La polvareda levantada por los helicópteros y el estruendo de los blindados Stryker rompieron la calma habitual de las serranías cordobesas en la Reserva Natural de Defensa de La Calera. En un escenario que remite a las épocas más oscuras de la subordinación internacional, Córdoba volvió a convertirse en el epicentro de maniobras militares bilaterales con el sello del Pentágono.

El ejercicio combinado denominado Daga Atlántica marcó el retorno de tropas de operaciones especiales de los Estados Unidos para desplegar dinámicas de combate territorial en suelo cordobés, un hecho que no encontraba antecedentes directos desde el operativo Uribe-I en el lejano año 2004.

El despliegue operativo incluyó el uso de armamento pesado y el disparo de 25.000 proyectiles de adiestramiento táctico. La hipótesis de conflicto elegida para coordinar las acciones de las fuerzas especiales consistió en una simulación de rescate de rehenes y la recuperación por la fuerza del control del Canal de Panamá.

Esta puesta en escena en el corazón del país se presentó en los titulares de los principales medios como un hecho aislado o una mera cooperación técnica, pero funciona como la primera traducción práctica y la bajada a tierra del Escudo de las Américas en nuestro territorio, la nueva arquitectura militar de tintes imperialistas que el Pentágono impulsa en Latinoamérica.

La geografía elegida para estas prácticas bélicas se dio nada más y nada menos que en un lugar bisagra para la historia nacional, lo que añade un componente de cinismo y provocación difícil de omitir. Las tropas compartieron el terreno de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, un predio de 13.000 hectáreas que perteneció al Tercer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. A escasos 4 kilómetros en línea recta de las ráfagas y el movimiento de los soldados extranjeros, el Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja minuciosa y cotidianamente en el sector conocido como Loma del Torito, donde recientemente se descubrieron fosas comunes e importantes hallazgos vinculados al terrorismo de Estado.

Como si la cercanía física con el horror no fuera suficiente, el calendario elegido para consumar los operativos tampoco pasó por desapercibido para la organización. Las máximas autoridades de la cartera de Defensa y la diplomacia norteamericana eligieron el 10 de junio para realizar el acto de clausura de las actividades en la IV Brigada Aerotransportada, el Día de la Afirmación de los Derechos sobre las Islas Malvinas y el Sector Antártico.

El prontuario de una falsa alianza

La memoria histórica de la región expone las contradicciones de este renovado alineamiento con el enemigo anglosajón. Nunca está de más recordar, especialmente a las nuevas generaciones de argentinos, que hace exactamente cincuenta años, las agencias de inteligencia estadounidenses orquestaban de manera subterránea el Plan Cóndor, la estructura criminal que facilitó la persecución y desaparición de toda una generación de trabajadores y militantes argentinos organizados.

Pocos años después, en 1982, el mismo Washington operó como el principal sostén logístico, tecnológico y de inteligencia del Reino Unido durante la Guerra de Malvinas, obturando la defensa de nuestros combatientes en el Atlántico Sur y siendo cómplices de la ocupación del 25% de nuestro territorio bicontinental.

A pesar de los antecedentes, la insistencia histórica por vender a los Estados Unidos como un aliado estratégico atraviesa de manera transversal las agendas del liberalismo e incluso permea en determinados sectores del peronismo (massismo, morenismo, sectores del kirchnerismo, sectores del peronismo cordobés), quienes -a pesar de sus diferencias- coinciden en lo más importante, la política exterior: la profundización de la sumisión cultural y económica hacia los anglosajones.

Es importante también ver el mapa completo. Esta avanzada geopolítica actual registra antecedentes inmediatos en el territorio nacional, como el reciente patrullaje del portaaviones norteamericano en el Estrecho de Magallanes, la pérdida de soberanía sobre la Vía Troncal del Paraná y la firma de documentos por parte de la Armada Argentina donde se declara al Mar Argentino como un “bien común”, lo cual reviste una gravedad inusitada.

Silencio institucional, voz en alto de los DDHH

En el plano local, el Centro Cívico optó por un estricto silencio institucional. Pero si hacemos memoria, la administración provincial viene consolidando su propio camino de articulación directa con las agencias federales norteamericanas, habiendo firmado convenios con la DEA para la creación de cuerpos policiales de élite y coordinando misiones del Ministerio de Seguridad para asimilar los métodos de intervención del FBI.

El acto de cierre en los hangares cordobeses expuso con claridad el entramado de poder que sostiene el operativo. La comitiva oficial que supervisó el fin de los ejercicios estuvo integrada por los ministros nacionales de Economía y Desregulación, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Carlos Presti, cuyo lazo familiar directo remite a su padre, un coronel condenado por crímenes de lesa humanidad.

Ante la naturalización de la entrega territorial y la pasividad de los partidos tradicionales, las organizaciones sociales y de derechos humanos locales fueron las únicas que alzaron la voz frente a estos actos de desagravio. La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba emitió un documento público de rechazo:

“La presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en La Calera es una humillación planificada contra el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Intentan ensayar la guerra donde debemos sembrar memoria”.

Foto de portada: Gobierno Nacional.