Carreros de “La Igualdad” reclaman políticas integrales ante la exclusión social

Los carreros nucleados en la Cooperativa “La Igualdad” reclaman a Martín Llaryora una política de Estado integral para el sector, al mismo tiempo que denuncian una avanzada institucional “anticarreros” materializada en una ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en toda la ciudad Capital. ”Nosotros prestamos un servicio por una miseria de sueldo que te dura dos días. Y lo prestamos porque tenemos el valor del trabajo, no nos dan nada, queremos conservar la cultura del trabajo. No queremos que hablen así como hablan de nosotros, como si fuéramos maltratadores de animales” expresó César, referente carrero a Enfant Terrible.
Foto: Rodrigo Savoretti/Enfant Terrible

Desde fines del año pasado, la Cooperativa de carreros y recicladores “La Igualdad” denuncia que la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba avanza en una política de Estado que no contempla las necesidades reales del sector. Además, la semana pasada, el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza N° 10.907, la cual prohíbe la tracción a sangre, dejando a cientos de carreros sin la posibilidad de trabajar con sus caballos como lo hacían hasta el momento.

En este sentido, la Cooperativa se mantiene en estado de alerta desde hace una semana y negocia con la Municipalidad una salida consensuada a un conflicto que exhibe, por un lado, la incapacidad gubernamental de proponer soluciones integrales que contemplen las demandas orgánicas de un sector trabajador organizado, y por otro, la violencia simbólica y política tanto de las ONG's proteccionistas de animales como del gobierno municipal para trabajadores recicladores, históricamente excluidos y estigmatizados.

¿Será posible un acuerdo entre las partes?, ¿Cómo continúa la negociación?, ¿Qué efectos inmediatos trajo la nueva ordenanza prohibicionista?, ¿Qué importancia tiene la organización cooperativa en un contexto de crisis?, ¿Cuál es el rol social de las fundaciones proteccionistas de animales?

Foto: Rodrigo Savoretti/Enfant Terrible

Acarrear problemas

A comienzos de noviembre del 2022, la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, a través del Programa Municipal Modernización de Medios de Trabajo, realizó un censo con el supuesto objetivo de registrar a toda la población carrera de Córdoba, donde luego identificó sólo 322 personas. Al tiempo que concluía el recuento, los funcionarios ofrecían a cada carrero la posibilidad de formar parte del programa, que contemplaba la realización de un curso de alfabetización y capacitación en oficios de cuatro meses de duración, con el cobro de una beca mensual de estímulo por $25.000. Al final del recorrido y junto al cumplimiento de diversos requisitos, tales como la asistencia al 80% de las clases intensivas, el gobierno municipal entregaría una motocarga a cambio del carro y el caballo del carrero.

Luego de los cuatro meses, de los 322 carreros censados, 127 finalizaron los cursos (entre el año pasado y este) y obtuvieron las motocicletas eléctricas a cambio de los equinos, los cuales fueron trasladados por el Ente BioCórdoba y organizaciones proteccionistas sin fines de lucro, a distintos asentamientos como granjas y “santuarios”.

Sin embargo, según compartieron algunos carreros -que eligen no revelar su identidad- denuncian que hicieron el curso y entregaron el caballo pero, no recibieron aún las motocargas. También critican que no han aprendido a escribir y a leer de la mejor manera, ya que el curso es intensivo y no contempla la realidad social y laboral de urgencia en la que viven.

Foto: Rodrigo Savoretti/Enfant Terrible

Con el objetivo de profundizar sobre esta situación, Enfant visitó a la Cooperativa de carreros y recicladores “La Igualdad”, ubicada en el Barrio San Roque, la cual nuclea alrededor de 500 carreros de la zona sudoeste de la Ciudad desde el 2017. Allí cuentan con dos grandes galpones, un taller de herrería, oficinas y dos máquinas recicladoras sin usar -esto último debido a la falta del material complementario adeudado por el municipio (un camión, una cinta transportadora y una máquina elevadora). Su proyecto es concretar la instalación de una planta recicladora que genere trabajo genuino gestionado por y para ellos.

Por la mañana, una parte importante de los carreros -pertenecientes al espacio antes nombrado- trabajan de manera tercerizada para la Municipalidad, a través del programa de Recuperadores Urbanos en manos del COYS (Córdoba Obras y Servicios), ente municipal autárquico encargado de la limpieza de la ciudad, el reciclado en los centros verdes y centros de transferencia.

Donde no llegan las empresas privadas de recolección de residuos como URBACOR (zona norte), LAM (zona centro) y LUSA (zona sur), llegan estos recicladores urbanos para las tareas de fumigación, barrido de calles, limpieza de bocas de tormenta y canales maestros, como también para la contención de basurales a cielo abierto.

Por la tarde y por la noche, los carreros -con la necesidad de complementar el magro sueldo municipal-, siguen sus vidas juntando cartón, el cual se paga en distintos puntos de la ciudad a tan solo $30 el kilo.

César Gallardo, referente del espacio, carrero desde niño y uno de los dirigentes políticos de la comunidad recicladora, planteó a Enfant una serie de problemas que acarrea esta intención de la Municipalidad de integrar al sector a sus políticas de Estado.

En primer lugar, sostiene que en Córdoba hay más carreros que los que censó el gobierno local y que los que nuclea La Igualdad, por ende, entiende que si ellos aceptan la propuesta gubernamental (intercambio de caballos y carros por motocargas) tal como la proponen desde el municipio, muchos carreros no organizados quedarían excluidos de los vehículos de trabajo e inhabilitados para trabajar libremente con sus caballos.

En segundo lugar, acusan que esta política no es integradora: “Si vos sólo nos propones cambiar la moto por nuestros caballos, nos condenas a ser pobres toda la vida. Nosotros en las asambleas debatimos que somos trabajadores, que hay otra forma de poder cambiar. Apuntamos desde el día cero a la sustitución, pero que vaya acompañada de nuestras demandas reales, tales como la garantía de la planta recicladora, unida con una ruta de recolección que es nuestra y no nos la respetan”, planteó el dirigente.

“Si quieren que pasemos a lo formal, como dicen, háganse cargo, porque nosotros no sabremos leer ni escribir pero ahora sí sabemos que lo formal significa tener trabajo en blanco, seguro médico, aportes jubilatorios, pero no es esa la realidad de lo que proponen, solo nos dan una moto a cambio de caballos a los cuáles entendemos como integrantes nuestras familias”, acusa César.
César Gallardo. Foto: Rodrigo Savoretti/Enfant Terrible

Unidad cooperativa ante las antojeras onegeístas

Por su parte, diversos integrantes de la Cooperativa denuncian que, desde que se aprobó la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, los carreros están siendo perseguidos y criminalizados por las fundaciones proteccionistas de animales y por la misma Policía de la Provincia, a la que acusa de ejercer violencia y racismo institucional.

“Nosotros estamos organizados por miedo. El miedo nos organizó por toda esta persecución, por todo este seguimiento hacia nuestro trabajo. Y ahora, la ordenanza no hace más que profundizar y legitimar el hostigamiento habitual que recibimos. Porque al que trabaja arriba del carro lo hacen volver o le quitan el animal y la Policía no te dice las cosas como debería, te dice 'che negro de mierda que te he dicho, pica en 10' o sos boleta'. Y nadie piensa que ese trabajador al que se le prohíbe el trabajo, vuelve a su casa sin un peso y sin poder llevarle un plato de comida a su familia. Cada detención es una familia menos que no come”, manifiesta César.

Las organizaciones proteccionistas de animales, tales como la Fundación “Sin Estribo”, “Ventana de Luz” o la Mesa de Proteccionistas de Córdoba, quienes trabajan en articulación con el Municipio en lo que respecta -por ejemplo- al traslado y cuidado de los animales del ex-Zoológico de Córdoba, son quienes hace más de una década presionaron a las distintas gestiones, para lograr la ahora sancionada ordenanza que prohíbe lo que entienden como “explotación” o “maquinaria de muerte” sobre los caballos.

Foto: Rodrigo Savoretti/Enfant Terrible

En este sentido, tales organizaciones -desde sus redes sociales- escrachan, acusan y estigmatizan a los trabajadores recicladores que usan esta modalidad para concretar su labor, acusándolos de “maltratadores de animales” y en algunos casos con denuncias penales incluidas.

En una reciente nota de Diario Perfil, la Presidenta de la Fundación Sin Estribo, Andrea Heredia afirmó, al celebrar la aprobación de la nueva ordenanza: “Nunca nadie se puso de lado del animal. Esto es un gran hito para Córdoba, de los cordobeses y de los vecinos, que ya no querían ver más esta maquinaria de matar. Fueron los propios vecinos quienes pusieron el tema en agenda”.

Al respecto, César opina finalmente lo siguiente: “El otro día el cura de la Parroquia se cruzó a un niño de 10 años con un carro y un caballo. Le preguntó si estaba bien y él le dijo que le faltaban como 18 cuadras para dejar de trabajar. Yo me pregunto, y les pregunto a las fundaciones y al municipio: ¿Dónde están ustedes cuándo pasa esto? Solo denuncian maltrato animal, y ¿los derechos del niño a la educación? ¿al juego? ¿a estar con sus amigos? ¿los derechos humanos nos lo ven?”

Pese al clave y masivo apoyo social a estas fundaciones proteccionistas de animales, y los sentidos que generan, los carreros organizados en asambleas mantienen una unidad fundamental para contrarrestar el poderío, simbólico y material, permitiéndoles negociar en mejor condición con la Municipalidad.

En el día de ayer, tras el anuncio del gobierno de querer censar “casa por casa” a los carreros, salteando a la Cooperativa -y con intenciones de individualizar un reclamo masivo y colectivo-, la asamblea logró que desde el municipio acepten lo que ellos exigían: censo general en la cooperativa, y luego recién censo casa por casa, con la participación de un observador cooperativo durante el recuento.

Además, lograron que los funcionarios se comprometan a entregarles permisos para circular, sin caer en las detenciones policiales, algo complejo entendiendo que las fuerzas de seguridad se manejan arbitrariamente.

“La unión no sólo trae el recurso, nosotros prestamos un servicio por una miseria de sueldo que te dura dos días. Y lo prestamos porque tenemos el valor del trabajo, no nos dan nada, queremos conservar la cultura del trabajo, desde toda la vida, y no queremos que hablen así como hablan de nosotros y de la nueva generación que son nuestros hijos, como si fuéramos maltratadores de animales. Y si para las fundaciones hay un maltrato animal, bueno, hagamos un cambio de fondo, nos ensuciemos, caminemos el barrio, veamos las otras realidades. Cuando le demos dignidad a estos compañeros que sostengan esas plantas con la basura que generamos, será distinto”, expresa Gallardo.

Técnico y profesor en Comunicación Social (UNC). Periodista. Guevarista y peronista.

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