Por Bahía De Palma para Enfant Terrible

El 18 de septiembre, en la puerta de Tribunales de Villa Dolores se congregaron un centenar de personas para exigir que avance la causa que investiga la desaparición de Delia Gerónimo Polijo. La niña de 14 años, fue vista por última vez en 2018, a pocas cuadras de su escuela, en La Paz, un pueblo del departamento San Javier. 

A seis años de la desaparición, su madre Modesta Polijo empuña un micrófono que duplica el sonido de su voz y aprieta las manos cuando dice “mi hija”: “Quiero saber dónde está, qué pasó. Que se toque el corazón la fiscal Lucrecia Zambrana, mi sufrimiento es tanto”.

Hace dos años que no recibe noticias de la fiscal de Instrucción de Primera Nominación Lucrecia Zambrana, responsable de la investigación.

Modesta se encuentra acompañada por su hijo Nelson, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, la Asamblea Transfeminista de Traslasierra, vecinas y vecinos. Lleva puesta una remera con una foto de Delia, quien mira con un gesto serio. 

El pedido de justicia se agrava cuando se recuerda que en el Valle de Traslasierra hay tres desaparecidas más. Marisol Rearte, de 18 años, y su hija Luz Morena Oliva, de dos años, salieron de su casa, ubicada en Los Hornillos, el 2 de febrero de 2014 y no se supo nada de ellas hasta el 2020. Silvia Gloria Gallardo, de 34 años, desaparece diez días después, y aún no hay certeza de lo que le sucedió, aunque su familia acusa al novio de su hija, Hugo Suárez, como principal responsable.

Cuando una persona desaparece, su familia queda en un limbo en donde la búsqueda desesperada se convierte en rutina.

Los tiempos de la Justicia

Roxana Bonafont, vecina de la familia de Delia, en conversación con este medio, expresó que la Justicia de Villa Dolores “no está buscando a Delia, ni a Silvia”. “No sé si es desidia, corrupción o inoperancia”, reflexionó Bonafont. 

La única causa esclarecida hasta ahora es la de Marisol y Luz. El juicio, que confirmó la responsabilidad de Juan José Murúa, se realizó nueve años después de su desaparición. El femicida, al momento de recibir la condena, ya se encontraba preso por asesinar a otra joven: el crimen sucedió en 2009, pero recién en 2018 la justicia de San Luis determina que Murúa mató a Brenda Arias, de 18 años, con una estrategia similar y se vincularon las causas. 

Cuando llegó el juicio por Marisol y Luz, el imputado por “homicidio calificado por el vínculo, por motivos de género y homicidio simple (referido a la niña)” ya había sido condenado a 38 años de cárcel en la provincia vecina.

“Murúa es un producto del Poder Judicial”, dijo María Luque, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de la zona, a Enfant.

Refiriéndose a la cantidad de antecedentes que carga Murua, entre ellos un intento de femicidio y varias denuncias de abuso sexual, Luque asegura que si la Justicia hubiera actuado, “las muertes de las chicas se podrían haber evitado”.

La causa de Delia y de Silvia, a cargo de la fiscal Lucrecia Zambrana, hasta la fecha, no tiene línea de investigación. 

Delia 

Las fuentes consultadas por este medio, coincidieron en que el abuso de niñas por un grupo de varones del pueblo era algo que se hacía habitualmente en una casa conocida popularmente como “La niña Nieve”. La familia Gerónimo Polijo sospecha que Delia estuvo en esa vivienda. Mauro Martínez, el principal sospechoso de su desaparición, se suicidó después de una denuncia por violencia de su concubina, aunque todo apunta a que no actuaba solo.

En ese lugar se encontró ropa quemada, que se envió a analizar pero aún no hay respuestas del laboratorio.

Esta situación revela otra problemática del oeste cordobés, que está íntimamente relacionado con la desaparición de Delia: el abuso sexual contra las infancias. 

María Luque explicó que los delitos contra la integridad sexual de niñas y niños eran normalizados en el Valle de Traslasierra. “Las montañas funcionaron, mientras no hubo rutas, como un mural para ciertas prácticas que se naturalizaron”.

“En Villa Dolores, la mayoría de juicios que se realizan son por abuso sexual.” 

El 18 de septiembre de 2018 los estudiantes de la escuela de La Paz se retiraron antes del horario habitual autorizados por la institución, Delia desapareció en el trayecto del colegio a su casa. 

Las personas que la conocieron recuerdan que le encantaba jugar a la pelota, le decían “la topadora” porque cuando entraba a la cancha arrasaba con todo. También le gustaban los peinados y hacerle trenzas a sus primas.

“Cuando empezamos a buscarla, nunca se imaginaron que por esta nena la gente iba a salir a la calle. La Paz no tenía antecedente por ninguna marcha y las empezamos a hacer diariamente”, recordó Luque.

Entrar a tribunales

La Mesa por los Derechos Humanos de Traslasierra se conformó en 2018, porque  el genocida Luis Gustavo Diedrich violó el arresto domiciliario que cumplía en San Javier de Yacanto. Varias personas se reunieron y entre distintas organizaciones se realizó una campaña para difundir los crímenes de lesa humanidad que cometió durante la última Dictadura Militar. La acción culminó en un escrache, que fue el más importante de la Provincia, por la cantidad de gente que congregó.

Ese mismo año la Mesa, recién conformada, realizó su primera intervención en un juicio. Acompañaron en el proceso legal a la hermana de Claudia Carrizo, asesinada por su ex pareja. María Luque detalló que, con cuaderno y lapicera en mano, aprendieron cuáles eran los códigos del Poder Judicial. Esas anotaciones se convertían en un documento que era difundido para que la ciudadanía supiera “todo lo que pasaba adentro”.

Las personas que conformaban la Mesa, notaron que la presencia y posterior difusión funcionaba como un control: “Al exponer preguntas mal hechas o inoportunas, tanto de fiscales como de abogados, los de adentro se empezaron a cuidar”, cuenta María. 

Actualmente acompaña distintas causas de violencia de género, de represión policial y de abuso contra las infancias. “Nosotras impulsamos que donde sucedan juicios, sean relevantes o no, haya quien mire y difunda. Sino el Poder Judicial se maneja como quiere adentro de Tribunales”, concluyó la referente en Derechos Humanos.