad e imputado -en principio- por "homicidio agravado por uso de arma de fuego", carátula que puede ser modificada -o no- por la fiscal de cámara o el jurado colegiado. Pero mientras tanto, el oficial estuvo siete años investigado sólo por el intento de robo de una campera en el Patio Olmos, a un año de cometer el crimen sobre Sánchez. Las prioridades, ¿no?
"Que esté acreditado en la carga probatoria que Carranza tenía alcohol y estupefacientes en sangre, la manera en la que realiza el hecho y los antecedentes que tenía, dan cuenta que efectivamente se trata de un homicidio policial, no hay lugar para otra lectura", señala Plaza.
Es importante remarcar que Jorgelina Gutiez, fiscal que "investigó" el caso, construyó durante este tiempo el hecho con la intención de lograr el sobreseimiento del oficial, pero luego de que la madre del joven se encadenara a Tribunales se pudo lograr el cambio de fiscal. Gerardo Reyes apenas asumió la tarea, confirmó la versión de la familia de que Rodrigo nunca tuvo un arma, por lo que el "enfrentamiento" entre él y su verdugo nunca pudo haber existido. En ese sentido, Reyes se hizo de la causa, citó a declarar a Carranza y la elevó a juicio.
La nueva lectura del hecho realizada por Reyes reconoció que el oficial no cumplió con los protocolos de acción previstos, lo acusó por disparar al adolescente por la espalda con su arma reglamentaria y sabiendo el daño letal que podía causar.
"Si no fuera por la fuerza de la madre, el apoyo de las organizaciones de familiares y organizaciones políticas, esta casusa estaba condenada a ser cerrada", expresa Plaza.
Ahora todo lo trabajado por Reyes se pone en suspenso porque se desconoce a ciencia cierta la posición de la nueva fiscal, Laura Batistelli, quién le habría manifestado a la madre del joven que "llegar hasta un tribunal ya es obtener justicia".
Rodrigo Sánchez, de 17 años de edad, fue asesinado el 19 de septiembre del 2015 en el barrio Villa Urquiza por el policía Lucas Gastón Carranza, quien, estando de civil, le disparó al joven por la espalda en tres oportunidades, recibiendo uno de esos tiros en la nuca, a solo dos metros de distancia.
Luego de cometido el crimen, Carranza junto a otros oficiales modificaron la escena delictiva, colocando pólvora sobre la mano del adolescente, con el objetivo de simular una situación de enfrentamiento, un accionar criminal sistemático y característico de la Policía provincial. Sin embargo, el arma que se le intentó adjudicar nunca apareció.
En los análisis de sangre realizados a Carranza se pudo comprobar que tenía cocaína y alcohol en sangre, y que registraba antecedentes de robo.
La familia del joven comenzó a exigir justicia de inmediato, alegando que la situación de robo se podría haber resuelto conforme a la ley, dando la voz de alto y aprehendiendo al individuo, ya que -tal como comprobó la misma justicia- Sánchez no estaba armado, por lo que no suponía un peligro mayor para nadie. Al insistir con sus exigencias y acusaciones sobre el ilegítimo accionar policial, la familia fue extorsionada para ser callada, recibiendo en sus redes sociales fotos del joven acribillado (obtenidas solo por los policías actuantes tras el suceso y enviadas a la cuenta de Facebook de Gabriela Sanso, madre de Rodrigo).
"Solo les preocupó investigar un intento de robo, pero no se detuvieron ni un minuto a mirar a su costado que tenían un muerto en sus pies", expresó Gabriela Sanso hace pocos días en sus redes sociales.
Sucede que la justicia intentó investigar sólo la situación de robo y no de asesinato, dejando ver una perversa e inhumana lógica en defensa de la propiedad privada.
La causa del asesinato fue "cajoneada" cuatro años y tuvo dos intentos de sobreseimiento. Además, Sanso denunció que desaparecieron pruebas contundentes del lugar y las filmaciones de la policía, donde podría esclarecerse lo que había pasado.
El efectivo de la Policía de Córdoba fue sobreseído en su momento por la fiscal Jorgelina Gutiez, alegando “legítima defensa” y el “cumplimiento del deber como funcionario público”. Aunque la medida fue apelada y tanto el Juzgado de Control como la Fiscalía de Cámara de Acusación dispusieron la producción de nueva prueba, Carranza permanece en libertad.
El poder judicial y el poder policial hicieron de todo durante siete largos años para que la causa se cierre y Carranza sea sobreseído, pero la familia de Sánchez en la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil hizo de todo para obtener una instancia a la que se excluye a la mayoría de estos "casos".
Solo dos casos de policías juzgados por asesinar a personas en situación de robo preceden al juicio que empieza hoy:
LUCAS RUDZICZ
El joven de 13 años recibió un balazo en la nuca luego de escapar de una situación de robo en Barrio Müller. El oficial Martín Murua fusiló al adolescente y luego modificó la escena del crimen.
La imputación inicial contra el sargento Murúa fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía. Pero luego, el poder judicial la atenuó por la figura de “exceso en el ejercicio legítimo de su cargo”.
La condena a Murua fue de dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo por cinco años.
ISAÍAS LUNA
El jueves 9 de marzo de 2023, el policía Ariel Esteban Adavid fue condenado a un año y seis meses de prisión condicional por asesinar a Isaías Luna de 21 años, con un disparo en la cabeza en el Barrio Urca en el 2020. Además, quedó inhabilitado por cinco años para el uso de armas.
Los responsables fueron juzgados en la Cámara 5º del Crimen de la ciudad con jurados populares. Seis de ellos estaban acusados por falso testimonio y encubrimiento agravado, ya que plantaron un arma en la mano derecha del joven, siendo que él era zurdo, mientras que el señalado por disparar y dar muerte a Luna estaba imputado por uso excesivo de la fuerza.
La intención de plantar el arma era instalar la versión del enfrentamiento de las fuerzas con los jóvenes, pero éstos no sólo no estaban armados -dato que aclararon en las declaraciones-, sino que Adavid -con nota 9 en polígono y práctica en terreno- disparó por la espalda y dió en la nuca de Isaías. Con respecto a este punto, testimonios constataron que el cuerpo de Isaías fue cambiado de posición y se ubicó un arma en un lugar donde antes no estaba.
En ambos casos la situación fue similar a la vivida por Sánchez, es decir, jóvenes desarmados y en situación de robo asesinados por policías (de civil o de uniforme). Los tiros en la nuca, la modificación de la escena del crimen para simular enfrentamiento y justificar un accionar a sabiendas ilegítimo, y la falta de condenas acorde a estas graves situaciones -relevadas por la propia justicia- dan cuenta de la descomposición humana en las entrañas del poder policial-político y judicial cordobés.
¿Estará a la altura la justicia esta vez? ¿o seguirá legitimando los crímenes de Estado cometido por las fuerzas represivas estatales?
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En rechazo a la Ley Bases y el Impuesto a las Ganacias, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y ATE-SENASA paralizan el 80% de las exportaciones argentinas.
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