El lunes 30 de octubre, familiares e integrantes del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) se movilizaron hacia el Palacio de Tribunales II para exigir justicia por el femicidio de Elizabeth Robledo de 36 años, trabajadora, militante de la FOL y madre de un niño de nueve.
Tras la movilización se logró que la causa donde se juzga a Maximiliano Ruiz en la Cámara 8va y lleva la carátula de “homicidio culposo” (con penas de 1 5 años de prisión), sea elevada a juicio oral y público. De esta manera la querella podrá presentar las pruebas necesarias y evidenciar que no fue “un accidente” -tal como sostiene la defensa- y exigir que se modifique la imputación por “femicidio”.
Momentos después de que el fiscal a cargo llegue al acuerdo con la familia de realizar la instancia de forma juicio oral y pública, Maximiliano Maita, delegado de la FOL y 'familiar de corazón' de Elizabeth, comentó a los allegados que se encontraban afuera del recinto:
Robledo fue asesinada el 11 de marzo de 2022 por Ruiz, oficial de policía de Córdoba con más de 10 años de antigüedad en el servicio y un cargo de alto rango. El motivo del femicidio fue una discusión sobre el derecho a la protesta social, que escaló hasta que Ruiz desenfundó su arma reglamentaria y disparó tres veces seguidas, impactando una de las balas en el tórax de Elizabeth, quien falleció de camino al Hospital de Urgencias.
En primera instancia, el acusado intentó culpar al hijo de Robledo, un niño de nueve años en aquel momento, pero los vecinos que fueron testigos lo desmintieron de inmediato. Otra de las irregularidades fue que el acusado intentó ocultar las pruebas, borrando los datos y tirando el celular de la víctima.
Para Maita es una burla que el hecho se intente hacer pasar por accidente, cuando el acusado blandía su arma al momento de la discusión: “¿Cómo puede alguien con tanta trayectoria, 'disparar sin querer' un arma reglamentada que tiene tres seguros? Es un ejercicio de poder de una policía zarpada y desbocada que termina matando a nuestros pibes en las calles. En este caso se llevó la vida de Eli”, comentó a Enfant.
Haber logrado que el fiscal tome la decisión de realizar un juicio oral y público es fundamental para que no se tomen decisiones a espaldas de la familia. Mientras tanto, los abogados defensores de Ruiz pidieron un abreviado, el cual tiene como objetivo “concluir de forma anticipada un determinado procedimiento. Esto es, busca terminar el proceso judicial antes de alcanzar la etapa oral, tomando el juez el control del mismo para dictaminar la sentencia” (artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
“Esto es más importante de lo que parece, porque el sistema procesal que nosotros tenemos le da la facultad a la fiscalía de arreglar, sin consenso de los querellantes o de las víctimas, un juicio abreviado que es prácticamente un documento, donde no hay un control público de los actos de la justicia y de las pruebas presentadas. Entonces, conseguir el juicio oral y público puede parecer menor pero no lo es. Vamos a estar allí, observando y vigilando la legalidad del proceso, para que haya una justicia efectiva”, agrega Maita.
Con el abreviado, una de las ventajas a favor del acusado es la posibilidad de arreglo de la sentencia sin que medien terceros, por ejemplo cambiando la carátula como “homicidio doloso”. Esto bien podría considerarse otra irregularidad por parte del sistema, debido a que en un juicio abreviado la sentencia podría verse reducida hasta dos terceras partes (de la pena mínima en el caso de delitos culposos) de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual se lo acusa. Esto resultaría en un atropello a los derechos de los familiares de Elizabeth.
“¡Yo sabía, que a Maximiliano, lo cuida la policía, asesina!”, cantaban afuera de tribunales las compañeras y compañeros de la FOL que acompañan a los familiares de Elizabeth. Bien es sabido que los procedimientos por parte del Poder Judicial ante denuncias de violencias de géneros, no son de las más efectivas, más aún si fue perpetrado por un oficial de policía.
Durante el año 2021, según fuentes compartidas por la periodista Virginia Digón, el 26% de los femicidios que ocurrieron en la provincia de Córdoba fueron perpetrados por miembros de fuerzas de seguridad. El porcentaje superaba ampliamente el promedio nacional, que va entre el 10% y 15%.
Para lo que va del 2023, el porcentaje de casos se mantiene relativamente estable; según lo relevado por el Observatorio “Ahora que si nos ven”, nueve de los 231 casos de femicidios muestran que son a mano de las fuerzas de seguridad, a su vez quedando abierta la incógnita sobre los casos dentro del número de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos o condenados, la llamada “cifra negra”.
Hace más de un año y medio, que todos los 11 de cada mes se reúnen para salir a marchar pidiendo justicia. Entre tanto, la familia y allegados deben soportar la impunidad con la que se maneja Ruiz, quien se pasea por el barrio donde vive el padre de “Eli”. Además, el ninguneo de la policía cómplice que se acercó en Tribunales para decir: “Bueno si queda libre, es porque no hay pruebas que así lo ameriten”.
La violencia ejercida por parte de la fuerza policial en los sectores populares, así como los impedimentos por parte del Poder Judicial para que las familias accedan al derecho a un juicio, ya son moneda corriente en casos de “gatillo fácil ” que terminan en femicidios. Ante esto, Melania, hermana de Eli, comentó:
“El juicio es lo que queríamos para que pague por lo que hizo. Nos arruinó la vida, nuestra familia está destruida, no fue un accidente, él sabía perfectamente cómo manejar un arma y lo que hacía”.
De ahí el alivio momentáneo de haber conseguido que para el próximo 22, 23 y 24 de noviembre se realice el juicio. Entre aplausos y abrazos a los familiares, se escuchaba cantar para la policía que se encontraba allí: “no sean indiferentes nos matan a las pibas en la cara de la gente”.
Foto de portada: Juan Cristian Castro/Enfant Terrible
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