La semana que viene se votará para aprobar o rechazar la reforma de la Ley de Glaciares (26.639). El miércoles y el jueves pasado sucedió la instancia de audiencia pública, donde solo el 0,4% (360 expositores, la mitad en vivo, la otra mitad repartida en Meet y videos subidos a YouTube) de los 100.000 inscriptos pudieron dar testimonio sobre los riesgos de la exploración, explotación y exportación de "minerales raros" en zonas glaciares y periglaciares. 12 de las 23 provincias se verían afectadas del resultado.

El debate en el Congreso, al igual que en los medios, pretenden reforzar la gastada “grieta” que a estás alturas resulta difícil distinguir para qué lado “juegan” las y los congresistas. El ejemplo más reciente fue la denuncia penal que inició Enrique Viale (abogado ambientalista), contra la diputada salteña Flavia Royón por la presunta comisión de delitos como “negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho".

Royón que fue diputada por el Frente de Todos (FDT) durante la presidencia de Alberto Fernández, cambió de celeste a morado, sin perder las concesiones con la empresa “Río Tinto” (EE.UU. y Canadá), encargada de la exploración, extracción y exportación de litio, cobre, plata y oro en el NOA (Salta, Catamarca, Jujuy). Cuenta con 34.000 empleados y adquirió Arcadium Lithium en 2025 y opera en más de 35 países.

La discusión se complejiza cuando lo que está en riesgo es la sustentabilidad de los ciudadanos, haciendo propaganda con la “transición energética” para justificar el cambio de uso del suelo. 

En el país existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan más de 8.400 km² a lo largo de 5.000 km de cordillera, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, en 12 provincias y 36 cuencas hídricas. Esos glaciares y el ambiente periglacial sostienen el acceso al agua de 7 millones de personas, el 18% de la población argentina.

“La ley no prohíbe la minería en todo el país. Prohíbe la minería donde hay hielo. Eso es todo. Un límite preciso, científico, razonable. Un límite que el sector minero lleva años intentando borrar”, informe de Sustentabilidad sin Fronteras.

Los riesgos de vivir cerca de un yacimiento minero

Dentro de la discusión llevada hacia la grieta de "minería sí, minería no", el subtexto pasa a tener forma de punto de no retorno. Una bisagra metafórica, es la ruptura del ecosistema para la realidad, donde no sólo se verán los resultados a corto plazo de lo poco que queda para las provincias y los costos irrecuperables que quedan para sus habitantes, sino que a largo plazo no quedará más que cuencas vacías, ríos contaminados y fluctuaciones climáticas de sequías e inundaciones prolongadas.

Según el informe de Sustentabilidad sin Fronteras, comunidades del NOA, del norte y sur de la Patagonia, el equipo de abogados ambientalistas, en caso de aprobarse la reforma: "serían como 15 años de protección ambiental, borrados de un plumazo".

“No es una hipótesis. Los propios fundamentos del proyecto reconocen que fue redactado a pedido de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (sumando Mendoza y San Juan). Los beneficiarios directos son proyectos mineros como Los Azules, El Pachón y Josemaría, que hoy están frenados precisamente por la Ley de Glaciares”, relatan.

El apartado más cuestionable o al que debería de prestársele más atención es el de darle completa legitimidad a los funcionarios de cada provincia de que tengan la última palabra, es decir que cada gobernador dispondrá de la soberanía absoluta de poder decirle al Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), dependiente del CONICET, de eliminar glaciares del inventario si consideran que "no cumplen funciones hídricas relevantes", sin necesidad de justificación científica.

“Esta reforma de la ley de Glaciares va a subordinar el rol científico a decisiones políticas. No creemos que represente una mejora”, comentó el director de IANIGLA, Pablo Villagra.

A su vez, viola el Art. 41 de la Constitución al trasladar el presupuesto mínimo para la protección de glaciares y periglaciares, de Nación, a lo que considere cada provincia, pasando de un federalismo de concertación que rige nuestra Constitución, por un federalismo de fragmentación donde cada provincia decide si es o no relevante proteger el ambiente de sus ciudadanos.

La falta de registro por parte de las provincias alineadas con Nación fue respecto a la paradoja del referendum con el cual llegaron a ganar las elecciones en 2023: "el respeto irrestricto del ser humano y las libertades individuales". Una vez perforadas las tierras, modificado el uso del suelo y secadas o contaminadas las cuencas hídricas, ¿con qué nos hidrataremos y con qué flora y fauna conviviremos?

"Un glaciar destruido no se recupera. El hielo que se pierde no vuelve. Las cuencas que se degradan afectan a comunidades que están aguas abajo, a veces en otras provincias, sin haber tenido voz ni voto en la decisión", sintetizan en el comunicado el equipo de Sustentabilidad.