Desde 2020 el gobierno de la provincia de Catamarca viene promoviendo el proyecto Proyecto 3Q “Tres Quebradas” para la explotación de lagunas de salmuera, fuentes abundantes de litio en el departamento de Fiambalá. Las promociones se vienen realizando fuera del país, por ejemplo en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés), la feria minera más importante del mundo realizada en Toronto, Canadá. Allí asistió en 2020 el empresario y presidente de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) Fernando Jalil, hermano del gobernador Raúl Jalil .

En un principio, las acciones del Proyecto Tres Quebradas (concesionada a la empresa local Liex S.A.) pertenecían a la empresa canadiense Neo Lithium Corp. y en octubre de este año fueron adquiridas por la firma china Zijin Mining. Según la empresa Liex S.A. "para julio del 2016 el Proyecto 3Q ya estaba listado en la bolsa y en noviembre de ese mismo año, con el capital adquirido, comenzaron las perforaciones para lograr cuantificar el recurso mineral, objetivo logrado en abril del 2017, cuando se define el recurso inicial del proyecto".

Debieron pasar 5 (cinco) años para que el Ministerio de Minería de la Provincia llamase a una Audiencia Pública, espacio donde las casi 8.000 personas que habitan Fiambalá pudieran realizar la adecuada Consulta previa, libre e informada (instancias avaladas por el Acuerdo de Escazú entre otras normativas nacionales y provinciales) para opinar sobre el inicio de la actividad en el territorio. Sin embargo, su realización no fue tampoco garantía de consulto o de participación pública, según denunciaron desde la asamblea Fiambalá Despierta.

El pasado 17 de diciembre, en el Club Racing de Fiambalá, autoridades de la Intendencia (a cargo de Roxana Paulón -FdT) junto a la Provincia y operadores empresariales realizaron un "montaje" de dichas instancias, donde no se respondieron las preguntas o los cuestionamientos sobre las muchas irregularidades del proyecto. Desde la asamblea lo denunciaron de esta manera:

"La exposición de la empresa minera LIEX S.A nunca habló de los impactos ambientales negativos y como lo mitigarían, solo aludiendo que el proyecto es ampliamente positivo y beneficioso, falseando cifras en materia de puestos de trabajo e impactos en recurso hídrico. La representante del Ministerio de Minería Teresita Regalado, informó de todos los organismos intervinientes durante la evaluación del proyecto, informes nunca puestos en consulta del pueblo. Reconociendo en palabras del Secretario de Medio Ambiente Ricardo Robador, que el Sitio Ramsar “Lagunas altoandinas y Puneñas de Catamarca” donde se ubica el proyecto al momento de esta audiencia, no cuenta con un plan de manejo ambiental, incumpliendo el compromiso asumido en la protección internacional de este humedal".

Los distintos sectores nombrados se oponen a la megaminería en Fiambalá por los conocidos impactos irreversibles que tiene esta actividad genera, ya que se utilizan millones de litros de agua, en este caso en ecosistemas muy delicados como son los humedales de altura. A la larga, los territorios no sólo quedan secos, sino también contaminados por las aguas residuales, tal como ya sucede en Antofagasta de la Sierra.

Hubo gran presencia de operarios en relación directa con la actividad minera, no así de productores agrícolas, trabajadores del turismo -principales sectores productores fiambalenses-.

También denunciaron que el uso de la palabra durante la "audiencia" estuvo centralizada por autoridades de la provincia y la empresa Liex y tampoco se respetó el tiempo en las exposiciones de quienes se habían inscripto, según los requisitos impuestos. Además, hubo gran presencia de operarios en relación directa con la actividad minera, no así de productores agrícolas, trabajadores del turismo -principales sectores productores fiambalenses- entre más habitantes sin relación estrecha con la actividad minera.

Por otro lado, la "falta de acceso a la información desde que comenzó el proyecto" que denuncia la asamblea, así como la realización de la convocatoria en un horario y día laboral (de 09:00 a 13:00 horas) expone la noción de "participación" que tienen tanto las autoridades estatales como empresarias para con el resto de la ciudadanía. Es por ello que, desde el colectivo de trabajadores del turismo, la agricultura vitivinícola y ambientalistas, solicitaron la impugnación del acto "por vicioso en difusión parcial y selectiva, tiempos cortos de convocatoria (menos de un mes), por escasa claridad en su prensa oficial y de sus autoridades respectivas de forma previa a la Audiencia", denunciando la ilegalidad del mismo según deben realizarse los procedimientos administrativos, apelando a los acuerdos internacionales y las normativas nacionales y provinciales.

La situación habla de la motivación que sostiene el Gobierno Provincial para profundizar la actividad minera a gran escala en toda la provincia, tal como se vio a mediados de este año con la cacería de opositores al proyecto MARA (ex Agua Rica) en Andagalá. Si bien el gobierno de Raúl Jalil publicita al turismo como política pública, lo cierto es que cuando se trata de megaminería no existen economías alternativas que puedan oponerse. De esta manera se instala un modelo de dependencia sobre esta actividad, que termina por destruir otras economías -tal vez por este motivo no fueron escuchadas las posiciones del sector turístico, ni viticultor-.