En 2012 la Unión de Asambleas de Vecinxs de Comunidades Chubutenses (UACCH) que se oponen a la minería se propusieron impulsar una legislación que ampliara la protección ambiental de la Ley 5.001, a través de un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial denominado Iniciativa Popular (IP) que cuenta con una gran cantidad de firmas, superando ampliamente el porcentaje legal requerido.

La Iniciativa Popular (IP) que hace siete años impulsan las organizaciones socio ambientales de Chubut aglutina muchos años de historia que incluye trabajo, participación y discusiones. Incluso el bastardeo de legisladores que traicionaron su espíritu, provocando un punto de quiebre en 2014, cuando en su primer presentación la transformaron en una ley minera en medio de una sesión (algo que la UACCH llama "fraude legislativo") dejando intacto sólo el primer artículo.

Si bien la ley fue aprobada, nunca aplicada por el Ejecutivo y terminó derogada un año después.

A propósito de la plena vigencia que el proyecto de la IP tiene para el pueblo de Chubut -con la Segunda Iniciativa Popular-, y a un día de decirle "No" al plebiscito que el oficialismo provincial mencionó convocar después de modificar la reglamentación 5.001 el pasado 15/12, es pertinente hacer un -muy- breve acercamiento al proyecto, tomando sólo algunos de sus puntos.

Estos son algunos fundamentos y principios básicos, plasmados en antecedentes sobre los impactos irreversibles que provoca la extracción de los minerales en las distintas etapas y regiones de Argentina y otras partes del mundo, así como el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios saqueados por estas prácticas, destruyendo las posibilidades de subsistencia.

En principio...

La IP está basada en siete principios incluidos en la Ley Nacional de Política Ambiental (25.675):
El preventivo, el precautorio, de sostenibilidad, de cooperación, de congruencia y de equidad intergeneracional. Todos ellos articuladamente buscan alcanzar distintos objetivos como "Proteger los recursos hídricos..." de la provincia; "Asegurar la conservación de la diversidad biológica"; "Posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo"; "Prevenir la posibilidad de emergencias ambientales"; entre otros.

Siguiendo estos principios la IP busca prohibir 14 catorce (14) sustancias químicas como el cianuro, xantatos, mercurio, detergentes o espumantes químicos, así como toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa incluida en el Anexo I de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, o que posea alguna de las características enunciadas en el Anexo II de la misma ley, así como normas afines y/o que las reemplazasen en el futuro.

En caso de aprobarse la IP, las concesiones mineras deberían adecuar todos sus procesos a estas previsiones en el término de seis (6) meses a partir de su publicación. En caso de incumplirse, la concesión sería retirada.

Además, también se prohíbe la actividad minera nuclear -en todas sus etapas- tales como el uranio y el torio, rigiendo también para las minas actualmente concedidas, debiendo ser cerradas y luego aplicar acciones de remediación, recomposición y restitución necesarios.

Todas estas prohibiciones se extienden a todas las etapas: cateo, prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción, explotación y almacenamiento de sustancias minerales.

'No Es No': Sin licencia social

Últimamente hemos visto la creciente oposición que existe en Chubut a estas prácticas. Una evidencia clara de que no hay licencia social para la zonificación minera, fue la derogación de la reglamentación 5.001 después de seis días de movilizaciones ininterrumpida en las distintas localidades de la provincia (La Meseta, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y más), con cortes de ruta y paro laboral de los gremios portuarios y de la alimentación.

"El estrés" y la "pérdida de la paz social" son considerados como "efectos de este tipo de actividad predatoria" y mencionan una larga cantidad de antecedentes puntuales como Esquel (Chubut), Andalgalá (Catamarca), Jáchal (San Juan), Calingasta (San Juan), Ingeniero Jacobacci (Río Negro), Valle de Uco (Mendoza), Uspallata (Mendoza), Tinogasta (Catamarca), Abra Pampa (Jujuy), Tilcara (Jujuy), Loncopué (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Famatina (La Rioja), Córdoba y distintas regiones o reservas de pueblos originarios. También apuntan a los 4.441 kilómetros de longitud de la Cordillera de los Andes en límite con Chile, donde se aplica el tratado binacional de implementación minera conjunta chileno-argentino.

"En la zona de influencia directa de los emprendimientos mineros se genera un contexto de contaminación psíquica y social, el cual se impone a partir de la connivencia del poder político, judicial y mediático con las corporaciones mineras: las estrategias de empobrecimiento social, cultural, ambiental, ecológico y económico que intentan legitimar estratégicamente el discurso falaz de que la única forma de supervivencia regional es la actividad minera...". Coincidiendo con una afirmación que hace poco un trabajador portuario compartió a este medio: "Estaban ahogando a Chubut para instalar la megaminería".

Además, en Chubut hay decenas de organizaciones ambientales conformadas en cada localidad provincial, que se nuclean la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH), como expresión organizada y atenta a cualquier intento de avanzada minera. Estas asambleas han sido y son claves para la coordinación del movimiento en defensa de los principios de la IP.

Impactos arrasadores e irreversibles de la megaminería

Aquí la IP toma una variedad de puntos, cargados con ejemplos, antecedentes y experiencias sobre cómo las distintas etapas de la megaminería- así como los residuos que genera- afectan de manera particular los espacios donde se asientan, llegando a ser incluso incalculable el daño que provoca a largo plazo.

"Esta modalidad de minería metalífera a gran escala, a cielo abierto o subterránea, y con uso de tóxicos, es una enorme consumidora de energía eléctrica y de agua, que queda irreversiblemente contaminada, compitiendo en el uso de dichos recursos con la agricultura y otras actividades productivas tradicionales de las zonas donde se asientan los emprendimientos".

Para hallar los minerales se utilizan explosivos y maquinaria pesada para remover miles de toneladas de tierra por día, favoreciendo la desertificación, alterando los cursos de agua, muchas veces destruyendo cuerpos de hielo en los ambientes glaciares, o degradando y alterando ríos, arroyos, vegas y humedales generalmente ubicados en las cumbres de montañas y sierras.

A partir de estos procesos se provocan las toneladas de rocas residuales por día. La roca ya triturada y/o molida, contiene concentraciones de sulfatos, metales tóxicos y no-metales, luego apiladas sobre la superficie del suelo, filtrándose en el mismo o esparcidos por el viento. De esta manera se torna imposible de prever técnicamente la extensión de los daños ambientales a ocasionarse, ni sus impactos a largo plazo.

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Los volúmenes de agua requeridos para la megaminería superan el metro cúbico de agua por segundo (1.000 litros/seg),
equivalente a 86 millones de litros de agua por día.

La IP toma como ejemplo en este punto a Minera La Alumbrera (actual MARA) ubicada en Catamarca, que obtuvo un permiso del Gobierno de Catamarca para usar 1200 litros/seg, o sea, 100 millones de litros de agua por día (100.000 m3/día) durante los años de operación del proyecto.

Utilizando esta cantidad de agua se realizan los procesos de lixiviación y flotación, que a su vez utilizan sustancias tóxicas (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras) y producen aguas residuales que son imposibles de tratar. Por ende, el recurso no puede ser reutilizado para ninguna otra actividad. Estos residuos se acumulan en diques de cola, que pueden sufrir fisuras, quiebres o filtraciones, produciéndose derrames que contaminan el agua superficial y subterránea de la zona en que se ubica, expandiendo la contaminación a grandes distancias. Aquí se toman distintos ejemplos como el caso de la mina Valedero en San Juan, concesionada a la empresa Barrick Gold, el mayor incidente en la Argentina que contaminó los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas en la provincia.

También hay casos más recientes en Brasil, Minas Gerais, en las localidades de Mariana (noviembre de 2017), que implicó el alud sobre la población de Bento Rodrigues, la pérdida de 20 vidas humanas y decenas de viviendas. Pero además constituyó la eliminación de toda forma de vida en el río Doce (Dulce) y su posterior desembocadura en el océano Atlántico. Mientras que en Brumadinho (enero de 2019) las víctimas fatales fueron 272, existiendo aún hoy 11 personas desaparecidas. También en México, en la mina Buenavista (2014) se generó el derrame de 40.000 m3 de ácido sulfúrico del Cobre sobre el río Sonora, afectando la vida de 25.000 personas.

Impactos sociales: manipulación, inmunidad y vulneración de derechos

Además de existir "una serie de beneficios impositivos que hacen que la actividad sea un negocio con una rentabilidad inconmensurable", la IP refiere a las estrategias comunicacionales, el asistencialismo enmascarado como Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y la falta de control del Estado hacia las empresas, que otorgan inmunidad a las empresas mineras.

"En el ámbito de nuestra provincia se registran numerosos ejemplos de esta práctica perversa, tales como la donación de libros a bibliotecas escolares de la Meseta, la infiltración en eventos públicos como auspiciantes con donación de merchandising (pendrives, camisetas deportivas o termos con el logo de Pan American Silver) y la donación de un equipo de transmisión nuevo a la radio municipal de Gan Gan".

Detrás de las estrategias de persuasión que, como afirma la IP, están favorecidas por la "vulnerabilidad como desocupación, despoblamiento, empobrecimiento, desesperación (shock), desconocimientos técnicos de las implicancias de la actividad, corrupción política, clientelismo político, contexto legal favorable y democracia participativa débil, siempre en un contexto de capitalismo consumista globalizado". Abre paso a la vulneración de derechos de manera sistemática.

Un fenómeno reciente es la denominada "dictadura minera" con experiencias como Andalgalá (Catamarca) y en Rawson (Chubut), donde localidades enteras se vuelven sitios de cacería para las fuerzas policiales con aval de los gobiernos locales, habiendo detenciones, allanamientos, espionajes ilegales y represión hacia manifestantes categorizados como "anti-mineros". En el caso de poblaciones más pequeñas y menor grado de organizaciones, referentes de las asambleas son identificados, perseguidos y detenidos. Los medios de comunicación, comprados por la voluntad minera, criminalizan la protesta y tergiversan la información.

Sin embargo, a pesar del poderío minero hay experiencias que demuestran que las mineras no siempre pueden instalarse con tranquilidad, como el caso de Andalgalá en defensa del Aconquija -vigente al día de hoy-, o las comunidades organizadas en defensa de las sierras de Famatina en La Rioja, donde lograron expulsar 4 empresas mineras (Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold y Midais).

Territorio habitado por pueblos originarios

Por último tomamos este punto, que se materializa con el creciente protagonismo de los Pueblos Indígenas, los habitantes preexistentes de todo el territorio nacional, cuya participación es clave, debiendo ser consultados y obteniendo -o no- su consentimiento, libre, previo e informado para cualquier actividad que les implique en sus territorios comunitarios. De no respetarse se estarían violando tratados internacionales a los que la Constitución Nacional adhiere, como ya han denunciado las comunidades en mayo de 2010, según el proyecto de IP.

En Chubut se trata principalmente de los Pueblos-Nación Mapuche y Mapuche-Tehuelche, quienes se han posicionado de forma determinante sobre este tema en reiteradas y públicas ocasiones. Posicionamientos que resultan de las Xawvn/Traün, encuentros o reuniones donde se dialoga y consensúa una posición colectiva, con un sentido espiritual que trasciende una decisión espontánea.

"Su posición en torno al tema objeto del presente proyecto es clara y contundente: “no queremos megaminería en nuestro territorio” (...) Vale recalcar que el pueblo- nación mapuche y mapuche-tehuelche como sujeto de derecho colectivo ha sido un protagonista activo y fundamental de este proyecto de ley por Iniciativa Popular..."

Proyecto de Ley Iniciativa Popular

Para ir cerrando

El proyecto de ley de la IP cuenta con acceso libre y abierto. Dejamos por fuera de otros puntos como las "Grandes necesidades energéticas de la megaminería" y la "Extracción de uranio mediante minería a gran escala" que especifican aún más la inmensa devastación que provoca la megaminería, minería a cielo abierto o a gran escala. Detalles no menos importantes.

Habiendo recorrido los distintos puntos, se puede decir que la IP es un gran por qué, una respuesta justamente popular ante una práctica que todavía se impulsa en nuestro país y en Latinoamérica, con promesas de "progreso" y "desarrollo" para sectores más carenciados, países endeudados y sometidos para continuar repitiendo modelos que evitan el despegue de la dependencia -industrial, tecnológica o monetaria-.

Hasta el momento Chubut ha podido oponerse y evitar que el 70% del territorio provincial se convierta en una zona de sacrificio. Sin embargo la provincia continúa con una deuda pública, sufre una crisis hídrica, mantiene sueldos atrasados o impagos y las fuerzas policiales continúan aumentando los casos de gatillo fácil en los sectores populares. Osea existen una diversidad de problemáticas a atenderse en Chubut pero la prioridad del oficialismo hasta ahora ha sido la megaminería. La IP entonces también parece tener que ver con un modelo de sociedad, de modos de estar, de producir y gestionar recursos, de poder pensar nuevos horizontes frente a los huecos en la montaña.