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Reforma de la Ley de Glaciares: organizaciones cordobesas advierten sobre sus consecuencias
Asambleas y entidades civiles de Córdoba manifestaron su firme oposición a la reforma de la Ley N.º 26.639, cuya discusión está prevista para este jueves 26 de febrero. Abrir las zonas de glaciares a la minería implica someter a fuentes vitales de agua a la contaminación y a una desaparición progresiva, advierten
El agua parece valer -o al menos importar-, menos que el oro. Así lo deja entrever el Gobierno Nacional y también una numerosa cantidad de legisladores nacionales que estarían dispuestos a modificar una ley bisagra en la historia de la defensa del agua en Argentina y el mundo.
Este jueves, la suerte de los glaciares nacionales podría cambiar. Nación se entiende en un momento político-legislativo idóneo para avanzar con sus ambiciosas pretensiones, en las cuáles la «reforma» de la Ley N.º 26.639 (sustancial para la protección del «agua del futuro»), ocupa un lugar no menor.
A pesar de no contar con glaciares en la provincia, entidades civiles cordobesas reconocen la importancia de estas reservas de agua dulce para la población nacional.
«A defender el agua, la vida y el futuro»
Organizaciones como el Foro Ambiental Córdoba, Fundeps, Jóvenes por el Clima -entre otras-, hicieron público recientemente un comunicado donde advierten las consecuencias del proyecto impulsado por el oficialismo al tiempo que exigen a las y los legisladores cordobeses «garantizar la vigencia de la ley».
Abogados ambientalistas como Enrique Viale denuncian la presión de gigantes mineros como Barrick Gold y Shandong Gold para la aprobación de las modificaciones a la normativa.
El objetivo de la reforma es «limpiar» el camino legal para habilitar la explotación extractiva en áreas periglaciares, zonas que hasta ahora gozan de una protección estricta debido a su fragilidad ecosistémica y su valor como reservorios hídricos, señalan.
Abrir estas zonas a la minería implica someter a fuentes vitales de agua a la contaminación y a una desaparición progresiva, advierten los firmantes.
La ley actual «es el pilar que garantiza el acceso al agua y una vida digna para millones de personas. Es una obligación constitucional que el Estado no puede ignorar», advierten con firmeza, vinculando la protección de los hielos directamente con el cumplimiento de los Derechos Humanos en Argentina.
En un contexto global de «crisis climática, marcado por sequías extremas e incendios forestales recurrentes», las asambleas consideran que retroceder en materia ambiental es una contradicción peligrosa. Denuncian, además, que este intento de flexibilización ocurre en un marco de creciente hostilidad y persecución contra quienes defienden el territorio, como por ejemplo en Mendoza.
El texto firmado señala que cualquier intento de reducir los niveles de protección vigentes vulnera principios internacionales como el de «no regresión» y «progresividad», ambos blindados por el «Acuerdo de Escazú». Estos estándares obligan a las naciones a fortalecer sus leyes ambientales, es decir, a nunca a debilitarlas en favor de intereses corporativos.
«Los legisladores tienen una responsabilidad histórica», sentencian las organizaciones en un llamado directo al Congreso.
El documento cierra con un amplio respaldo colectivo, firmado por una coalición que va desde movimientos juveniles como Jóvenes por el Clima hasta comunidades originarias y asambleas vecinales como las de Punilla y las Sierras Chicas. Todos coinciden en una consigna que trasciende las fronteras provinciales: sin glaciares no hay agua, y sin agua no hay futuro.
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